La soberanía de un país se puede medir cualitativa y cuantitativamente. En la primera dimensión se refiere a la misión política y cultural de una nación que une y que moviliza en defensa de su interés y su identidad. En la segunda alude a los recursos de los que dispone para la independencia nacional y el bienestar ciudadano.
Y en España, como especie de Estado fallido en muchos aspectos internos y externos, el crecimiento exponencial del precio de la luz durante el año 2021 muestra la realidad de esta segunda dimensión (como el paralelo e imparable crecimiento del precio de la gasolina o de productos de primera necesidad ligados inevitablemente al transporte de largo recorrido). Contemplamos impávidos (y sin las que serían lógicas protestas ciudadanas o sindicales) a la impotencia de un gobierno incapaz de garantizar un suministro eléctrico para empresas y ciudadanos a precios asequibles, y unas eléctricas sin control real por los organismos públicos que convierten la libre competencia en inevitable dominio cuasi monopolístico.
Este podría ser un gran ejemplo, cuantitativamente hablando, de la falta de soberanía nacional de España ante un bien de primera necesidad. Nada o poco se puede hacer por que las normas de la UE lo impiden, dicen los gobernantes patrios; y la llamada “transición ecológica” cierra fuentes de energía tradicionales que daban trabajo a miles de personas, fijaban población al terreno y daban vida a comarcas enteras, se niega a valorar opciones posibles como la energía nuclear, que otros países recuperan por abundancia y sostenibilidad comprobada, y auspicia el boom de las energías renovables con su minusvalorado impacto medioambiental y que parecen ser incapaces de abaratar costes como comprobamos en pleno verano.
Pero en el equilibrio esta siempre la clave: control público vigilado y libre concurrencia real, fuentes propias y recursos ajenos, combinación lógica de energías fósiles y renovables, consumo responsable y búsqueda de soluciones. Aunque los políticos, en manos quizás de poderes globalistas superiores que mandan más que los votantes, no quieran o ni puedan plantearlo al estar más cómodos en gastar lo que no se tiene y en divagar sobre lo que no interesa.
Porque hablar de la luz no es solo hablar del incomprensible precio diario del kilovatio/hora (kWh) o de los surrealistas horarios propuestos por el Ministerio para poner lavadoras o aires acondicionados. Es, y debe ser también, analizar cómo ante esta realidad cuantitativa sobrevivirán muchos negocios, cómo llegarán a fin de mes muchas familias, cómo nuestras empresas serán competitivas, y por ello, cómo podrá ser soberana nuestra nación en este aspecto sin depender exclusivamente de otros y sin dejar atrás a muchos de nuestros compatriotas.
La soberanía energética no es una mera entelequia teórica ni un estatización interesada de los medios: es una estrategia nacional de colaboración entre lo público y lo privado por un interés superior, que demanda la población para que el precio del desarrollo no lo paguen siempre los ciudadanos más humildes, ni para que se demuestren una vez más las costuras de un país a veces sin rumbo. Porque ser soberano, en este y otros aspectos, es superar etiquetas arcaicas, tomar decisiones autónomas, adoptar el equilibrio necesario y, sobre todo, pensar en las necesidades reales de tu población.
(Sergio Fernández Riquelme | Director La Razón Histórica)
