Críticas a Dolores Delgado: «Es una suerte de esquizofrenia jurídica»

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Cuando la juez argentina María Servini acapara titulares por el interrogatorio al ex ministro Rodolfo Martín Villa, acusado de crímenes contra la Humanidad al otro lado del océano Atlántico, la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dado alas a sus investigaciones en medio de férreas críticas de un sector de la Fiscalía.

El pasado 4 de agosto, Delgado emitió una nota donde dejaba sin efecto una orden dada por su antecesora en el cargo, la fiscal de Sala Consuelo Madrigal, de 30 de septiembre de 2016, para que se denegara la cumplimentación de las comisiones rogatorias solicitadas por Servini, quien por aquel entonces se dirigió a varios juzgados españoles de forma simultánea para reclamarles información sobre los crímenes del franquismo.

La orden de Madrigal se fundamentaba en que los hechos que desde Argentina trata de investigar la juez María Servini fueron cometidos presuntamente por «ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles», por lo que serían competencia exclusiva de la jurisdicción de nuestro país. También alegaba que los mismos estarían prescritos; además de hacer referencia a la sentencia en la que el Tribunal Supremoabsolvió ex juez Baltasar Garzón por abrir una causa general contra el franquismo pero poniendo en valor la vigencia de la denominada Ley de Amnistía.

Sin embargo, en la directriz dada por Delgado se expone que «no solamente la cooperación internacional ha evolucionado sino también la propia perspectiva nacional. (…) Podemos afirmar que es una responsabilidad directa del Estado la adecuación permanente de las políticas de memoria democrática a las nuevas necesidades a escala nacional, automática y local, así como a los nuevo paradigmas memoriales y de defensa de los derechos humanos que se articulan en el ámbito internacional». La ex ministra de Pedro Sánchez, firme defensora de la justicia universal, decidió dar vía libre a la asistencia mutua entre España y Argentina para investigar los crímenes del franquismo.

Fuentes fiscales de la máxima categoría dentro de la Carrera Fiscal consultadas por EL MUNDO aseguran que la orden de Delgado es una «chapuza jurídica» por varios motivos. Sostienen que cooperar con las comisiones rogatorias «acordadas por Servini a más de 10.000 kilómetros de distancia supone incurrir en una suerte de esquizofrenia jurídica. Es un disparate». Por otro lado, explican que cumplimentar comisiones rogatorias como las impulsadas por el juzgado argentino supone «quebrantar gravemente la legalidad española, concretamente en lo referido a la prescripción de los delitos, la Ley de Amnistía de 1977 y el propio principio de legalidad».

«No hay en la actualidad ninguna comisión rogatoria solicitada por Argentina, lo que hace más inexplicable la decisión de la fiscal general», comenta otro fiscal de Sala en conversación con este periódico. «Ha revocado una orden mediante una nota interior que no es más que un medio de comunicación interno sin rango estatutario. Una nota no sirve para dejar sin efecto una orden. Es un brindis al sol. Además, es que en la nota ni siquiera se alude a la orden dada por Madrigal sino a los términos de una carta que fue remitida al entonces fiscal jefe de Madrid el 30 de septiembre de 2016. No han sabido encontrar ni la orden original para anularla que está registrada en la Fiscalía», aseguran fuentes fiscales.

Las mismas fuentes consideran que «los defectos» en los que incurrió Garzón en la causa general contra el franquismo -fue suspendido cautelarmente como juez de la Audiencia Nacional por esta polémica instrucción aunque el Supremo lo acabó absolviendo en este procedimiento- son compartidos en plenitud por Servini.

Además, ponen de relieve que, en la citada sentencia absolutoria, el Tribunal Supremo concluyó que Garzón «incurrió en exceso en la aplicación e interpretación de las normas» al abrir causa general al franquismo aunque su actuación «no alcanzó la injusticia de la resolución que requiere el tipo del delito de prevaricación».

El ex ministro Rodolfo Martín Villa, tras su declaración.
El ex ministro Rodolfo Martín Villa, tras su declaración.

DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE MARTÍN VILLA

Por su parte, en su declaración voluntaria este jueves ante la juez Servini, el ex ministro Rodolfo Martín Villa planteó lo que considera el absurdo de la querella en su contra: «De aceptarse la versión de la querella, si Adolfo Suárez viviera sería imposible que no se encontrara acusado también de genocidio o crímenes contra la humanidad, situación que no me atrevo a calificar». «He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio», añadió.

Además de esas referencias generales a la Transición, el ex ministro respondió sobre las muertes concretas que se le atribuyen, una docena en total. Cinco de ellas en un enfrentamiento entre Policía y trabajadores en Vitoria. Esas muertes, dijo a la juez, se produjeron «antes» de su intervención como ministro. Su tarea fue posterior y consistió «en adoptar medidas para evitar que hubiese más violencia, que se declarase el estado de excepción y para impedir la injerencia de alguna autoridad militar».

Martin Villa afirmó que en Vitoria «ciertamente hubo errores, graves errores, y comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas y, por tanto, sería legítimo que se reclamara una reparación justa. Pero una cosa es comprender el dolor de las víctimas y la necesaria reparación y otra es aceptar un relato de lo ocurrido, que lleva a la querella a afirmar incluso que en la Transición española hubo delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad».

Por otro lado, el Partido Popular registró ayer la petición de comparecencia de la fiscal general para que explique en el Congreso de los Diputados el cambio de criterio impartido respecto «a la cooperación jurídica internacional en el caso de Martín Villa».

(Angela Martialay y Manuel Carrasco. Diario El Mundo)