⏲ Tiempo estimado de lectura: 4 minutos
La Fundación Española de Abogados Cristianos exige al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que revise las sanciones impuestas al profesor de Biología Jesús Luis Barrón López, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmara la obligación de tramitar su solicitud de revisión de oficio. Este varapalo judicial deja al descubierto el sectarismo ideológico que practica la Administración madrileña, capaz de perseguir en los tribunales a un docente por enseñar fundamentos científicos básicos mientras presume públicamente de defender la libertad en las aulas.
La sentencia 731/2026, de 30 de octubre, desestima el recurso de apelación que presentó la Comunidad de Madrid contra una resolución judicial de octubre de 2024 que ya ordenó admitir a trámite la solicitud del docente. Con este fallo, los magistrados tumban los intentos dilatorios del Ejecutivo regional para dar carpetazo a un expediente disciplinario que vulnera principios constitucionales elementales.
El castigo por explicar la biología en el IES Complutense
El origen de esta persecución administrativa se remonta a hace cuatro años. La Consejería de Educación sancionó en febrero de 2022 al profesor, quien impartía Biología y Geología en el IES Complutense de Alcalá de Henares, con cuatro meses de suspensión de funciones por una falta grave y otros dos meses por una segunda infracción disciplinaria. El docente sostiene que el verdadero detonante del expediente radicó en su explicación sobre la existencia de únicamente dos sexos biológicos y la diferenciación cromosómica XX y XY, una realidad científica que choca con los dogmas de género que el Gobierno de Ayuso asume en la práctica.
En su solicitud de revisión de oficio, el profesor alegó la posible vulneración de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de cátedra, la libertad de expresión y la tutela judicial efectiva. Sin embargo, lejos de amparar al funcionario, la Consejería de Educación inadmitió esa solicitud argumentando que el asunto ya pasó por los tribunales.
Ahora, el TSJM desmonta la coartada burocrática del Ejecutivo autonómico. El tribunal considera que el procedimiento judicial anterior únicamente examinó si el recurso administrativo entró fuera de plazo, sin pronunciarse jamás sobre la legalidad de las sanciones. De este modo, la nueva resolución obliga a la Administración madrileña a tramitar el procedimiento de revisión de oficio hasta su conclusión, previo dictamen del órgano consultivo correspondiente, una función que en la Comunidad de Madrid desempeña la Comisión Jurídica Asesora.
La hipocresía del Gobierno de Ayuso frente al adoctrinamiento en las aulas
La sentencia llega en plena polémica por las medidas que anunció el Gobierno de Ayuso para combatir supuestamente el adoctrinamiento ideológico en los centros educativos. La Consejería de Educación anunció instrucciones para reforzar la neutralidad institucional y docente y evitar la difusión de mensajes políticos o partidistas en los centros escolares. Sin embargo, estas medidas provocaron el rechazo de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (ADIMAD), que niega categóricamente la existencia de adoctrinamiento político o ideológico en las aulas públicas madrileñas y rechaza asumir funciones de vigilancia de mensajes políticos.
En este escenario, el doble rasero del Ejecutivo regional resulta escandaloso. Abogados Cristianos considera contradictorio que el Gobierno del Partido Popular en Madrid anuncie medidas contra el adoctrinamiento mientras su propia Consejería de Educación continúa oponiéndose judicialmente a la revisión de unas sanciones que el profesor considera contrarias a su libertad de cátedra. La Fundación reclama al Ejecutivo autonómico que explique por qué mantuvo su oposición a la revisión del expediente y que garantice el cumplimiento de la nueva resolución judicial.
Exigencia de rectificación inmediata a la Consejería de Educación
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia sin rodeos la incoherencia política del Ejecutivo madrileño y declara:
«Es incomprensible que un Gobierno del Partido Popular anuncie medidas contra el adoctrinamiento mientras sigue defendiendo las sanciones a un profesor que explicó que sólo existen dos sexos biológicos. El PP tiene que demostrar con hechos que defiende la libertad de enseñanza. No basta con hacer anuncios mientras su propia Consejería se opone a revisar un expediente en el que se denuncia la vulneración de derechos fundamentales».
Asimismo, Castellanos alerta sobre la complicidad de quienes niegan la presión ideológica que sufren los docentes en los institutos públicos y añade:
«Resulta especialmente preocupante que haya directores de institutos que nieguen tajantemente la existencia de adoctrinamiento en las aulas. No se puede descartar un problema sin examinar las denuncias concretas. Lo que necesitamos son garantías para que ningún profesor tenga miedo de explicar contenidos científicos por presiones ideológicas y para que los alumnos reciban una educación libre de imposiciones políticas».
Finalmente, la Fundación exige a la Consejería de Educación que acate de inmediato la resolución judicial, tramite la revisión de oficio sin más maniobras obstruccionistas y deje sin efecto unas sanciones que evidencian el sectarismo del Gobierno de Ayuso.
Tags: Educación, Ayuso, Madrid, Biología, TSJM, Sanciones, Libertad




