El primer pago a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, realizado este viernes por la Seguridad Social, cifra el coste total de esta nueva prestación en 4.400 millones de euros anuales, lo que supone un 46% más que la previsión realizada por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, cuando aprobó la medida a finales de mayo. El titular de la Seguridad Social pronosticó que tendría un coste para las arcas públicas de 3.000 millones al año, que se obtendrían con cargo a la deuda. Sin embargo, las primeras cifras son superiores, lo que incrementaría el déficit público y la deuda en plena crisis del coronavirus.
De acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno, un total de 74.119 hogares han recibido ya este viernes el abono de la renta mínima. El coste de este primer pago ha sido de 31,87 millones de euros, con una media para cada hogar de 430 euros. Esto significa que el coste anual de abonar esa renta mínima a 74.119 hogares asciende a 382 millones de euros.
Suponiendo que la prestación sea de media los citados 430 euros -podrá ser más elevado puesto que si hay hijos a cargo podría llegar a superar los 1.100 euros-, el coste total para los 850.000 hogares previstos por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sería de 4.400 millones de euros al año.
Por lo tanto, la cifra es muy superior a la que anunció el ministro hace un mes, unos 3.000 millones de euros, y se acerca más a la que vaticinó la AIReF hace dos años cuando el propio Escrivá era el director de ese organismos, unos 5.000 millones.
Además, la previsión de llegar a 850.000 hogares podría verse superada y alcanzar el millón, como ha repetido en varias ocasiones el vicepresidente segundo, Iglesias. De momento, y según los datos facilitados también por el Gobierno, hasta el ministerio han llegado casi 345.000 solicitudes en los primeros diez días. Se trata de solicitudes telemáticas, que no todas se aprobarán, pero que se incrementarán cuando se abran las oficinas y los ciudadanos puedan solicitarlo en persona.
Más déficit
La consecuencia de todo esto es que las arcas sufrirán un mayor castigo del previsto, justo cuando España afronta la mayor crisis económica del siglo. Los organismos internacionales auguran que España sea el país desarrollado que más se vea afectado por el coronavirus, junto con Italia. El déficit podría superar el 10% y la deuda, el 120%.
En medio de este panorama económico, el Gobierno ha decidido aprobar presionado por Podemos un ingreso mínimo vital en plena pandemia que ha sido criticado por los empresarios y por Vox. Antonio Garamendi, presidente de la patronal, ha rechazado que la renta vitalicia tenga carácter permanente por lo que supone de añadir un gasto estructural más a las cuentas del país. Además, ha señalado que debería estar ligado a la búsqueda activa de un empleo para evitar que España se convierta en un país subsidiado.
Por su parte, Vox -único partido que no votó a favor de esta medida en el Congreso- ha alertado de los efectos de esta medida y del riesgo de que finalmente éste y sucesivos gobiernos no puedan afrontar el pago de esta prestación, como sucede con la Ley de Dependencia.
«En la actual situación el Gobierno socialista no sólo no podrá pagar el Ingreso Mínimo Vital, sino que no podrá pagar los sueldos de los funcionarios ni de los pensionistas», ha señalado Inés Cañizares, diputada de Vox en las Cortes.
(Carlos Ribagorda. OK Diario)
