El comunicado que siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentarán el próximo miércoles, durante el pleno extraordinario que celebrará el órgano de gobierno de los jueces, ha abierto una brecha interna. Más bien una guerra entre los vocales elegidos a propuesta del PSOE y los del PP. Así, según ha podido saber OKDIARIO, los vocales más cercanos al Gobierno de Pedro Sánchez tratarán de frenar un acuerdo que suponga hacer público ese comunicado.

La excusa que están utilizando es que el Gobierno ha dejado en ‘el limbo’ la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Una reforma que cambiaría la mayoría necesaria para renovar el CGPJ. Actualmente se necesitan los votos favorables de tres quintos de la Cámara. Sin embargo, con la propuesta del PSOE y Podemos, esa mayoría se cambiaría por una mayoría absoluta, lo que dejaría fuera del acuerdo al Partido Popular.

Durante la moción de censura debatida esta semana, Pedro Sánchez dijo en su discurso que congelaría esa reforma si el PP retomaba las negociaciones para renovar el CGPJ. Ante la propuesta, desde el Partido Popular contestaron que sus exigencias para la renovación pactada seguían siendo las mismas. La que más molesta en el Gobierno es que el partido de Pablo Casado se niega en redondo a negociar con Podemos.

Por tanto, la congelación de la reforma no es más que un brindis al sol de Pedro Sánchez. Al menos, mientras el PP mantenga el veto a Podemos. Para los miembros del CGPJ José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y María Ángeles Carmona esto es un hecho y, por eso, quieren mantener el escrito.

Los vocales que han firmado el acuerdo que ha publicado en primicia OKDIARIO lo defenderán. No quieren que las “broncas y rencillas” entre los partidos se cuelen en el órgano de gobierno de los jueces. Por eso apuestan no sólo con seguir adelante con el pleno extraordinario, sino con la firma de este escrito que deja bien claro, negro sobre blanco, que lo que pretende hacer el Gobierno es, ante todo, “inconstitucional”.

De hecho, uno de los motivos que más han molestado a los vocales es que la tramitación de la reforma se hará de forma que no sea necesario informe del CGPJ, el Consejo de Estado y la Fiscalía General del Estado. Unos informes que desde el Gobierno central saben que no iban a ser favorables a los cambios que pretenden imponer.

El escrito

En el escrito que será sostenido por los siete vocales conservadores se explica que la forma de elección, con mayoría de tres quintos, está recogida en el Artículo 122.3 de la Constitución Española, y que “esta mayoría cualificada tiene como finalidad evitar la politización del órgano de gobierno de los jueces, obligando a obtener una mayoría muy amplia en las cámaras para la elección de los vocales no judiciales”.

Y prosiguen: “La atribución a las Cortes de la facultad de propuesta de los miembros judiciales del consejo, al exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada cámara, le pareció al Tribunal Constitucional garantía suficiente, si bien reconoció que con este sistema de elección parlamentaria se corre el riesgo de que las cámaras, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos”.

Politización

La politización del Consejo General del Poder Judicial es un hecho que ya fue denunciada por tres vocales el pasado mes de julio cuando, su presidente Carlos Lesmes, decidió retirar del orden del día los nombramientos de las plazas del Tribunal Supremo que debían debatirse.

En aquella ocasión, las vocales Carmen Llombart, Nuria Díaz y Ángeles Carmona aseveraron: “No se trata más que de un criterio de oportunidad, que, de admitirse en este caso, debería basarse en el interés general y no en intereses políticos o personales. A la vista de lo expuesto, dada la falta de motivación y de fundamentación legal, entendemos que el acuerdo es el resultado de la injerencia política en el Poder Judicial, denotando una politización del Consejo contraria a la separación de poderes que requiere el Estado de Derecho”.

Ahora, varios meses después de aquel duro comunicado, y con una reforma que ha molestado a toda la carrera judicial, la guerra en el seno del CGPJ está abierta. La primera batalla, el próximo miércoles.

(Loreto Ochando y Teresa Gómez | OK Diario)

Por Redaccion

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *