Los inmigrantes ilegales «regularizados» se beneficiarán de las ayudas y podrán pedir el Ingreso Mínimo Vital cuando cumplan un año de «residencia legal»
Hoy en España resulta más rentable entrar ilegalmente que nacer, trabajar y cotizar como español.
El IMV para inmigrantes regularizados se ha convertido en una nueva decisión política que marca el rumbo social del Gobierno de Pedro Sánchez. A partir de ahora, los inmigrantes ilegales que obtengan la llamada “regularización extraordinaria” podrán solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) tras cumplir un año de residencia legal en España.
La medida no sorprende, pero sí indigna. Es mucho más que una medida para arañar votos. El Ejecutivo no solo promueve una política migratoria masiva, sino que consolida un sistema de ayudas que genera un claro efecto llamada. El mensaje resulta evidente: entrar de forma ilegal tiene premio.
“Hoy en España resulta más rentable entrar ilegalmente que nacer, trabajar y cotizar como español”.
Según las propias fuentes oficiales, una vez obtenida la regularización, estos inmigrantes podrán trabajar desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país. Además, pasado un año, tendrán acceso al IMV en las mismas condiciones que cualquier ciudadano.
El IMV se suma así a una larga lista de beneficios sociales que el Gobierno concede a los inmigrantes ilegales sin exigir nada a cambio. Mientras tanto, miles de españoles que han cotizado durante décadas encuentran obstáculos burocráticos para acceder a las mismas ayudas. Hoy en España resulta más rentable entrar ilegalmente que nacer, trabajar y cotizar como español.
Un sistema de ayudas que incentiva la ilegalidad
El planteamiento del Ejecutivo rompe cualquier principio de justicia social. El Gobierno transmite la idea de que resulta más rentable llegar sin papeles que cumplir la ley desde el primer día. El propio texto oficial reconoce que para percibir el IMV “se exigirá una residencia legal y continuada de un año en el país”. Sin embargo, ese estatus legal nace de una regularización automática que borra de un plumazo la entrada ilegal.
El IMV para inmigrantes regularizados no se limita a cubrir situaciones de emergencia. Se integra en una estrategia política que transforma el sistema de bienestar en un instrumento ideológico. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el IMV ha llegado en enero a 798.312 hogares, donde viven 2.441.675 personas. La cifra ya resulta descomunal para una economía endeudada y con una natalidad en mínimos históricos.
Lejos de reforzar a las familias españolas, este Gobierno apuesta por ampliar el gasto social sin control y sin criterios de prioridad nacional. Esta política no combate la pobreza. Alimenta la dependencia, erosiona la cohesión social y castiga al contribuyente que sostiene el sistema.
Reemplazo demográfico y pérdida de identidad
Este IMV para inmigrantes refleja un modelo de país que renuncia a proteger a los suyos. España sufre una grave crisis demográfica, pero el Ejecutivo no apoya la natalidad ni fortalece la familia natural. En lugar de invertir en ayudas directas a los hogares españoles, opta por importar población a través de una inmigración masiva y desordenada, en particular la africana y la marroquí. El resultado no es integración, sino sustitución cultural, religiosa y social. Es el reemplazo poblacional.
Cada nueva regularización consolida una transformación social profunda. Se diluyen las raíces, se debilita la identidad nacional y se rompe la continuidad histórica de España. El mensaje político resulta inquietante: el español pasa a segundo plano, mientras el recién llegado recibe ventajas inmediatas. España deja de proteger su esencia para convertirse en un territorio administrado por criterios globalistas, donde la nación pierde valor frente a la agenda política.
Un país que deja de proteger a los suyos
Esta estrategia no defiende la justicia social. Defiende una ingeniería demográfica que pone en riesgo la identidad, la cultura, la religión y la estabilidad de España, en definitiva, su identidad y esencia.
La solidaridad no puede construirse a costa de los propios ciudadanos. Si el Gobierno de Sánchez continúa por este camino, España dejará de ser España. No por evolución natural, sino por una decisión política que sustituye a su pueblo por un modelo sin raíces, sin historia y sin futuro. El problema es que es esto precisamente lo que quiere Sánchez.
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José María Romero | escritor
