La entrega de Puigdemont habría sido inmediata, sin dilucidar la doble tipificación.
El Parlamento Europeo pidió ayer introducir cambios en el actual sistema de euroorden para incluir el delito contra la «integridad constitucional» dentro de la lista que asegura una entrega automática del sospechoso cuando un Estado europeo realiza una petición de este tipo. Actualmente este listado está formado por 32 cargos y no contempla el delito de sedición recogido en el ordenamiento jurídico español.
Durante el procedimiento para conseguir la extradición del ex president Carles Puigdemont, la justicia belga debe dilucidar si estos cargos tienen un equivalente en el ordenamiento del país. En caso de que no exista esta correspondencia de delitos, Puigdemont solo podría ser juzgado en España por los cargos imputables en Bélgica. Un largo proceso que podría evitarse en casos futuros, si se amplía esta lista para incrementar los casos de entrega automática. Actualmente está en curso el suplicatorio por el que podría levantarse la inmunidad parlamentaria de la que goza al ex president como miembro de la Eurocámara. Esto supondría que el caso volvería a los tribunales belgas.
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo aprobó ayer un dictamen impulsado por el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos que pide realizar estos cambios en el sistema de euroórdenes con el objetivo de mejorar su funcionamiento. Este texto deberá ser aprobado en sesión plenaria, aunque no tiene carácter vinculante. A pesar de esto, fuentes parlamentarias confían en que la Comisión Europea tome nota de esta informes ya que un informe del Ejecutivo comunitario reconoce fallos en la aplicación de la euroorden, al menos en ciertos casos.
«El objetivo último es mejorar este instrumento clave de cooperación judicial entre los países de la UE para evitar que los responsables de delitos graves puedan evitar la acción de la justicia trasladándose a otro estado miembro de la Unión», explicó ayer Zarzalejos.
En este dictamen no solo se aboga por introducir el delito contra la integridad constitucional dentro del listado sino que también se defiende recoger otros cargos como la usurpación de identidad; los crímenes de genocidio, de guerra y contra la humanidad; los abusos sexuales; y determinados delitos relacionados con el medio ambiente y la evasión fiscal.
Además, el texto pide ampliar el principio de reconocimiento mutuo para que las euroórdenes emitidas por un estado miembro sean y ejecutadas directamente por otro estado miembro, salvo en determinados casos muy específicos. De esta forma, cuando un país europeo rechace ejecutar una petición de euroorden basándose en un supuesto riesgo para el respeto a los derechos fundamentales, deberá justificarlo con argumentos objetivos y hechos concretos.
Pugidemont no es el único caso. Bélgica ha estado negándose durante años a la entrega de Natividad Jaúregui, conocida como la etarra de las mariscadas, al alegar que en España la terrorista no podría tener el derecho a un juicio justo. Tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a favor de España y una ardua lucha judicial, la etarra fue entregada a través de una euroorden a finales de noviembre después de años de plácida estancia en Gante.
El dictamen también propone reducir para determinados delitos (tráfico de seres humanos, la explotación sexual de niños o la pornografía infantil) el umbral de la pena de 3 años a partir de la cual puede aplicarse la euroorden y también incrementar la capacidad sancionadora del Ejecutivo comunitario en caso de incumplimiento de un país.
Javier Zarzalejos aseguró ayer que la actualización de la euroorden es necesaria porque, tras 16 años de aplicación “las nuevas formas de delincuencia organizada, el impacto exponencial de la criminalidad en internet, la movilidad de personas dentro del espacio Schengen, la persistencia de la amenaza terrorista, y la necesidad de proteger los procesos democráticos y el Estado de Derecho (también dentro de la UE), hacen que sea importante avanzar hacia un sistema de cooperación más ambicioso y más ágil entre los estados miembros, sustentado en la confianza mutua. La no aplicación de la euroorden debería ser la excepción”.
( MIRENTXU ARROQUI. Diario La Razón)
