El Fiscal General dice que “la democracia no puede ser inmóvil”. ¿Avalando la amnistía desde la institución?
El presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, eludió mencionar indirectamente a amnistía en la apertura del año judicial. Sí hizo referencias veladas apelando a la necesidad de defender la independencia del poder judicial y que el poder político tenga un control judicial. También señaló que las instituciones deben de estar por encima de los intereses de los partidos.
Ese fue su discurso público. Pero discretamente lanzó el mensaje de que la amnistía vulneraría el principio de igualdad de los españoles y legitimaría el intento de secesión del 1 de octubre. Ahora ya, más abiertamente, advierten que la amnistía “abriría un boquete” en el Estado de Derecho. ¿Por qué callaron esta declaración en la apertura del año judicial?
Marín Castán prefirió censurar el panorama “desolador” por un “bloqueo” que ha dejado al poder judicial al borde del “colapso”. ¿Culpable? No sabe, no contesta. Más inquietante es que se alienara con el Fiscal General, García Ortiz, en denunciar la responsabilidad de la jerarquía eclesiástica en los abusos de los religiosos. ¿De quién depende la Fiscalía?, ¿y el presidente del Supremo?
El asunto de la amnistía supone una prueba de fuego de la coherencia del PSOE de Sánchez. Todo el gabinete Sánchez defendió la inviabilidad de la amnistía cuando se plantearon los indultos. El mismo ‘cambiacolchones’ defendió que no cabía en la Carta Magna. Por su parte, Carmen Calvo, apuntó que supondría “suprimir” el poder judicial. Y el entonces ministro de Justicia y hoy magistrado del Constitucional, Juan Carlos Campo, dijo que sería el olvido; perdonar si, olvidar no…
Hoy -sin embargo- todos los que dijeron digo, dicen Diego. Los “intereses políticos” que dañan la institucionalidad, en palabras de Marín Castán. El mismo García Ortiz defiende ahora que “la democracia no puede ser inmóvil sino que debe de evolucionar y aprender”. O sea, que los círculos pueden ser cuadrados. ¿El camino? Retorcer la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
No sólo pretenden retorcer su coherencia y la Constitución, sino que pretenden hacerlo por la vía de urgencia, en ‘fast track’. Y es que Puigdemont exige el pago por anticipado, antes de la investidura de Sánchez. ‘Son lentejas’ vino a decir Puigdemont.
El PSOE trabaja a destajo en satisfacer sus exigencias. Pero en paralelo encarga a Pumpido que resuelva el asunto del último escaño de Madrid que cayó en el PP. Si logra que los votos nulos sean socialistas, daría marcha atrás al último escaño y rebajaría los humos del fugado. Pumpido, por supuesto, dispuesto a mancharse la toga con el polvo -y los barros- del camino de investidura…
Luis Losada Pescador | Periodista
