El declive político, social y económico de los Pujol Ferrusola se plasmará en los próximos meses en una imagen demoledora: el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto este jueves sentar en el banquillo a los nueve miembros de la familia —el matrimonio y sus siete hijos— por aprovecharse de su “posición privilegiada” en la vida catalana para enriquecerse hasta acumular un patrimonio “desmedido” relacionado con el cobro de comisiones ilegales. Parte de esas actividades coincidieron con el tiempo en el que Jordi Pujol ocupó la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, entre 1980 y 2003.
De la Mata ha puesto fin a siete años y medio de instrucción y ha dejado a la familia Pujol Ferrusola a un paso del banquillo. El magistrado propone juzgar al expresidente de la Generalitat; a su esposa, Marta Ferrusola, y a sus siete hijos, además a otras 18 personas que presuntamente participaron o colaboraron en sus actividades ilegales, entre ellos, la exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, y los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol. De la Mata considera que los hechos investigados son constitutivos de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
En un auto de 509 folios, el juez avisa de que se desconoce la procedencia de parte del patrimonio que ha ido amasando la familia durante más de tres décadas, pero existen indicios sólidos que acreditan que no provienen, como han alegado durante la instrucción los Pujol Ferrusola, de la herencia familiar que les dejó el abuelo Florenci Pujol Brugat, el padre del expresidente catalán.
“No se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia sobre este particular”, señala De la Mata, que recuerda que la familia no ha sido capaz de detallar en qué entidad bancaria estuvo depositado dicho legado, o el momento y forma en que llegó el dinero “más allá de meras generalidades”.
A falta de una explicación verosímil, el juez considera probado que el origen de parte de los fondos son las comisiones ilegales entregadas por empresarios durante los años en los que los Pujol manejaban los hilos de la Generalitat. Estos pagos eran presuntamente ocultados por la familia mediante distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando paraísos fiscales y contratos simulados. A cambio del dinero, la familia ejercía su influencia para conseguir que esos empresarios recibieran contratos públicos, se les recalificasen terrenos, se les adjudicasen concesiones u otros favores a lo largo y ancho de toda Cataluña. Otras veces, apunta De la Mata, con las entregas de dinero a la familia, aquellos buscaban simplemente congraciarse con esta y hacerse acreedores de futuras adjudicaciones y favores políticos.
Estos pagos se hacían, en algunos casos, “simulando supuestas operaciones contractuales de asesoramiento en los campos más variados, dotadas de la más perfecta apariencia de regularidad formal, cuya existencia real no ha quedado acreditada”, afirma el magistrado. De hecho, según De la Mata, “en múltiples ocasiones ha quedado acreditado exactamente lo contrario, es decir, la inexistencia del supuesto negocio subyacente”. Otras veces los contratos de intermediación o asesoramiento se engranaban en operaciones económicas reales, a las que se agregaba el coste asociado al pago irregular que se realizaba a la familia Pujol Ferrusola.
Así, poco a poco, la familia fue exprimiendo “su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana” para enriquecerse durante décadas hasta acumular “un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”, afirma el juez, que sitúa en el liderazgo de la organización al matrimonio formado por Jordi Pujol y Marta Ferrusola. Y recuerda que esta última se autodenominaba la “madre superiora de la congregación”.
Debajo del matrimonio, y siguiendo sus directrices, se encontraba el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, al que llamaban “el capellán de la parroquia”. El auto señala que este asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución del dinero entre sus padres y sus hermanos. El primogénito tenía capacidad para dar instrucciones a los gestores bancarios sobre las cuentas de cada uno de los miembros de la familia. El resto de los hermanos (Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia) seguían las instrucciones de Jordi Pujol Ferrusola.
Por todo ello, el juez considera que se cumplen los requisitos del delito de organización criminal al contar el grupo con diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada y permanencia en el tiempo, ya que las primeras cuentas corrientes en Andorra se remontan a 1992 y la familia no cerró sus últimas fundaciones hasta 2014. Esta organización criminal, concluye De la Mata, tenía finalidad claramente ilícita: “Obtener multimillonarios beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas”.
El clan y la financiación de Convergencia
El auto de De la Mata detalla la presunta participación de los Pujol Ferrusola en la financiación de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), en la etapa en la que la formación nacionalista estaba dirigida por Jordi Pujol. En esa financiación, añade el juez, se utilizaron fondos ocultos en Andorra. El escrito recalca que el partido dispuso de “ingentes cantidades de dinero con destino desconocido, gracias a operaciones financieras avaladas por Jordi Pujol Ferrusola”. Según detalla el auto, CDC propuso a las empresas Hispart, Altraforma y Winner Graph, con las que contrataba servicios de publicidad para sus campañas electorales, realizarle los pagos por estos trabajos “mediante procedimientos opacos” que incluían la simulación de operaciones de préstamos con la entidad financiera Fibanc, con la que tenía una estrecha relación el hijo mayor del entonces presidente de la Generalitat. Posteriormente el partido debía amortizarlos. Sin embargo, CDC solo pagó una parte de estos préstamos, mientras que el resto eran abonados por diversas empresas, “todas ellas relacionadas con la Administración autonómica de Cataluña por ser adjudicatarias de obras, concesiones, proyectos urbanísticos…”.
(Reyes Rincón. Óscar López-Fonseca. Diario El País)
