El Gobierno de Irlanda avanza sin freno para imponer la censura y limitar la libertad de expresión pese al rechazo del 83% de los ciudadanos.
La consulta pública reveló un rechazo masivo, pero el ministro de Comunicaciones, Patrick O’Donovan, insiste en que el Estado debe controlar lo que llama “chismes” en internet. El plan no busca proteger la verdad, sino blindar al poder político frente a las críticas.
Una estrategia de censura disfrazada de seguridad
El Gobierno de Irlanda pretende financiar medios tradicionales y nuevos periodistas bajo el pretexto de garantizar “fuentes confiables”. Sin embargo, esas fuentes serán seleccionadas por el propio Ejecutivo.
El proyecto nunca evaluó el impacto en la libertad de expresión, a pesar de que esta fue la principal preocupación ciudadana. En otras palabras, el Gobierno escucha al pueblo, pero ignora sus advertencias.
La estrategia no combate las mentiras, sino que consolida un control estatal de la información, reduciendo al ciudadano a un receptor pasivo. Esta deriva amenaza con transformar a Irlanda en un laboratorio de censura occidental.
El rechazo ciudadano frente a la imposición del poder
El Gobierno de Irlanda recibió una respuesta clara: el 83% de las participaciones en la consulta rechazaron el plan. Los ciudadanos señalaron el peligro para la privacidad y la libre expresión.
Lejos de rectificar, Patrick O’Donovan respondió con arrogancia. Justificó la estrategia asegurando que el Estado debe decidir qué información es válida y qué no. Se trata de un paso más hacia un modelo totalitario, donde la verdad oficial sustituye a la libertad de expresión. Lo mismo que en los regímenes comunistas.
Este choque entre pueblo y élite dictatorial refleja la misma dinámica que se observa en otros países bajo la agenda globalista: gobiernos que desprecian la voluntad popular mientras fortalecen su control.
Control informativo: financiar a los sumisos
El Gobierno de Irlanda no solo censura; también compra lealtades. Su plan incluye subvenciones a medios tradicionales y ayudas a periodistas que acepten difundir la línea oficial.
El resultado será un sistema mediático dependiente del poder político, donde las voces críticas quedarán marginadas o silenciadas. No se fomenta el pluralismo, sino una prensa domesticada que reproduce la propaganda del Estado.
Una vez más, Irlanda se convierte en ejemplo de cómo la Unión Europea impulsa leyes que limitan la soberanía y reducen libertades fundamentales.
Irlanda como ejemplo de la agenda globalista
Esto se inserta en un marco más amplio: la obsesión globalista por controlar la información bajo el pretexto de la “seguridad digital”.
Lo que en apariencia busca proteger la democracia, en realidad erosiona sus cimientos. Sin libertad de expresión, no existe auténtico debate político. Sin debate, no hay posibilidad de defender la verdad frente a la mentira oficial.
Este tipo de medidas recuerdan a la Ley de Servicios Digitales de la UE, que también persigue acallar a las voces críticas en nombre de la lucha contra la “desinformación”. Irlanda actúa como pionera de un modelo que amenaza con extenderse a toda Europa.
La libertad de expresión en peligro
El Gobierno de Irlanda no solo restringe contenidos, también genera miedo. Los ciudadanos, al saber que sus opiniones pueden ser etiquetadas como “chismes” o “desinformación”, optarán por autocensurarse.
Ese es el objetivo último: callar a la mayoría, promover la obediencia y reducir la capacidad de resistencia frente al poder. La libertad de expresión deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio controlado por el Estado.
Lo más grave es que este control no distingue entre verdad y mentira. Lo que se etiqueta como “desinformación” no depende de hechos objetivos, sino de intereses políticos. Una crítica al Gobierno puede ser censurada aunque sea cierta, mientras que la propaganda oficial se presenta como incuestionable aunque sea mentira.
La estrategia no protege a la sociedad, la debilita. El plan de financiar medios sumisos y silenciar voces críticas convierte a Irlanda en un laboratorio del totalitarismo digital.
España debe mirar este ejemplo con atención. La misma agenda globalista que impulsa Irlanda se encuentra en la Agenda 2030, en las políticas de Bruselas y en las propuestas de la izquierda española.
