Una vez que Pedro Sánchez ha entregado las competencias de prisiones al País Vasco, el Gobierno de Íñigo Urkullu ultima su modelo penitenciario. Ese modelo pilota en torno al documento Hitzeman, de 2014, que expone claramente su vocación por aligerar las condenas a los presos etarras. Así, el programa propone una reinserción ‘a la carta’ para los miembros condenados de ETA, que podrán decidir su «itinerario» para lograr beneficios, como las salidas de prisión. En el documento no se menciona la petición de perdón a las víctimas de la masacre terrorista.

«El Programa Hitzeman se entronca en el espíritu y contenido del principio de reinserción que la Consitución española consagra. Según su artículo 25.2, las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y resocialización de las personas presas. Esta explicitación constitucional cobra un valor y relevancia especialmente destacado en un contexto de cese definitivo del terrorismo de ETA, puesto que esta circunstancia implica la desaparición de la amenaza de reincidencia en ese tipo de delitos», recoge el mencionado documento.

El Gobierno Vasco considera que «las condiciones sociopolíticas para desplegar políticas tendentes a la reinserción son propicias» y a ello se añade, opina, «la incidencia netamente positiva que una política penitenciaria legal, consensuada y orientada a la resocialización puede tener en la normalización social de la convivencia».

Cuatro itinerarios

En este contexto, se contemplan «cuatro itinerarios de contribución a la paz y a la convivencia cuya asunción satisfactoria por parte de personas presas condenadas por delitos de terrorismo facilite o, en su caso, agilice el informe favorable a los procesos de reintegración social».

A los presos sólo se les exige que «asuman la responsabilidad del presente y el futuro sobre la base de una reflexión crítica del pasado». Los presos podrán elegir desarrollar la «colaboración» con Universidades e instituciones académicas, con organizaciones de la sociedad civil, con Ayuntamientos y otras instituciones o con «proyectos concretos de solidaridad».

Perfil político

El programa contará con una Comisión Gestora de clara índole política. Será creada por el Gobierno Vasco y estará compuesta «por un grupo de personalidades de trayectoria plural, multidisciplinar y reconocida».

«Una vez la persona presa se haya inscrito en el Programa Hitzeman, esta Comisión Gestora propondrá, en diálogo con ésta y su entorno familiar, un itinerario, un contenido y un programa de trabajo adaptado a la realidad de su caso, en base a un cuadro de criterios previamente establecidos».

«A partir de ese momento, la persona presa que decida incorporarse a alguno de estos recorridos contará con el apoyo de la institución o entidad que patrocina ese itinerario, y una persona de la misma será la responsable de su seguimiento».

«Lo que se trata de certificar al final de este proceso es que la persona que ha seguido el itinerario predefinido pueda reintegrarse a la sociedad de un modo constructivo porque su compromiso con la paz y la convivencia conlleva un razonamiento opuesto a cualquier vulneración de derechos humanos en el pasado, en el presente o en el futuro, y la expresión de un reconocimiento autocrítico del daño causado a las víctimas», se puede leer. Ese vago «reconocimiento autocrítico» es la única exigencia a los presos.

La Comisión Gestora analizará «el recorrido y las conclusiones» y emitirá un dictamen favorable o desfavorable al proceso de reintegración social. Finalmente, «el Gobierno Vasco convalidará esta certificación y dará traslado de la misma ante las instituciones competentes».

Pese a este programa, que claramente aligera la situación penitenciaria de los presos de ETA, el Gobierno Vasco se ha empeñado en asegurar en los últimos días que no hay razón para «desconfiar» de que el traspaso de prisiones favorezca a presos de ETA.

El nuevo modelo penitenciario genera las suspicacias de la oposición. El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, reclamó que la transferencia de prisiones al País Vasco «se circunscriba a una transferencia y no a dar beneficios a los criminales de ETA». «No quiero que las cárceles del País Vasco sean ‘resorts’ de lujo para los criminales etarras y que tengan beneficios como lo que está ocurriendo con los presos en Cataluña», subrayó recientemente.

(Luz Sela. OK Diario)

Por Redaccion

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