El nuevo Código de Conducta de las Cortes Generales aprobado por las Mesas de Congreso y Senado, con el único voto en contra de Vox, abre la puerta a que los parlamentarios se persigan entre ellos sobre posibles actuaciones antiéticas, con la posibilidad de que las presidentas de ambas Cámaras, Meritxell Batet y Pilar Llop, inicien investigaciones a partir de meras sospechas o chivatazos falsos de unos contra otros.

Esta fue una de las razones que planteó  la formación de Santiago Abascal, representada por el vicepresidente cuatro de la Mesa del Congreso y diputado por Valencia, Ignacio Gil Lázaro, para rechazar el nuevo Código de Conducta de la Cortes, que actualiza el que ya tenía la Cámara baja y dota del mismo al Senado, que carecía de un texto de este tipo.

En concreto, Vox solicitó enmendar este documento al considerar «inaceptable» la facultad contenida en el artículo 9. 1 del citado código, que permite a «cualquier parlamentario solicitar de la Presidencia» la apertura de un procedimiento para dilucidar «si se ha producido una infracción del presente Código por parte de un diputado o senador, especialmente en el caso de conflicto de intereses».

Según sostuvo Gil Lázaro, «semejante previsión es de una gravedad extrema, en tanto contradice implícitamente la prohibición de tribunales de honor que la Constitución establece y permite derivar aquella en un modo de acoso o persecución del adversario en términos que pueden resultar tremendamente perjudiciales para la convivencia en el seno de las Cámaras».

Máxime cuando se atribuye esa legitimación a cualquier miembro de las Cortes «sin la más mínima exigencia de requisitos objetivos previos para instarla y sin determinación de sanción alguna en el caso de ejercerla de manera maliciosa o infundada», argumentó el vicepresidente cuarto del Congreso. «Esta previsión debe desaparecer por completo atribuyendo exclusivamente a la Presidencia la legitimación para el inicio de cualquier investigación», expuso el diputado de Vox frente a esta caza de brujas. De ahí que Gil Lázaro lo haya calificado como «Código de sospecha».

Señalado

Además, el texto señala en el citado artículo 9 que «la Presidencia de la Cámara encomendará a la Comisión del Estatuto de los Diputados o a la Comisión de Incompatibilidades del Senado la elaboración de un informe sobre la posible infracción. Para ello, la Comisión deberá oír al parlamentario afectado y, en su caso, podrá recabar informe de la Oficina de Conflicto de Intereses». Con la activación de todo este procedimiento a partir de mera sospechas o bulos, el diputado en cuestión quedará señalado más allá del resultado final del expediente.

Y el punto 3 dice que «el informe de la Comisión deberá concluir si ha existido o no infracción y, en su caso, proponer la sanción que corresponda de acuerdo con el Reglamento de la Cámara respectiva. El informe será remitido a la Mesa correspondiente que ordenará su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y resolverá, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, lo que proceda en relación con la sanción que en su caso se proponga».

Se da la circunstancia de que PSOE y Podemos tienen el control de la Mesa del Congreso, encargada de resolver sobre la sanción. Y también gozan de la mayoría en la Comisión del Estatuto del Diputados, presidida por la socialista, Begoña Nasarre, gracias a sus socios de investidura.

Además de aprobar este código con los votos de PSOE, Podemos, PP y PNV (Ciudadanos no tiene representación en estos órganos), las Mesas han acordado dar de plazo hasta el próximo 1 de febrero de 2021, cuando arranca el nuevo periodo de sesiones, para que los parlamentarios rellenen sus declaraciones de intereses económicos -una de las novedades del documento- que quedarán luego publicadas, como ya lo están las de patrimonio y actividades, en la webs de cada Cámara.

Sin verificación

El nuevo código común especifica que éstas «sólo responderán de la información facilitada por los parlamentarios». Las Mesas también han querido remarcar que son sus señorías las que se responsabilizan de la «veracidad» de la información que proporcionan, por lo que serán ellas las que respondan en su caso si tales declaraciones no se ajustan a la realidad. Es decir, no hay ningún mecanismo externo de verificación ejercido por las Cortes.

Al no haber demasiadas pautas para rellenar tales declaraciones, hay diputados que presentan escritos confusos como hizo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras las elecciones de abril de 2019. El hoy vicepresidente ocultó su condición de pluriempleado pese a haber recibido ingresos como parlamentario y como presentador del canal iraní Hispan TV.

En la declaración que Iglesias rellenó el 17 de mayo de 2019, declaró ingresos netos por valor de 46.046,21 euros en concepto de «actividades económicas». Ésta es la única retribución de la que Iglesias da cuenta en dicha hoja, incluyendo aquí los emolumentos percibidos como presentador de la tertulia política ‘Fort Apache’ en HispanTV. Y es que, según aseguran fuentes parlamentarias, los diputados no están obligados a dar cuenta en estas declaraciones de sus retribuciones como parlamentarios. En su caso, la entonces portavoz de Unidas Podemos y hoy ministra de Igualdad, Irene Montero, sí declaró ingresos como «diputada» por valor de 79.025,73 euros.

(Segundo Sanz. Ok Diario)

Por Redaccion

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