Era evidente que el asalto al Constitucional era una acción concertada del Gobierno y sus socios comunistas y separatistas, pero lo que lo hace, inclusive, más preocupante es que no solo es una acción nacional sino también internacional.
En efecto, Grupo de Puebla -compuest0 por partidos políticos y personas de extrema izquierda de Iberoamérica- acaba de emitir un comunicado para manifestar su preocupación y condenar la acción del Tribunal Constitucional para proteger la Carta Magna española del asalto de la izquierda.
Una injerencia absoluta de la extrema izquierda iberoamericana en asuntos nacionales con ánimo de influir en la democracia española ya que el Grupo de Puebla lo que defiende en España es la toma de control por parte del Gobierno de Sánchez y sus socios comunistas, terroristas y separatistas del Tribunal Constitucional, órgano encargado de velar porque la acción del resto de poderes en España se ciñas a la letra de nuestra Constitución.
Un documento del Grupo de Puebla que viene a confirmar y apoyar los intereses de poder de PSOE, los comunistas de Podemos, separatistas y filoterroristas por hacerse con el Tribunal Constitucional y el resto de instituciones judiciales y acabar así con cualquier separación formal de poderes en España.
Lo más granado de la izquierda y corrupción española impulsan este documento
El comunicado ha estado impulsado por personajes como el corrupto Baltasar Garzón (tuvo que dejar la judicatura por corrupción. Es, además, un conocido defensor de las tiranías iberoamericanas) y Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España y exsecretario de Estado para la Agenda 2030. Enrique Santiago es conocido por defender al grupo terrorista de las FARC en Colombia. El documento en defensa del asalto de la izquierda española al Constitucional está firmado, además, por Gerardo Pisarello y María José Fariñas Dulce.
Documento plagado de mentiras
El documento, como era de esperar, está plagado de las mentiras que está esgrimiendo todo el aparato político y mediático al servicio de Pedro Sánchez desde que el TC suspendió la tramitación de la polémica enmienda por atentar contra los principios constitucionales. Unos argumentos plagados de mentiras que no pasan el más mínimo examen con la realidad.
