Quienes conservamos un ejemplar del libro “El varón castrado” (Planeta), obra del periodista José Díaz Herrera, sin duda tenemos un tesoro. En sus páginas, el gran Herrera despliega con soltura y maestría una narrativa trepidante, directa y muy documentada con la que nos desvela los entresijos que hubo detrás de la aprobación de la LIVG 1/2004. Se trata de un legado de memoria de un valor incalculable, una obra que se revaloriza con el paso de los años, porque cuando crece la infamia, con más fuerza hay que señalar a sus responsables.
El 21 de enero de 2003, el feminismo radical, disperso hasta entonces en varias organizaciones que actuaban como francotiradoras y llevaban aisladamente su lucha en favor de la mujer, según recoge Herrera (pág. 170), decidió unificar sus esfuerzos y crear un lobby contra la Violencia de Género (El País, 21 de enero de 2003).
En aquellos días, el lobby feminista radical hacía sus pinitos redactando documentos cuyo doble objetivo era asustar a la opinión pública con una lacra social, el machismo que mata, una forma de terrorismo, y a la par doblegar con este mensaje al Poder Ejecutivo, como también a toda la clase política.
“Las medidas adoptadas por el Gobierno para contener los malos tratos son insuficientes; las sentencias de los jueces tibias y machistas. La violencia contra el sexo femenino puede equipararse al terrorismo y todos estos problemas deben abordarse con una visión de Estado de la que carecen los políticos, movidos todos ellos por perjuicios heredados de la sociedad patriarcal donde se han criado”-se podía leer en uno de los primeros panfletos tan característico de lo que constituiría en pocos meses el discurso oficial propio de una época de tinieblas que traería consigo el esplendor de un homomatriarcado que reinaría durante décadas al amparo de una piedra angular, la denuncia falsa o denuncia de género, ese combustible que mueve la Industria de Género y riega con dinero a la soldadesca morada, las bases callejeras de una férrea organización piramidal compuesta por asociaciones, federaciones y confederaciones feministas.
Había, pues, que pasar a la acción, y el objetivo prioritario que fijó el lobby feminazi, ya dotado de cadena de mando, perfectamente coordinado en todas sus líneas, era conseguir que el gobierno aprobara una Ley Integral que unificara los Códigos Civil y Penal en una respuesta conjunta y contundente, rápida e inmediata, hacia todo lo que fuese Violencia de Género.
Este lobby, pues, marcaría la acción política de los futuros gobiernos que se turnarían en el poder desde una agenda feminista sectaria, implacable e inconstitucional, empleando esa argucia tan antigua y tan femenina como es poner a pelear dos gallos (PSOE y PP), peleles que entrarían al trapo y se disputarían con ferocidad los votos de las mujeres, títeres en manos de una élite feminista astuta que, en aquellos nefastos días, manipularía a ambos partidos políticos a su total antojo, haciéndolo, por una parte, sobre políticos encogidos y, por otra, sobre el conjunto de mujeres, engañándolas hasta el fondo, haciéndolo con el fantasma del heteropatriarcado y repitiendo sin descanso eso de “El machismo mata”, cuando, a decir verdad, quien mata a las mujeres, por dejadez y desatención a sus verdaderas necesidades, es el propio feminismo español, porque, ¿cuánto han avanzado las mujeres en España desde el año 2004 hasta nuestros días en referencia a su capacitación-formación y cuántos planes interministeriales coordinados existen de cara a su atención?
En la campaña electoral de febrero y marzo de 2003 (pág. 209), José Luis Rodríguez Zapatero lanzaría su eslogan electoral, “tolerancia cero”, un mantra feminista que le llevaría a ganar las elecciones, mantra cuyo eco aún llega a nuestros días.
“En cuanto lleguemos al poder vamos a exterminar esta lacra de nuestra sociedad con leyes más duras y con el encarcelamiento de los maltratadores. Con los maltratadores, tolerancia cero” -prometía el tal Zapatero en plazas de pueblos y ciudades.
Por su parte, Mariano Rajoy, en plena campaña, dejaba clara la posición de su partido: “Todos debemos tomar conciencia plena de este drama. El Partido Popular se compromete desde ahora a modificar y endurecer la Ley para incrementar las penas y detectar precozmente a los maltratadores”.
De manera que, a la vista de la gran tarta del voto de las mujeres, los dos partidos políticos mayoritarios iniciarían una alocada carrera inconstitucional en la que demostrar cuál de ellos iba a ser el más duro contra el maltratador, derivando a lo penal cualquier incidente doméstico en el que participase un hombre, sin antes estudiar y diferenciar los tipos de violencia, sin tener en cuenta las causas del fenómeno, sino obviándolo y hasta tomando un atajo de injusticias, optando por criminalizar exclusivamente a los hombres a raíz de una violencia que en gran parte ocurre en el seno del hogar familiar y que comenten por igual ambos sexos, cada uno con sus especialidades y singularidades: Desde los empujones mutuos y el cruce de reproches en una acalorada discusión de pareja hasta el sutil y tan femenino envenenamiento durante semanas, ese que no deja rastro; desde el cruce de insultos hasta la maquinada, personalizada y punzante provocación o el sostenido desprecio verbalizado.
Pero sigamos con la agenda de tal infamia:
El 25 de mayo de 2004, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de Gobierno de la Magistratura española, tenía listo el informe encargado a José Luis Requejo, magistrado y miembro de CGPJ. El día en el que iba a aprobarse el citado documento, la Red de Asociaciones Feministas convocó a sus activistas frente a la sede del Consejo, en la calle Marqués de la Ensenada (Madrid). Los gritos e insultos que allí se escucharon no tenían parangón desde la instauración de la democracia en España (pág. 215).
-¡Machista! ¡Hijo de puta! ¡Maltratador de mujeres! …-le gritaban.
De entre las dieciséis conclusiones de dicho informe anotamos las siguientes:
-No es aceptable un concepto de violencia sobre la mujer, del que depende toda la aplicación de esta nueva Ley, basado en la intencionalidad del agresor.
-No se juzga acertado que regule sólo la violencia sobre la mujer una Ley que debe ser integral y abarcar todos los ámbitos de la violencia doméstica.
-La Ley excluye de su ámbito la protección a menores, ancianos y al hombre.
-Que esos delitos se basen tan sólo en que el agresor sea hombre y presumiéndose en la Ley su intencionalidad, lleva al derecho penal de autor, incompatible con la constitución.
-Es objetable constitucionalmente que pasen a delito las amenazas y coacciones sólo cuando el ofendido sea mujer.
-Carece de justificación crear Juzgados sólo para mujeres, lo que lleva a una suerte de jurisdicción especial basada en la intención del agresor y el sexo de la víctima. Si los órganos judiciales no pueden crearse por razón de raza, ideología, creencias, tampoco pueden serlo por razones de sexo.
-La inserción de los juzgados de violencia sobre la Mujer en el orden penal lleva a criminalizar las causas civiles que se les atribuye, así como a potenciar el riesgo de ser instrumentalizados con denuncias falsas. Si esto ya se detecta con la Ley 27/2003, sería prudente no aumentarlo.
-La competencia de los Juzgados no puede basarse ni en el sexo de la víctima ni en la intención del agresor, que sólo se apreciaría, en todo caso, al final de las actuaciones, no siempre a priori.
-La Ley compromete el derecho constitucional del ciudadano al juez ordinario, desde el momento en que es la mujer quien puede elegir entre acudir a un Juzgado de instrucción, de Familia o de Violencia de Género.
…
El jueves 12 de junio de 2004, según recoge Herrera (pág. 219), quince mujeres se reunieron en Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero y con el ministro Jesús Caldera.
Ese mismo día, jueves 24 de junio de 2004, el Consejo de Estado remitió al Gobierno un documento en el que discrepaba abiertamente del carácter sexista de medidas de protección integral contra la violencia de género.
El documento del Consejo de Estado, un informe de 80 folios, criticaba la “tramitación acelerada e irreflexiva” de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y pedía “mayor reflexión” al Gobierno y al Parlamento antes de poner en práctica una ley tan contundente cuyas “medidas de acción positiva sean indirectas, no una discriminación por razón de sexo”.
Conocido el contenido de este informe, el lobby feminista, el mismo día 24, pidió otra reunión en Moncloa, y el sábado 26 de junio, sumamente caldeado Caldera, éste dejo muy clara la postura oficial de Zapatero y los suyos en el periódico amigo, El País:
“El Gobierno mantiene que la Ley contra la Violencia ampare sólo a las mujeres. Los hombres sólo tendrán la protección del Código Penal. Los delitos cometidos por varones agresores serán agravados y las faltas pasarán a ser delitos”.
Concluidos los dos dictámenes sobre el citado Anteproyecto de ley, el del Consejo General del Poder Judicial y el del Consejo de Estado, remitidos ambos al Ministerio de Justicia, ambos llegaron al Consejo de Ministros que hizo oídos sordos a un cúmulo de advertencias sobre la inconstitucionalidad del mismo y lo aprobó íntegramente, de seguido remitiéndolo al Congreso de los Diputados.
El 25 de junio de 2004, el Gobierno presentó en el registro General del Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley contra la Violencia de Género, un documento de 42 páginas que, bajo el eslogan publicitario de “tolerancia cero”, equiparaba el maltrato ocasional y puntual hacia las mujeres con el maltrato crónico hacia las mismas en el seno del hogar, esto es, no diferenciaba un maltrato puntual de un maltrato crónico, igualando ambos.
José Riqueni Barrios | escritor | Autor, entre otros, de “La industria de género al desnudo”, “Feminismo Made in Spain” e “Hijos del feminismo”.
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