La impunidad avanza en las cárceles del norte de España ante el silencio cómplice de las instituciones. Actualmente, al menos 18 presos y asesinos de la banda terrorista ETA se encuentran en régimen de semilibertad, una cifra que no deja de crecer desde que el Gobierno de Sánchez transfirió la gestión penitenciaria al Gobierno Vasco. Esta situación permite que asesinos confesos abandonen las celdas durante el día para trabajar o realizar actividades, regresando solo para dormir. Las familias de las víctimas contemplan con dolor cómo la justicia se diluye en beneficios penitenciarios injustificables para asesinos que no cumplieron las condenas íntegras e, incluso, nunca mostraron arrepentimiento por sus crímenes.
El privilegio de los asesinos frente al olvido de las víctimas
La aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario se ha convertido en la herramienta perfecta para vaciar las prisiones de terroristas sin que estos cumplan la totalidad de sus penas en régimen cerrado. Este mecanismo permite una flexibilidad excesiva que, en la práctica, funciona como un tercer grado encubierto. Los datos actuales confirman que la transferencia de competencias al País Vasco ha acelerado un proceso de «suavizado» de condenas que resulta insultante para cualquier ciudadano que crea en la libertad y el Estado de Derecho.
Los nombres de la infamia en 2026
Entre los casos más sangrantes destaca el de la exdirigente etarra Soledad Iparragirre, alias ‘Anboto’. Esta asesina y exdirigente etarra fue condenada por su implicación directa en más de una docena de asesinatos. Figura clave de la banda terrorista ya disfruta de un régimen que le permite estar fuera de prisión de lunes a viernes.
Otro nombre que genera profunda indignación es el de Ángel Tellería Uriarte, el etarra condenado por asesinar a la primera mujer policía en España, quien también pasea por las calles gracias a un plan de «tratamiento asistencial».
De igual forma se estaría aplicando en las últimas semanas a otros exmiembros de ETA ya conocidos, como Garikoitz Aspiazu Rubina alias Txeroki, considerado jefe de ETA hasta su detención en 2008, fue condenado en 2011 a 377 años de prisión por la Audiencia Nacional. Este entró en los programas de flexibilización penitenciaria que permiten salidas controladas de prisión de lunes a viernes para realizar actividades laborales o de voluntariado, con obligación de regresar al centro penitenciario a pernoctar.
Un plan orquestado para desmantelar la justicia
Desde el inicio de este año 2026, la administración penitenciaria vasca ha intensificado estas concesiones. Al menos seis exmiembros de ETA han obtenido la libertad condicional mediante resoluciones judiciales que benefician incluso a responsables de atentados especialmente sangrientos.
La estrategia es clara: sustituir el castigo penal por una reinserción laboral y social que ignora el daño irreparable causado a la nación y a miles de familias españolas.
El uso fraudulento del artículo 100.2
Las asociaciones de víctimas denuncian una aplicación «extensiva» de estos beneficios. Mientras el Gobierno de Sánchez mira hacia otro lado, el Gobierno Vasco utiliza los supuestos márgenes legales para que los internos condenados por terrorismo apenas pisen el centro penitenciario. Este fraude de ley encubierto atenta directamente contra quienes exigen una justicia justa y no una rendición política ante los asesinos de la banda terrorista.
La defensa de la dignidad y la unidad nacional
No podemos entender la defensa de la vida, de la libertad y de España sin proteger la memoria de quienes fueron asesinados precisamente por defender esos valores y la integridad territorial de nuestra patria. Permitir que 18 terroristas y asesinos vivan en semilibertad no es justicia; es una traición a los cimientos morales de nuestra sociedad. El derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas debe prevalecer sobre cualquier acuerdo político de conveniencia entre el Ejecutivo central y el nacionalismo.
La transferencia de las prisiones al Gobierno Vasco se ha convertido en el pasaporte de salida para quienes intentaron destruir España con las armas asesinado a miles de españoles.
Justicia o claudicación
La deriva de la política penitenciaria actual nos sitúa en un escenario peligroso donde el verdugo recibe más facilidades que las víctimas ni sus familiares. La reinserción no puede existir sin un cumplimiento íntegro de las penas y el arrepentimiento público, la colaboración con la justicia para esclarecer crímenes pendientes y el perdón expreso a las familias destrozadas. La unidad de España y el respeto a la vida exigen que el cumplimiento de las penas sea efectivo y ejemplar. No podemos permitir que la historia de nuestro país se escriba con la tinta de la impunidad, de injusticia y de humillación.
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