El PSOE aseguró este viernes, a través de su responsable de empleo Toni Ferrer, que las conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo no recogen «ninguna condición» que impida derogar las reformas laborales y de pensiones «impuestas por el PP» a cambio del dinero europeo. Efectivamente, en el documento pactado en la madrugada del martes, tras más de 90 horas de cumbre maratoniana, no hay ninguna referencia explícita a esto último, ya que se trata de un texto para iniciados en Asuntos Europeos. El acuerdo, sin embargo, sí detalla cuáles serán los criterios que utilizará la Comisión Europea para evaluar los planes de reformas enviados por los Estados para poder acceder a estos fondos.

Entre ellos, se citan «la coherencia con las recomendaciones específicas por países», el fortalecimiento del «crecimiento potencial, la creación de empleo y la resiliencia económica y social» y también «la efectiva contribución a la transición verde y digital». Entre estos conceptos, el más críptico puede ser las «recomendaciones efectuadas por países», ya que es una referencia a los informes periódicos emitidos por la Comisión dentro del conocido como semestre europeo.

Dentro de esos análisis periódicos, Bruselas ha elogiado en repetidas ocasiones la reforma laboral del año 2012 y también ha mostrado su preocupación por el sistema de pensiones. «Los riesgos para la sostenibilidad fiscal general de España siguen siendo significativos a medio y largo plazo. En particular, los planes del Gobierno para vincular permanentemente las pensiones con el IPC y disociar los niveles de pensión iniciales de los cambios en la esperanza de vida, en ausencia de medidas compensatorias adecuadas, aumentaría significativamente el gasto en pensiones a medio y largo plazo y empeoraría la equidad intergeneracional», avisaba el Ejecutivo comunitario en febrero. En mayo, Bruselas insistía en que «el gasto en protección social sigue estando altamente orientado hacia las personas mayores, y el nivel de gasto en pensiones aumentará significativamente en caso de que las desviaciones anunciadas de la reforma de pensiones de 2013 se hagan permanentes y no se tomen medidas compensatorias adecuadas».

En cuanto a la reforma laboral, el texto de marzo también resulta diáfano. «El nuevo Gobierno ha anunciado cambios en la regulación del mercado laboral. Está reconocido que las reformas adoptadas en 2012-2013 en respuesta a la crisis han desempeñado un papel importante en la promoción de la recuperación económica rica en empleos que comenzó en 2014». En consonancia, Bruselas recomendaba a Pedro Sánchez que «cualquier medida sólo se tome después de una evaluación cuidadosa de su impacto potencial y se conserven lo logros de las reformas anteriores». La Comisión también incide en otros aspectos como el abuso de los contratos temporales.

El pasado martes los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea alcanzasen un acuerdo para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones (390.000 millones en transferencias y 360.000 millones en préstamos) con el que relanzar las economías del bloque comunitario, especialmente las de los países más golpeados por la pandemia de Covid-19 como España e Italia. España tendrá acceso a 140.446 millones de euros del fondo de recuperación propuesto por la Comisión Europea, de los cuales 77.324 millones llegarían a través de transferencias directas y el resto como préstamos a devolver. Desde la oposición han avisado de la condicionalidad de dichos fondos, incluso desde Vox han advertido de que podría suponer la bajada de las pensiones y del sueldo de los funcionarios.

(Mirentxu Arroqui. Diario La Razón)

Por Redaccion

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