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La consolidación de la cultura de la muerte en el corazón de Europa.
Los últimos datos publicados por la Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia en Bélgica, y recogidos por El Debate, confirman que la eliminación activa de personas enfermas por medio de la eutanasia dejó de ser una medida excepcional. El balance oficial de octubre de 2025 demuestra cómo la cultura de la muerte se introduce en las estructuras asistenciales, transformando el deber médico de proteger la vida en una administración burocrática de la eiminación selectiva.
Los Países Bajos y Bélgica lideraron la legalización de la eutanasia en Europa, estableciendo un precedente que hoy imitan otras naciones bajo falsas premisas de compasión y autonomía. La normalización de la eutanasia en la sociedad belga ofrece un espejo en el cual mirarse, evidenciando que la apertura de marcos legales para el suicidio asistido genera una pendiente resbaladiza de consecuencias devastadoras. Lo que inicialmente se publicitó como un recurso de última instancia para dolores intolerables e incurables, se convierte en un mecanismo ordinario de gestión hospitalaria que elimina a los ciudadanos más débiles y vulnerables
La preocupante progresión de las eutanasias
Las cifras oficiales del año 2025 desvelan la magnitud del problema en un territorio con una población significativamente menor que la de otros estados europeos. Mientras en España, desde la entrada en vigor de la ley en junio de 2021 hasta finales de 2025, se registraron un total de 3.716 solicitudes, de las cuales 1.668 terminaron en una eutanasia, el escenario belga adquiere dimensiones masivas. Un país que posee cuatro veces menos habitantes que la nación española registró solo en el último año 2025 un total de 4.487 muertes provocadas por esta vía.
Este volumen de eliminaciones inducidas representa ya el 4 % de todos los muertos registrados en territorio belga durante el año. La proporción de personas eutanasiadas se ha más que duplicado en apenas cinco años, demostrando la rapidez con la que el sistema sanitario asimila la lógica del descarte. En el año 2020, las autoridades contabilizaron 2.445 muertes por eutanasia, una cifra que equivalía al 1,9 % del total general. Cinco años después, el ascenso hasta los 4.487 casos evidencia un crecimiento interanual desbocado. Solo en el corto periodo comprendido entre 2024 y 2025, los fallecimientos directos aumentaron un 12,43 %, al pasar de 3.991 a 4.487 casos.
Desde la legalización de la ley en el año 2002, más de 42.000 personas murieron mediante eutanasia en Bélgica. Si se compara este escenario con el año 2003, el primer año completo de aplicación de la norma donde se registraron 235 casos, queda demostrada la alarmante expansión ideológica y médica de esta práctica.
El desamparo de pacientes vulnerables
El aspecto más alarmante y moral y éticamente condenable del informe radica en el incremento de las intervenciones a sujetos cuya muerte natural no se esperaba a corto plazo. La cultura de la muerte ya no exige la inminencia del fallecimiento para justificar la inyección letal. En 2025, la comisión registró 1.117 casos de esta índole, frente a los escasos 311 casos del año 2020. Este cambio de criterio supone un incremento del 259,16 % en cinco años, confirmando que la eutanasia se aplica de forma sistemática a personas con décadas de vida potencial por delante.
Las personas que padecen trastornos psiquiátricos, procesos iniciales de demencia o desórdenes afectivos entran ahora en los supuestos de aplicación común. La salud mental y el deterioro cognitivo sufren una desprotección absoluta bajo este modelo. Durante el año 2025, un total de 77 personas recibieron la eutanasia con un trastorno psiquiátrico registrado como causa principal, reflejando un aumento del 34,55 % respecto al ejercicio previo. Las muertes motivadas por diagnósticos de demencia subieron a 77 fallecimientos en 2025, frente a las 56 muertes de 2024, consolidando un incremento del 250 % en comparación con los registros de 2018. El sufrimiento psicológico y la debilidad mental reciben como única respuesta institucional la muerte, en lugar del cuidado, el afecto y la terapia.
La desprotección de los menores de edad
La laxitud de los controles y la pérdida del sentido de la dignidad humana facilitan la aparición de categorías subjetivas que degradan el valor intrínseco de la vida. A lo largo de los años 2024 y 2025, los documentos de registro oficiales catalogaron a un total de 532 personas bajo la premisa de estar afectadas por un «cansancio de vivir». La existencia humana queda reducida a un estado de ánimo prescindible, validando legalmente el abandono y la eliminación de quienes sufren la soledad o el vacío existencial. Asimismo, las leyes belgas desamparan por completo a la infancia, registrando la muerte de dos menores de 18 años mediante eutanasia durante este bienio: uno en el año 2024 y otro en el año 2025.
El informe de la comisión también detalla la aplicación de estas medidas a través de declaraciones anticipadas de voluntad. Un total de 15 personas murieron por este método durante los dos años analizados, ejecutándose el procedimiento sin que los pacientes pudieran confirmar o revocar su consentimiento en el momento exacto de la intervención. Del mismo modo, el documento contabiliza el fallecimiento simultáneo de 13 parejas que recibieron la eutanasia de forma conjunta, un fenómeno social inédito que muestra la distorsión del matrimonio y del acompañamiento familiar ante la presión de la ideología antinatalista.
Rechazo de colectivos y agentes sociales
La organización británica Right To Life UK, partidaria de reforzar los cuidados paliativos, alertó con firmeza sobre la evolución destructiva de estas cifras en el continente. Su director ejecutivo, Alisdair Hungerford-Morgan, considera «profundamente alarmante» que el peso de las muertes por eutanasia sobre el total se haya duplicado en cinco años y advierte del incremento registrado entre personas con demencia. La entidad provida subraya la urgencia de cambiar radicalmente el rumbo de las políticas asistenciales de los estados frente a la vulnerabilidad.
«Las personas que sufren problemas de salud mental o física merecen protección y los mejores cuidados posibles, no una vía hacia el suicidio», sostiene. Esta advertencia pone en evidencia la necesidad inapelable de sustituir las leyes de muerte por redes eficaces de cuidados paliativos y acompañamiento integral. La experiencia de Bélgica demuestra que cuando una sociedad renuncia a la defensa incondicional de la vida desde su inicio hasta su término natural, la sanidad pública deja de curar para convertirse en un agente de eliminación masiva de sus ciudadanos más débiles.
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