El Ejecutivo busca “eliminar” el Valle de los Caídos, ilegalizar la Fundación Francisco Franco y establece un nuevo régimen sancionador con multas de hasta 150.000 euros.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica de 2007. Lo ha hecho con una semana de retraso, respecto a los planes previstos, dado que la remodelación del Gobierno, que se cobró la cabeza de la vicepresidenta primera Carmen Calvo, obligó al nuevo responsable de la cartera, Félix Bolaños, a estudiar la norma para “no ir a ciegas” al día siguiente de su toma de posesión. El texto que trabajó Calvo se ha respetado en su totalidad y solo se han introducido algunas de las recomendaciones que el Consejo General del Poder Judicial emitió en su informe preceptivo sobre la norma.
1. Las víctimas, en el centro.
La norma tiene la vocación de reparación y reconocimiento a las víctimas y para ello se pretende situarlas en “primer plano”. Entre otros gestos, se fijan dos días oficiales para su recuerdo que serán el 31 de octubre de memoria y homenaje a todas las víctimas y el 8 de mayo para las del exilio. También reivindica el trabajo del movimiento memorialista durante todos estos años y plantea reconocer el papel de las mujeres en la defensa y conquista de los valores democráticos y los derechos fundamentales.
2. Multas de hasta 150.000 euros.
Una de las principales novedades respecto a la norma de 2007 es que se establece un régimen sancionador que no estaba vigente en la actualidad. Las multas irán desde los 600 hasta los 150.000 euros por, las consideradas, infracciones muy graves. En ellas se encuadran aquellas que supongan profanar y trasladar restos de víctimas de la Guerra Civil sin autorización, destruir fosas comunes, lugares de memoria y homenaje y los “actos de exaltación” del franquismo que conlleven un grave menosprecio a las víctimas.
3. ¿Y la Fundación Francisco Franco?
Precisamente, este “menosprecio y humillación a las víctimas” es uno de los añadidos que el Gobierno ha tenido que hacer en la norma para conseguir llevar a término uno de sus objetivos fundamentales con la nueva ley: la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo. En este precepto se encuadra, según el Ejecutivo, la Fundación Francisco Franco que, por su parte, advierte de visos de inconstitucionalidad. Estos problemas también los advirtió el CGPJ, que consideró que sus actividades y manifestaciones venían amparadas por la libertad ideológica. Para lograr burlar esta recomendación, el Gobierno ha introducido la condición de que no abunden en el “menosprecio y humillación a las víctimas” en la redacción, lo que daría cabida a su ilegalización.
4. Búsqueda de los desaparecidos.
El Ejecutivo quiere que sea el Estado quien asuma en primera persona las tareas de exhumación de fosas, involucrando a las distintas administraciones, pero sin dejar en sus manos la responsabilidad de impulsarlas. En España hay unas 2.500 fosas comunes con víctimas de la Guerra Civil y para ayudar a la identificación de las mimas, se creará un banco de ADN y un fiscal específico en el Tribunal Supremo para atender la búsqueda de desaparecidos.
5. Contenidos educativos.
La Educación también juega un papel fundamental en la nueva ley, como un pilar clave para conocer la Historia y evitar que el revisionismo o el negacionismo tenga mimbres para germinar en las nuevas generaciones. Para ello, habrá una actualización de los contenidos educativos en ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP). De este modo, se logrará que no se pase de puntillas en el currículo educativo sobre esta etapa de la Historia de España, promoviendo también cambios en los contenidos de la formación del profesorado.
6. Acceso a los archivos históricos.
Para favorecer el acceso a la información sobre esta etapa, se facilitará la entrada a los archivos históricos para la investigación y divulgación desde 1936 hasta 1978. Para hacerlo se establece la creación de un censo de fondos documentales para la memoria democrática y la declaración de Lugar de Memoria el Centro Documental de Memoria Democrática con sede en Salamanca.
7. Valle de los Caídos.
El Valle de los Caídos jugará también un papel central en la nueva ley. Tras el primer y trascendental paso que fue la exhumación de Francisco Franco, el Gobierno quiere avanzar en la resignificación del Valle de los Caídos para convertirlo en un centro de Memoria y que deje de ser “un monumento que haga apología de la dictadura”. Los planes para Cuelgamuros son que se exponga “a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos”
8. ¿Qué pasará con los Benedictinos?
La orden de los Benedictinos tiene los días contados en el Valle de los Caídos. Con el objetivo de “desacralizar” el lugar, la ex vicepresidenta Carmen Calvo ya anticipó que la presencia de los monjes era “incompatible” con la resignificación que se tiene previsto impulsar. Además, se extinguiría la actual Fundación de la Santa Cruz, que da a los benedictinos la custodia del monumento, y “mediante real decreto se establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de los Caídos que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial”. Hasta ahora, percibían más de 300.000 euros anuales de Patrimonio Nacional.
9. Anulación de los juicios y sentencias.
La norma contempla la condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la dictadura, declarando nulos los juicios represivos de la Guerra Civil. A este precepto también le puso reparos el CGPJ, que pidió acotar la nulidad “a la existencia de un contenido específico de condena o sanción”. Por su parte, a las asociaciones de víctimas les parece “poco ambiciosa” en este sentido.
10. Congreso de los Diputados.
Esta falta de ambición también la perciben los partidos en el Congreso de los Diputados, donde la norma llegará después de recibir el aval del Consejo de Ministros para que las diferentes fuerzas políticas hagan sus incorporaciones. ERC, EH Bildu y Compromís ya han mostrado sus reparos y Unidas Podemos, por su parte, también la ve “insuficiente” y confía en que se pueda mejorar durante su trámite parlamentario. ERC y EH Bildu consideran que el texto legal niega la Justicia para “todas las víctimas”, debido a la aplicación de la Ley de Amnistía y la prescripción penal para los crímenes del franquismo.
(Ainhoa Martínez. Diario La Razón)
