Un proyecto de ley que amenaza la libertad religiosa
La posibilidad de criminalizar la Biblia en Canadá ya no pertenece al terreno de la especulación. El Parlamento canadiense aprobó el proyecto de ley C-9, una iniciativa conocida como Ley para Combatir el Odio, que ahora pasará al Senado y que ha desatado una intensa polémica en todo el mundo.
El contenido de la ley resulta muy preocupante: citar determinados pasajes de la Biblia podría considerarse delito de incitación al odio. Esta nueva legislación elimina una protección jurídica histórica que durante décadas protegió la expresión religiosa.
La Cámara de los Comunes aprobó el proyecto el 25 de marzo, y desde entonces numerosas organizaciones religiosas, juristas y líderes políticos advierten sobre sus consecuencias. Muchos consideran que la ley abre la puerta a perseguir penalmente a creyentes que expresen enseñanzas tradicionales sobre el matrimonio, la sexualidad o el pecado.
El mensaje se difundió rápidamente en redes sociales. La portavoz estadounidense Karoline Leavitt escribió: «Canadá acaba de criminalizar la Biblia. El proyecto de ley C-9 ha sido aprobado. Citar las Escrituras sobre el matrimonio, el pecado o el plan de Dios para la sexualidad ahora puede ser procesado como ‘promoción deliberada del odio’. ¿Apoya usted la libertad de expresión?»
La polémica refleja un choque cada vez más evidente entre la libertad religiosa y las políticas ideológicas impulsadas por gobiernos globalistas-izquierdistas en Occidente.
Cómo cambia la ley
El origen del conflicto se encuentra en un cambio concreto dentro del Código Penal canadiense. El proyecto de ley fue presentado en septiembre por el ministro de Justicia del Partido Liberal, Sean Fraser, y elimina dos artículos fundamentales: 319(3)(b) y 319(3.1)(b). Estas disposiciones establecían una protección clara: Una persona no podía ser condenada por incitación al odio si expresaba una opinión religiosa o una opinión basada en un texto sagrado.
La eliminación de esa defensa jurídica preocupa a numerosos juristas. Supone debilitar de forma directa la libertad religiosa y la libertad de expresión. El diputado conservador Andrew Lawton expresó su preocupación en declaraciones a Fox News Digital: «El proyecto de ley C-9 facilita que las personas de fe y otras sean acusadas penalmente por opiniones que resultan ofensivas para otros.»
Lawton añadió además: «La legislación debilita las protecciones a la libertad de expresión y la libertad de religión, especialmente con la eliminación de la antigua defensa religiosa.»
Un debate que ya apunta directamente a la Biblia
La preocupación aumentó tras unas declaraciones del diputado liberal Marc Miller durante una audiencia del comité de justicia en octubre. Miller cuestionó que citar textos religiosos pueda considerarse expresión de buena fe. En concreto afirmó: «No entiendo cómo se puede invocar el concepto de buena fe si alguien cita literalmente un pasaje de, en este caso, la Biblia, aunque hay otros textos religiosos que dicen lo mismo.»
Y añadió: «¿Cómo podemos considerar que esto se dijo de buena fe? Es evidente que en estos textos hay pasajes que incitan al odio.» Durante la audiencia citó pasajes de Levítico, Deuteronomio y Romanos como ejemplos.
Estas declaraciones encendieron las alarmas entre comunidades religiosas de todo el país. Para muchos observadores, la discusión ya no gira solo en torno al discurso de odio, sino al derecho mismo de citar la Biblia en público.
Iglesias y comunidades religiosas reaccionan
La Conferencia Canadiense de Obispos Católicos envió una carta al primer ministro Mark Carney en diciembre de 2025 alertando sobre los riesgos del proyecto de ley. Los obispos escribieron: «Esta exención, formulada de manera restrictiva, ha servido durante muchos años como una salvaguarda esencial para garantizar que los canadienses no sean procesados penalmente por expresar sus creencias de manera sincera y en busca de la verdad.»
La preocupación no se limita al cristianismo. El Consejo Canadiense de Asuntos Públicos Musulmanes también advirtió que la legislación puede afectar a numerosas comunidades religiosas, entre ellas musulmanes, cristianos, hindúes, sijs y judíos. La organización señaló que el proyecto de ley «plantea riesgos desproporcionados no solo para las comunidades marginadas y racializadas, sino también para las comunidades religiosas en general.»
La ley también introduce nuevas penas más severas. Entre ellas, hasta dos años de prisión por la promoción deliberada del odio, aunque contempla excepciones para usos periodísticos, educativos o artísticos. Sin embargo, la eliminación de la protección para textos religiosos sigue siendo el punto más polémico de toda la legislación.
Una advertencia para Occidente
Lo ocurrido en Canadá plantea una pregunta incómoda para todas las sociedades occidentales, incluida la española: ¿puede un gobierno decidir qué verdades religiosas son aceptables y cuáles deben silenciarse? Cuando el poder político empieza a clasificar las creencias religiosas como discurso peligroso, la frontera entre proteger a la sociedad y censurar la fe desaparece rápidamente.
La experiencia canadiense demuestra la velocidad con la que la libertad religiosa puede erosionarse cuando los burócratas globalistas se convierten en árbitros de la moral y de la verdad. La defensa de la familia, la libertad de expresión y la fe nunca constituye un delito. Es más, representa un derecho fundamental de cualquier sociedad verdaderamente libre.
La pregunta ya no es solo qué ocurrirá en Canadá. La verdadera cuestión es si otras naciones seguirán el mismo camino o si defenderán sin complejos el derecho de cada ciudadano a vivir y hablar conforme a su fe.
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