Abogados Cristianos ha presentado un recurso de alzada contra la licitación de una campaña institucional sobre “salud y mujer” que busca generar un “relato positivo” del aborto.
El contrato incluye la producción de cinco vídeos-testimonio para normalizar el aborto.
El gasto público para promover el aborto centra la denuncia de Abogados Cristianos, que ha llevado a los tribunales al Ministerio de Sanidad por una campaña institucional valorada en más de 100.000 euros.
Gasto público para promover el aborto con fines ideológicos
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado un recurso de alzada contra el Ministerio de Sanidad. La organización denuncia la licitación de una campaña institucional titulada “Salud y mujer 2026”. A su juicio, el contenido supera la función informativa que debe guiar toda publicidad pública.
El presupuesto asciende a 82.811,29 euros sin IVA. Con impuestos incluidos, la cifra alcanza los 100.201,66 euros. El contrato contempla el diseño y producción de una campaña que busca normalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Según los pliegos, la iniciativa pretende “construir un relato positivo” del aborto. Este enfoque desplaza cualquier consideración ética o social crítica. Esto convierte a la Administración en actor ideológico. La ley exige neutralidad y objetividad en el uso de fondos públicos.
Cinco vídeos-testimonio para normalizar el aborto
El núcleo del contrato reside en la producción de cinco vídeos-testimonio. La empresa adjudicataria debe buscar y grabar experiencias personales de aborto. Estos contenidos no informan sobre recursos sanitarios. Su objetivo consiste en influir en el debate social y cultural sobre la vida humana.
Abogados Cristianos sostiene que una campaña institucional debe explicar prestaciones o servicios. Nunca debe promover una visión ideológica concreta. El contrato vulnera el principio de neutralidad administrativa. La Constitución exige que el Estado no imponga relatos morales a los ciudadanos.
La fundación también alerta sobre el momento social que vive España. Muchas mujeres afrontan embarazos difíciles sin apoyo suficiente.
El uso de dinero público para promocionar el aborto ignora alternativas reales. La ayuda a la maternidad sigue sin recibir recursos equivalentes.
Dudas sobre la adjudicación y falta de garantías
El recurso presentado no se limita al contenido. Abogados Cristianos también cuestiona el procedimiento de adjudicación del contrato. El contrato se apoya en criterios sujetos a juicio de valor. Este enfoque reduce la transparencia del proceso.
La entidad aprecia indicios de falta de independencia en el comité de expertos. Esta situación compromete la limpieza del concurso público. Cuando la Administración gestiona fondos ideológicos, el riesgo aumenta. La objetividad debe guiar cada euro gastado.
Por este motivo, Abogados Cristianos ha solicitado la suspensión cautelar de la licitación. El gasto público para promover el aborto no admite marcha atrás una vez ejecutado. La prudencia exige frenar el proceso.
Defensa de la vida y uso responsable del dinero público
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha sido clara al valorar esta campaña.
“Mientras muchas mujeres necesitan ayuda real, el Gobierno prefiere gastar más de 100.000 euros en promocionar el aborto en lugar de destinarlos a apoyo a la maternidad, recursos de salud mental y alternativas para las embarazadas en dificultad. Es una irresponsabilidad y una forma de usar el dinero de todos para imponer un relato ideológico”.
El contrato refleja una visión política alejada de la defensa de la vida. El Estado debe proteger a los más vulnerables. La vida humana merece amparo desde la concepción hasta la muerte natural. Este principio no admite campañas de ingeniería social.
España necesita políticas que apoyen a la familia y a la maternidad. El dinero público debe servir al bien común.
El gasto público del Ministerio para promover el aborto ha encendido una legítima reacción jurídica y social. Abogados Cristianos ha dado un paso firme en defensa de la vida y la neutralidad institucional.
