La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación por difundir bulos sobre el Covid-19 en redes sociales que denunció Podemos por un supuesto delito de injurias y calumnias al Gobierno. La denuncia argumentaba que la difusión de esos mensajes a través de las redes sociales tendría por objetivo alarmar a la población y provocar que determinados servicios públicos encargados de la prestación de auxilio a la ciudadanía actuaran.
Concretamente, se refería a la difusión desde un perfil de una fotografía en la que aparecen decenas de ataúdes bajo las siglas de PSOE y una referencia del Covid-19 y con la leyenda «la foto por la que están investigando a decenas de policías y sanitarios». La denuncia de Podemos apuntaba que esa fotografía corresponde a una tragedia acaecida en Lampedusa años atrás.
La formación morada también denunciaba la difusión de un vídeo en el que se veían cadáveres apilados en bolsas y se decía que las imágenes eran del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, cuando realmente pertenecía a una grabación del hospital de Guayaquil (Ecuador). Según Podemos, estos hechos eran constitutivos de delito contra las altas instituciones del Estado, de desórdenes públicos y de integración en organización criminal.
En su escrito de archivo, la Fiscalía sostiene que los hechos denunciados no constituyen delito alguno y que «gozan del amparo del derecho fundamental a la libertad de expresión». El Ministerio Público añade que como todos los derechos, la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y por tanto se ha desarrollado «abundante doctrina sobre sus límites».
Por este motivo, se destaca que esa libertad de expresión ha de gozar de un amplio cauce «generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura», y, siguiendo con la doctrina del TC, los límites han de ser ponderados con «exquisito rigor». Así, la Fiscalía recalca que si bien es consciente de los aspectos reprobables de esos tuits, «estima el imperativo constitucional de respeto a la libertad de expresión que impide extraer conclusiones penales».
Subraya que esos mensajes pueden ser interpretados como producto de la intencionalidad crítica en el terreno político a las personas que ostentan cargo público, e insiste en el escrito que los hechos no constituyen un delito de injurias y calumnias al Gobierno ya que en realidad ambos mensajes son «meras manifestaciones críticas contra la acción del Gobierno a raíz de su gestión de la pandemia».
«Responden a la realidad constatada oficialmente«
Según la Fiscalía, el hecho de que la fotografía y el vídeo no correspondan a la tragedia actual, «no es un dato relevante a la hora de considerar los hechos como constitutivos de una injuria». Y van más allá, al afirmar que sin embargo, «en esencia si responden a la realidad constatada oficialmente y que es la de que en nuestro país están muriendo miles de ciudadanos como consecuencia del virus».
«Es decir, la fotografía y el vídeo que acompañan a las críticas al Gobierno pueden no corresponder realmente a imágenes exactas de la tragedia actual, pero eso no es dato relevante (*) , la imagen sí obedece a la realidad en el enorme número de fallecimientos que obligó a la Comunidad de Madrid a habilitar tanatorios en pistas de hielo», incide el escrito del fiscal.
Además, tampoco ve en los hechos delito de desordenes públicos y tampoco indicios de supuesta organización criminal, y recuerda que si bien las redes sociales hacen que determinados contenidos se difundan de manera exponencial, esto no quiere decir que existan cuentas falsas ni que estén dirigidas por una organización. Por todo ello, concluye la Fiscalía que lso hechos no pueden ser perseguidos penalmente.
(Miguel Ángel Pérez. Libertad Digital)
