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La política exterior de un país debe responder siempre a la defensa de sus intereses nacionales, la seguridad de sus fronteras y la dignidad de sus instituciones. Sin embargo, la gestión de Pedro Sánchez respecto al reino marroquí apuntan a un entreguismo intolerable y sistemático. La financiación de Pedro Sánchez a Marruecos se ha disparado desde el espionaje con Pegasus sufrido por el presidente del Gobierno en 2021. Los créditos concedidos a Marruecos a través del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) alcanzaron los 1.015 millones de euros entre 2021 y 2026, una cantidad que prácticamente quintuplica los 207 millones otorgados durante el periodo 2017-2020, según los datos publicados por The Objective y recoge La Gaceta. Esta colosal inyección económica, que supera los mil millones de euros —y eso es solo lo que se sabe públicamente—, dibuja un escenario alarmante de sumisión política.
El espionaje al terminal presidencial y el giro histórico
El incremento de los fondos públicos destinados a robustecer la economía marroquí en detrimento de la española adquiere especial relevancia por su coincidencia temporal con uno de los momentos más delicados e inexplicables de las relaciones entre ambos países. El teléfono de Sánchez sufrió una grave infección en mayo de 2021, una agresión tecnológica que permitió a actores externos – Marruecos- extraer alrededor de 2,6 gigabytes de información confidencial. A pesar de la extrema gravedad de este ataque contra la seguridad nacional, el Gobierno guardó un silencio sepulcral y no comunicó públicamente el espionaje hasta mayo de 2022.
Dos meses antes de esa obligada confesión pública, Moncloa ya había protagonizado un giro histórico y unilateral en su política exterior al respaldar de forma sorpresiva la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. La simultaneidad entre el robo de datos del teléfono del presidente y la repentina capitulación diplomática española levanta fundadas sospechas sobre si la información sustraída compromete directamente la capacidad de decisión de Sánchez .
Los créditos FIEM como herramienta de sumisión económica
El vehículo financiero utilizado para este masivo trasvase de recursos también merece un análisis riguroso. Los créditos FIEM funcionan como instrumentos gestionados por la Secretaría de Estado de Comercio para financiar operaciones de internacionalización en las que participan empresas españolas. Aunque las directrices técnicas definen estos fondos como préstamos reembolsables y no como subvenciones directas, el riesgo financiero final recae sobre las arcas del Estado español, mientras que las condiciones crediticias pueden resultar especialmente ventajosas para los países receptores. Marruecos se ha convertido durante los últimos años en el principal beneficiario de este mecanismo, superando con creces a socios comerciales tradicionales como Arabia Saudí o Ecuador.
Esta alarmante dependencia financiera también se refleja de manera nítida en el volumen de la deuda marroquí con España. Entre los años 2019 y 2025, el endeudamiento de Marruecos con Madrid pasó de 263 a 471 millones de euros, registrando un preocupante crecimiento del 78,5%. A pesar de que el secretario de Estado de Economía aseguró ante el Congreso en noviembre de 2025 que Marruecos estaba atendiendo regularmente sus obligaciones y que no se habían registrado impagos, el oscurantismo impera en las operaciones, ya que no consta públicamente el tipo de interés concreto aplicado a cada una de estas transacciones millonarias.
Chantaje fronterizo y desprotección institucional
La entrega de recursos económicos coincide además con una etapa negra de concesiones políticas injustificables a favor de Marruecos. Además de traicionar la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental, Sánchez mantiene una sumisa cooperación policial, defiende de manera vehemente la relación estratégica con el reino alauí ante las instituciones europeas y continúa suministrando material avanzado para el control de fronteras. Todo ello ocurre a pesar de que el programa espía Pegasus no solo vulneró el dispositivo de Sánchez, sino que también infectó los teléfonos de los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, sumando además un intento de intrusión contra el ministro Luis Planas.
El origen de esta crisis se remonta a la agresión fronteriza de mayo de 2021, momento en el que más de 8.000 marroquies invadieron Ceuta ante la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes. Sánchez se desplazó entonces a la ciudad autónoma acompañado por Grande-Marlaska. Según la reconstrucción publicada por The Objective, los servicios de inteligencia españoles sospechan que los atacantes obtuvieron los identificadores necesarios para comprometer el teléfono presidencial durante aquel desplazamiento mediante tecnología de interceptación de comunicaciones de proximidad, si bien la autoría no cuenta aún con una sentencia judicial firme.
Incógnitas sin resolver sobre la soberanía nacional
La infección masiva del dispositivo mediante el software Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO Group, desató una tormenta política que la Moncloa intentó contener mediante maniobras de distracción. Tras revelarse oficialmente el ataque el 2 de mayo de 2022, el Gobierno sacrificó a la entonces directora del CNI, Paz Esteban, decretando su cese fulminante. Desde entonces, el Ejecutivo mantiene bajo estricto secreto quién ordenó el espionaje, qué información concreta sustrajeron los atacantes y qué utilización coercitiva realiza Marruecos de esos datos.
El fortísimo incremento de los créditos y la financiación a Marruecos alimenta las peores hipótesis sobre la pérdida de soberanía de España. La correlación temporal entre el espionaje y los millonarios pagos está documentada por las cifras oficiales. España no puede permitir que sus políticas de Estado se decidan bajo el presunto chantaje de una potencia extranjera que utiliza la información robada para someter la voluntad del Gobierno.
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