El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que, del fondo de la Unión Europea de 16.000 millones de euros no reembolsables a repartir entre las Comunidades Autónomas para hacer frente a los efectos directos de la pandemia, 2.000 millones se destinarían a educación, pero lo sorprendente es que sólo se destinarán a la EDUCACIÓN PÚBLICA y no a toda la educación sostenida con fondos públicos.
El presidente nacional de CONCAPA, Pedro José Caballero, ha sido contundente en este aspecto: “quieren hacer una guerra ideológica en la que nosotros no participaremos, pero están creando unas diferencias notables entre unos alumnos y otros, y es ahí donde sí nos encontrarán”.
Caballero considera que se trata de un hecho muy grave, porque si todos hemos pasado la pandemia y hay que hacer frente a unos gastos para adecuar los centros educativos, los centros concertados tendrán esos mismos gastos, por lo que pide que se reconsidere la medida. En caso contrario -indica- nos veremos obligados a pedir a los organismos de la Unión Europea e internacionales competentes, su amparo ante la clara discriminación que está sufriendo la red concertada, que en la actualidad cuenta con cerca del 30% de representatividad, viéndose afectados y abandonados tanto en el campo educativo como en el sanitario. ¡Un verdadero crimen!
De hecho, aunque las cantidades previstas se transfieran a las Comunidades Autónomas, esto deja en el aire más que nunca a los centros concertados, que tendrán que ver cómo en unas Comunidades se les puede o no dotar de presupuesto y en otras directamente ni se lo plantean, cuando el presupuesto en sí debería contemplar y asignar el porcentaje que representa la concertada en el conjunto del sistema educativo.
El presidente de CONCAPA señaló que esta decisión no sólo perjudicará a los centros en sí, sino a todas las familias que, libremente, han elegido este modelo de enseñanza para sus hijos, como derecho fundamental recogido en la Constitución Española.
Si esta situación llegara a materializarse, nos veríamos obligados a movilizar a las familias y a la comunidad educativa en el mes de septiembre con manifestaciones, movilizaciones e incluso favoreciendo una huelga educativa contra las medidas totalmente injustas, sectarias, e ideológicas propias de un Gobierno cada vez más totalitario que, lejos de buscar lo mejor para todos sin exclusión, sólo trata de imponer a la fuerza su ideología, excluyendo cualquier otra opción. Necesitamos diálogo bidireccional, consenso, igualdad real y efectiva. Los ciudadanos estamos hartos de engaños y poses mediáticas, para luego hacer justamente lo
contrario de lo prometido. ¡Ya está bien! Se trata de cuidados sanitarios relacionados con la salud de nuestros menores y tienen la osadía de plantear un reparto absolutamente discriminatorio, precisamente en un país modelo por su sanidad universal. Entendemos que la Fiscalía debe actuar de manera inmediata, toda vez que tiene legalmente encomendada la especial protección de los menores y las malévolas intenciones de este Gobierno progresista que podría colocar a unos menores frente a otros en
situación de total desamparo. Instamos a que, de oficio, se investigue esta acción.
Si quieren un inicio de curso calentito ¡¡¡¡lo tendrán!!!!
