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La parálisis legislativa y la falta de voluntad política del Ejecutivo vuelven a colocar bajo sospecha la limpieza del proceso electoral en España. A las puertas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) sigue sin recoger explícitamente el control estricto del voto por correo en su articulado según The Objective. Esta flagrante omisión normativa persiste a pesar de las alarmas internacionales y de los escandalosos precedentes de manipulación que empañaron los comicios locales de mayo de 2023. Pedro Sánchez prefiere ningunear su responsabilidad institucional antes que impulsar una reforma legal profunda que blinde las urnas contra el fraude, demostrando una preocupante falta de voluntad política a la hora de afrontar las grietas de nuestro sistema electoral. Permite y promociona el fraude con su inacción deliberada.
Actualmente, la obligación de mostrar una identificación oficial al entregar el sobre en la oficina postal depende únicamente de una instrucción provisional de la Junta Electoral Central (JEC) aprobada en junio de 2023. Aunque el operador público aplica esta comprobación en la práctica, carece de un respaldo legislativo firme con rango de ley orgánica. Si un ciudadano no puede subsanar un error de acreditación antes del vencimiento de los plazos, pierde por completo su derecho al sufragio, ya que la mera aceptación de la solicitud postal le impide votar de forma presencial en su mesa asignada. Esta situación expone al sistema a previsibles impugnaciones jurídicas debido a la debilidad de la cobertura legal actual.
Las advertencias de la OSCE y el origen del parche normativo
El parche regulatorio que hoy rige el proceso postal nació de la emergencia y el escándalo criminal. La Junta Electoral de Zona de Melilla tuvo que actuar de urgencia el 17 de mayo de 2023 tras registrarse robos de documentación electoral a los propios carteros. Pocos días después, las fuerzas de seguridad detuvieron a varios implicados en una investigación judicial por presunta compra de votos. La JEC extendió entonces la obligación de identificarse a todo el territorio nacional para los sobres dirigidos a Melilla, convirtiendo finalmente esa excepción en la regla general mediante la Instrucción 5/2023.
Los observadores internacionales captaron de inmediato la fragilidad de este mecanismo provisional. La oficina electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) determinó en su informe final que, si bien la comprobación reforzaba la confianza ciudadana, el Parlamento debía incorporar este requisito de forma permanente en la propia ley para garantizar la seguridad jurídica. Sin embargo, Sánchez ha ignorado sistemáticamente esta directiva internacional, perpetuando un ecosistema de vulnerabilidad y fraude que beneficia la opacidad y debilita las garantías electorales de los 38.728.356 electores convocados para el 29-N.
El veto sistemático del Ejecutivo a las reformas contra el fraude
La falta de control en el voto por correo no responde a un simple olvido administrativo, sino a una estrategia deliberada de bloqueo político por parte del gobierno de Sánchez. En junio de 2025, el grupo parlamentario Vox registró una proposición de ley para modificar el artículo 73.3 de la Loreg con el objetivo de exigir el Documento Nacional de Identidad en el momento de la entrega postal. La propuesta también introducía una medida de transparencia básica: separar el recuento de los votos físicos de los postales para consignar ambos resultados de manera independiente. El Gobierno de Sánchez recurrió de inmediato al veto presupuestario bajo el amparo del artículo 134.6 de la Constitución, logrando que la Mesa del Congreso impidiera el debate parlamentario en septiembre de ese mismo año.
La historia de obstrucción institucional se repitió en junio de 2026, cuando el bloque gubernamental socialista-comunista rechazó en el pleno otra iniciativa similar que insistía en la separación de los recuentos. Al escudarse en tecnicismos económicos y mayorías parlamentarias de conveniencia, el presidente demuestra un pánico absoluto a introducir luz y taquígrafos en el sistema postal. La orden del Gobierno para las presentes elecciones sigue remitiendo a la instrucción de la Junta Electoral, una dejación de funciones intolerable que confirma que Sánchez promueve un posible fraude electoral.
Incertidumbre logística y exclusión de votantes ante la cita electoral
El desinterés gubernamental afecta también a la gestión operativa de Correos y a los derechos materiales de los ciudadanos. Los sindicatos CSIF y CCOO denunciaron a finales de octubre que la dirección de la empresa estatal todavía no concretaba las cifras de contratación de refuerzo para una jornada en la que 1.615.127 jóvenes votarán por primera vez. Frente a los más de 21.000 contratos de la anterior cita general, los representantes de los trabajadores exigen un mínimo de 15.000 a 20.000 efectivos para evitar el colapso de las oficinas antes de los plazos límite del mes de noviembre.
El inmovilismo del presidente mantiene además situaciones de total indefensión para el electorado. La OSCE ya advirtió sobre el vacío legal que sufren los ciudadanos que, tras ver aceptada su solicitud de voto postal, nunca reciben la documentación en sus domicilios por fallos de reparto. La actual legislación les impide por completo ejercer el derecho al voto en persona, arrebatándoles el sufragio de forma irreversible. Esta tiranía de la burocracia, sumada a la desatención de problemas de accesibilidad detectados en los colegios y a la ausencia de formación obligatoria para los miembros de las mesas, retrata a un Gobierno que prefiere convivir con la sombra del fraude electoral antes que corregir las deficiencias que amenazan la limpieza de nuestras urnas. O quizás por eso…
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