España: más cerca de una dictadura que de una democracia

España se hunde en la corrupción y la degradación institucional. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional ha situado a nuestro país en el puesto 46 de 180 naciones, por detrás de Ruanda o Botsuana. España ya no es simplemente una «democracia defectuosa» como se la cataloga en dicho informe, sino que está en camino de convertirse en una democracia fallida.

Desde su creación en 1995, el IPC ha sido el principal referente mundial en la medición de la corrupción en el sector público. Basado en datos de 13 fuentes externas, este índice evalúa la percepción de expertos y empresarios sobre la transparencia gubernamental. El resultado para España es alarmante: una puntuación de 56 sobre 100, con una caída de cuatro puntos en solo un año y un retroceso de diez posiciones en el ranking global.

El deterioro de la democracia en España no es casualidad, sino el resultado directo de la política de Pedro Sánchez. Año tras año, su gobierno, con múltiples casos de corrupción, ha intensificado el control sobre las instituciones, la justicia y los medios de comunicación, en una deriva más propia de regímenes autoritarios que de democracias.

La corrupción y la manipulación institucional ejercido por Sánchez han marcado el camino del Ejecutivo:

Control partidista del poder judicial: El control del poder judicial y por tanto, la independencia judicial, se ha visto gravemente comprometida por decisiones que favorecen al gobierno y obstaculizan a la oposición.

Manipulación de los medios de comunicación: Las grandes cadenas y diarios nacionales han sido progresivamente alineados, a través de subvenciones millonarias, con la narrativa oficialista, limitando el acceso a la información objetiva.

Corrupción en la contratación pública: La falta de controles efectivos y la politización de las administraciones han permitido la proliferación de contratos a medida para beneficiar a grupos afines.

Desmantelamiento de las instituciones autonómicas: En muchas Comunidades Autónomas se ha observado un uso partidista de los recursos públicos, debilitando el funcionamiento democrático.

Todo ello ha provocado que España comparte su vergonzoso puesto 46 en el IPC con países como Chipre, República Checa y Granada. Incluso países históricamente menos desarrollados en términos democráticos, como Ruanda y Botsuana, han logrado situarse por encima de España en transparencia y calidad institucional. El Índice de Percepción de la Corrupción de 2024 confirma lo que muchos ciudadanos ya perciben: nuestro país se desliza hacia un modelo donde el poder del gobierno no tiene frenos y las instituciones son meras herramientas partidistas.

El modelo actual impulsado por el gobierno socialista está alejando a España de las democracias consolidadas. Cada vez más, el país se asemeja a una nación donde el Ejecutivo impone sus decisiones por decreto, sin control parlamentario, sin respeto a los principios de separación de poderes, sin rendición de cuentas y sin oposición real. Esto es, una dictadura.

Los organismos internacionales que califican a España como «democracia defectuosa» pone en evidencia la falta de garantías democráticas en el país. Sin embargo, el término más adecuado para describir nuestra situación es el de «democracia fallida», donde las instituciones han dejado de ser un contrapeso real al poder. Un Estado donde la corrupción, el control mediático y la manipulación del poder judicial son la norma y no la excepción.

La pregunta que debemos hacernos es si España tiene capacidad de revertir este deterioro o si seguirá el camino de otros países donde la corrupción y el autoritarismo han destruido por completo la democracia.

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