La iniciativa ha despertado preocupación entre quienes creen que el diálogo abierto y el apoyo psicológico son importantes para explorar emociones complejas de forma segura.
La prohibición de terapias de conversión en la UE ya figura en la agenda política de Bruselas. La Comisión Europea ha confirmado que dará seguimiento a una Iniciativa Ciudadana Europea para vetar en toda la Unión las prácticas que buscan modificar o suprimir la orientación sexual o la identidad de género. El debate comenzó en una audiencia pública en el Parlamento Europeo y promete un camino largo y controvertido. La cuestión no solo afecta a la salud, sino también a la libertad de conciencia, la familia y la soberanía nacional.
Actualmente, solo ocho Estados miembros han aprobado prohibiciones específicas: Malta abrió el camino en 2016, seguida de Alemania, Francia, Grecia, España, Bélgica, Portugal y Chipre. En otros países, como los Países Bajos, el debate parlamentario continúa abierto.
Bruselas impulsa la iniciativa: invasión competencial
La Comisión recordó durante la audiencia que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades en 1990 y sostuvo que “no hay nada que curar”. Con ese argumento, algunos eurodiputados defienden una directiva europea que prohíba estas prácticas en todos los Estados miembros.
Sin embargo, la regulación de la salud y la familia corresponde a cada nación. Esa realidad complica cualquier intento de imposición obligatoria en las naciones que las rechazan. El propio Ejecutivo comunitario reconoció que una eventual directiva requeriría el respaldo de los Estados, algo incierto en un ámbito políticamente sensible.
¿Eurodelito en el Tratado?
Entre las opciones que se barajan figura la adopción de una directiva específica. Otra alternativa, más ambiciosa, implicaría modificar los Tratados para incluir estas prácticas como “eurodelitos” en el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Incluso los eurodiputados favorables admiten que una reforma de ese calibre tardaría años.
Paralelamente, la Comisión ha iniciado un estudio para recopilar datos y evaluar el alcance real del fenómeno. No publicará conclusiones antes del primer trimestre de 2027. Ese calendario refleja la complejidad jurídica y política del asunto.
Expertos alertan: riesgo para la libertad y la familia
El think tank MCC Bruselas intervino antes de la audiencia para advertir sobre los riesgos de una legislación amplia y ambigua. La organización sostiene que el lenguaje de la iniciativa mezcla abusos históricos graves —como coerción o malos tratos— con situaciones muy distintas, que podrían incluir desde exploraciones terapéuticas legítimas hasta desacuerdos familiares. Es lo típico: a través del lenguaje deliberadamente confuso y ambiguo se introducen las imposiciones
Ashley Frawley,alertó de que una definición excesivamente amplia podría penalizar la psicoterapia exploratoria, el ejercicio prudente del juicio clínico o incluso la responsabilidad parental. El análisis también cuestiona la interpretación de la Encuesta LGBTIQ III de la Agencia de Derechos Fundamentales, ya que el término “prácticas de conversión” no aparecía claramente definido.
Criminalizar el diálogo y las terapias
La iniciativa ha despertado inquietud entre quienes consideran que el diálogo abierto y el apoyo psicológico resultan esenciales para quienes cuestionan su identidad de género, especialmente antes de adoptar decisiones médicas o quirúrgicas irreversibles. En muchos casos, estas conversaciones permiten explorar sentimientos complejos de forma segura y reflexiva, sin coerción.
Quienes critican la prohibición temen que, según su redacción final, la norma pueda criminalizar conversaciones legítimas entre padres e hijos o incluso entre una persona y su confesor religioso. Una legislación imprecisa puede invadir la libertad educativa, la libertad religiosa y la autonomía familiar.
Europa debe salvaguardar la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la responsabilidad de las familias. La prohibición de terapias de conversión en la UE no puede convertirse en una herramienta para limitar el debate académico ni para silenciar conversaciones.
Si Bruselas opta por la ambigüedad deliberada, el precio lo pagarán la libertad y la soberanía de las naciones.
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