La ministra de Educación, Isabel Celaá, blinda la Memoria Democrática en la próxima ley educativa, en toda su extensión. Este viernes, se celebrará la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados en la que los grupos votarán el informe final de la ponencia que, entre otros puntos polémicos, recoge la enmienda pactada por PSOE, Podemos y ERC para eliminar el español como lengua vehicular.
Pero, además, el texto de la ‘Ley Celaá’ incluye una especial consideración a las políticas de Memoria Histórica (Memoria Democrática para el Gobierno de Pedro Sánchez), obligando «a la comunidad educativa» -es decir, además de profesores y alumnos, a los padres y madres y el personal de administración y servicios de cada centro-a tener un «conocimiento profundo» de la historia «desde sus orígenes hasta la actualidad».
«El estudio y análisis de nuestra memoria democrática permitirá asentar los valores cívicos y contribuirá en la formación de ciudadanas y ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico», señala el informe de la ponencia, que advierte, además, que «el estudio de la memoria democrática deberá plantearse, en todo caso, desde una perspectiva de género, haciendo especial hincapié en la lucha de las mujeres por alcanzar la plena ciudadanía».
El Gobierno sigue adelante con sus planes para aprobar cuanto antes la llamada ley de Memoria Democrática, que vendrá a sustituir a la ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero y que entraría en vigor en los primeros meses del próximo año.
La imposición de su propia versión de la Guerra Civil y la dictadura franquista, con sanciones que llegan a los 150.000 euros. El anteproyecto de ley, aprobado el pasado 15 de septiembre en el Consejo de Ministros, recoge además el «cierre temporal, por un período de seis meses y un día a dos años, de los locales o establecimientos públicos donde se realicen actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil, de la Dictadura o de sus dirigentes».
La ‘Ley Celaá’ también impondrá la «educación emocional» y en «justicia fiscal» durante la etapa de Primaria.
El documento propone una reordenación de las áreas de Educación Primaria, incorporando en el tercer ciclo un área de Educación en Valores cívicos y éticos -la nueva ‘Educación para la ciudadanía’ que pretende el PSOE- en la cual, se dice, «se prestará especial atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la función social de los impuestos y la justicia fiscal, a la igualdad de mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico, la cultura de paz y no violencia y el respeto por el entorno y los animales».
Golpe al español
Aunque sin duda la parte más polémica del dictamen es la relativa a la consideración del español, que dejará de ser lengua vehicular de la enseñanza tras la enmienda pactada entre PSOE, Podemos y ERC, con el apoyo de Bildu y Más País y la abstención del PNV.
La enmienda suprime de la ley educativa la referencia al castellano como «lengua oficial del Estado». El texto queda finalmente así: «Las Administraciones educativas garantizarán el el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas co-oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable».
De este modo, la enmienda pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo. PP, Cs y Vox ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
Se recoge que «se impulsarán la adopción por parte de los centros de las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas».
Además, la ‘Ley Celaá’ recoge que «aquellas Comunidades Autónomas en las que existan lenguas co-oficiales que no tienen ese carácter en todo su territorio o lenguas no oficiales que gocen de protección legal podrán ofrecerlas en los términos que determine su normativa reguladora».
La ley actual destaca que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas co-oficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable».
(Luz Sela. OK
