A la muerte de Franco España era un país moderno, con una economía saneada, una población joven y madura, trabajadora, equilibrada y crecientemente preparada, ocupada en prosperar a nivel profesional y laboral para sacar adelante las familias resultantes de la generación nacida tras la Guerra Civil. Los desastres de la guerra y las escaseces de la posguerra se habían superado y desde los años 60 vivíamos en pleno desarrollo económico resultante de una pujante industria en la que destacaba la siderurgia, la producción naval, automoción, pesca, agricultura, construcción de viviendas e infraestructuras, obras hidráulicas generadoras de electricidad y embalses que aseguraban el regadío en las zonas agrícolas del Mediterráneo.
Además la industria del turismo de sol y playa era una realidad que cada año atraía a nuestras costas millones de europeos bien de vacaciones o como zona estable donde pasar la jubilación. Al tiempo la banca pública y demás entidades financieras creadas por el Régimen se ocupaban de inyectar recursos para todos los proyectos definidos en los planes de desarrollo. Incluso existía un incipiente plan de investigación nuclear que nos permitiría generar electricidad barata así como incorporarnos en régimen de igualdad al club de potencias que imponían sus condiciones geoestratégicas en Naciones Unidas.
Éramos la Octava Potencia Industrial del Mundo y el desarrollo económico era la admiración de todo el mundo. Pese a tratarse de una dictadura resultante de una violenta y desgarradora guerra civil, la sociedad vivía en paz centrada en su trabajo y los tecnócratas del Gobierno habían desarrollado todo esto mediante unos planes concebidos en base a las necesidades reales del país, lo que le daba la credibilidad necesaria ante los socios comerciales de todas partes del mundo. Por si todo esto fuera poco, una generación de políticos y diplomáticos hábiles y cualificados entre los que estaban Fernando María Castiella y Maiz, Gregorio López Bravo, Laureano López Rodó, Alberto Ullastres y José María López de Letona, habían conseguido además de un notable desarrollo económico, unas condiciones altamente favorables en las relaciones comerciales con nuestros vecinos europeos.
La estabilidad política y social, sostenida por el régimen autoritario de la dictadura mantenía centrada a la sociedad, lejos de tentaciones revolucionarias y ocupadas en salir adelante. Es verdad que no había pluralismo político homologable con los países occidentales de la Comunidad Europea, pero eso tan sólo preocupaba a reductos muy limitados a los que desde los 60 poco a poco se toleraba siempre que no dieran demasiados problemas y no utilizarán la violencia.
Resumiendo, España en 1975 era un pujante país industrializado y autosuficiente, con una sociedad laboriosa proyectada hacía el futuro, con empleos estables dónde había trabajo para todos, aunque con salarios sensiblemente inferiores a los de nuestros vecinos, pero que dentro no se notaba dada la inferior estructura de costes de la producción española. Al no haber partidos, sindicatos «de clase», ni confrontación política todo el mundo navegaba en una única dirección y todo prosperaba sin grandes oposiciones ideológicas.
A la muerte de Franco estaba claro que nada podía seguir igual si queríamos recuperar nuestro lugar en Europa, pero lo que no estaba tan claro es que los partidos políticos clásicos para obtener la homologación y la financiación de las grandes familias europeas iban a plegarse a los intereses de sus países aunque fuese en perjuicio de los intereses de España.
Así se fueron desmontando poco a poco los acuerdos favorables que primaban las producciones españolas que partiendo de costes más bajos competían con las europeas, empezando por las negociaciones para la entrada en la C.E.E.
De esta forma los gobiernos de Suárez hubieron de aceptar la imposición del modelo y las familias políticas europeas, lo que significó la aceptación de los partidos y sindicatos causantes de la Guerra Civil, una supuesta reconciliación basada en la amnistía de los delitos y condenas de la República y la Guerra Civil.
Los gobiernos de Felipe González, hubieron de ceder durante las negociaciones de entrada en la C.E.E. ante los diferentes países para conseguir sus respectivos plácets ya que el acuerdo necesitaba de unanimidad. En consecuencia Francia e Italia nos exigieron desmantelar olivares y parte de la agricultura que competía en ventaja con la suya, Alemania la industria, Inglaterra y Francia la pesca, Holanda el ganado y la producción láctea. Se reconvirtieron o vendieron empresas de automoción, Astilleros Navales, Acererías y Altos Hornos, Químicas, etc… en favor de multinacionales competidoras.
El objetivo de Europa era convertirnos en País de Servicios con un bajo nivel de costes de consumo en beneficio de sus jubilados con mayor poder adquisitivo, y que trajeron un fuerte crecimiento de los precios de los productos industriales que dejaban de fabricarse en España y ahora se adquirían fuera. Todo ello aumentó el IPC y el desempleo, al tiempo que poco a poco los puestos de trabajo se iban trasvasando al Sector Servicios, con menor cualificación y retribución y de componentes en muchos casos estacionales. Otra de las imposiciones fue renunciar a los planes de investigación nuclear, mediante la firma del Tratado de No Proliferación en 1996, lo que nos hacía renunciar a dicha energía o a adquirir su tecnología de otros países.
Los gobiernos de Aznar que se encontraron con la crisis de los 90 que dejaron los de González, tuvieron que privatizar la parte de las industrias que quedaron del antiguo I.N.I. (Instituto Nacional de Industria) y unificar y privatizar la Banca Pública para reducir la deuda y corregir los desequilibrios que impedían a España cumplir los requisitos de entrada en el EURO. Liberó suelo para edificar y así cubrir la demanda de segundas viviendas de españoles, jubilados europeos, inmigrantes hispanoamericanos y la generación de españoles nacidos en el último tercio del siglo XX en busca de formar familia y emanciparse, facilitando el desarrollo del sector de la construcción de viviendas y de una nueva generación de autovías de peaje que recortó fuertemente el desempleo, atrajo inversiones extranjeras, que redujeron el déficit y sujetaron la deuda.
Zapatero pretendió apuntarse la consecución del Pleno Empleo por la vía de seguir recalentado el sector de la construcción de viviendas cuando ya comenzaba a dar síntomas de agotamiento, intentando reactivar la demanda impulsando la emancipación de los más jóvenes inyectando fondos en los municipios para promover viviendas en venta o en alquiler.
La crisis financiera de las subprime acabó de dar la puntilla a la demanda de viviendas y el paro de la construcción elevó el desempleo hasta los 6 millones, lo que unido al error de tratar de contenerlo aumentando el Gasto Público en lugar de hacerlo en inversiones productivas generadoras de empleos estables, ocultamiento de facturas sin pagar en los cajones de los despachos y falseamiento de compromisos de limitación de déficit, elevó la deuda hasta cifras del 100% del PIB y nos llevó de cabeza a una escalada en las primas de riesgo, suspensión de pagos, desahucios y a una inminente intervención europea.
Durante la última parte de este periodo se autorizó la OPA de ENEL, propiedad del Estado Italiano, por el 70% de la principal eléctrica española ENDESA, a pesar de tratarse de un sector estratégico.
Rajoy equilibró estás cifras, especialmente las de Desempleo, a costa de liberar el Mercado de Trabajo para reajustarlo a la situación y que las empresas pudieran ajustar sus plantillas a la coyuntura resultante de aquella crisis y aplicando serios recortes en el gasto público, pese a la presión que izquierdas y sindicatos le opusieron sin tener en cuenta su responsabilidad de origen, pero no hizo nada por reducir la deuda que siguió en los mismos ratios que heredó.
En 2018 la irresponsable irrupción del nuevo Frente Popular, donde confluyen todos los enemigos de España, curiosamente los mismos que provocaron la Guerra Civil, rompiendo y renunciando a los Pactos de reconciliación entre los antiguos enemigos que cristalizaron en la Constitución del 78, nos ha devuelto de nuevo a la división y confrontación social así como a la descalificación y deslegitimación de las derechas sociales.
Vuelven a la carga tras conseguir el poder mediante una tramposa Moción de Censura y regresando a la senda del aumento de gasto, déficit, deuda y destrucción de lo hecho por los gobiernos de Rajoy, en especial su Reforma Laboral, justo lo contrario a lo que por la nueva crisis económica y laboral motivada por la pandemia del Covid-19 debería hacerse para evitar el colapso económico y la suspensión de pagos, lo que nos lleva de cabeza a la consideración de país fallido, incapaz de salir por sí sólo de su situación y acreedor por tanto de una intervención europea.
En resumidas cuentas, estamos ahora sin el fondo de comercio que representaba la Industria que teníamos en 1975, convertidos en país de servicios y siendo el Turismo una de nuestras principales fuentes de ingresos, cuando la pandemia del Covid 19 cierra las fronteras y colapsa los viajes y empresas derivadas de todo ello. Confinada la población en sus domicilios, con lo eso supone para la hostelería y pequeños negocios familiares de ocio y calle. Para más problemas, al resultar ahora las empresas industriales satélites de multinacionales foráneas también afectadas en sus mercados, nos exportan sus cierres y reajustes de producción y de plantillas a las fábricas en España, salvaguardando las suyas.
Tenemos una deuda galopante que probablemente supere este año el 130% del PIB, unas cifras de desempleo galopante sin posibilidad de recuperación en el corto o medio plazo, dada la desaparición de centenares de miles de pequeñas y medianas empresas. Con un déficit desbocado, sin nada que vender para enjugarlo como otras veces, con una progresiva dependencia empresarial de capitales exteriores cada vez mayor, teniendo en cuenta la golosina que las que queden, descapitalizadas y sin apenas recursos propios, representan para fondos y capitales foráneos con recursos para invertir a precios de saldo.
Y en lugar de coger el toro por los cuernos la clase política aún no se ha dado cuenta, que sin reducir este Estado desmedido que no podemos pagar y que hasta ahora se ha llevado los recursos heredados de la dictadura, este sistema es inviable y que el recurso a la Intervención Europea tendrá dolorosas consecuencias además de la obligatoriedad de devolver lo sustancial que nos presten.
¿Habrá alguna vez una clase política con visión de futuro, capacidad de análisis, sentido de estado, flexibilidad para ponerse de acuerdo y coraje para dar continuidad a lo que se ha de hacer?
