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Cientos de asesinatos sin resolver, excarcelaciones y avances en sus objetivos separatistas
Hoy martes 20 de octubre se cumplen quince años del anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA. Aquel día de 2011, tres encapuchados etarras anunciaron por vídeo el final de una campaña de asesinatos que duró más de cinco décadas y con más de 850 muertos. La organización terrorista supuestamente se disolvió en mayo de 2018.. Sin embargo, el paso del tiempo demuestra que la supuesta desaparición de la banda asesina es una farsa trágica. ETA no se ha disuelto, simplemente se ha dado cuenta de que ya no le interesa matar para conseguir sus objetivos separatistas y de ruptura de España. Es un mero cambio de método, pero el proyecto totalitario sigue funcionando a pleno rendimiento. Ahora la estrategia se centra en conseguir el control de las instituciones de Vascongadas y mantener al Ejecutivo de Pedro Sánchez a costa de cesiones permanentes a su brazo político, Bildu.
El aniversario llega en un escenario de profunda impunidad, con cientos de asesinatos aún sin esclarecer judicialmente e investigaciones bloqueadas contra antiguos dirigentes. La Audiencia Nacional sigue examinando atentados de hace décadas, mientras las familias de las víctimas claman por una justicia real que las instituciones les niegan. En paralelo, el año 2026 asiste a una humillante procesión de libertades condicionales, progresiones penitenciarias y excarcelaciones masivas de presos terroristas.
Impunidad judicial y los crímenes ocultos de la banda
La magnitud de los crímenes pendientes no puede reducirse a una sola cifra, sino al dolor de miles de familias españolas. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) identificó en 2021 un total de 315 asesinatos sin esclarecer judicialmente, mientras una misión del Parlamento Europeo examinó ese mismo año una petición sobre 379 casos. Son recuentos históricos con criterios distintos, no cifras de procedimientos abiertos en 2026: algunas causas fueron archivadas y otras plantean gravísimos problemas de prescripción que benefician a los verdugos asesinos.
Estas acciones judiciales demuestran que el Estado de Derecho arrastra una deuda pendiente con las víctimas, a quienes se pretende silenciar en aras de una supuesta convivencia ficticia impuesta desde los despachos oficiales.
El goteo constante de excarcelaciones y privilegios en las prisiones
La otra vertiente de este aniversario se libra en los centros penitenciarios, convertidos en oficinas de beneficios políticos. Según los datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la AVT, al menos nueve antiguos presos de ETA han obtenido la libertad condicional en 2026. Entre ellos figuran terroristas con largos historiales criminales como Iñaki Reta, Arkaitz Agote, Mikel Ayensa, Juan Manuel Inciarte, Aitor Olaizola, Alicia Sáez de la Cuesta, José María Novoa, Iratxe Yáñez y Asier Rodríguez López, cuya medida fue conocida el 26 de mayo.
Entre los casos más sangrantes destaca el de Aitor Olaizola, condenado por el asesinato del mosso d’esquadra Santos Santamaría mediante un coche bomba en Roses en 2001. Olaizola accedió a la libertad condicional el 30 de marzo, después de pasar 25 años en prisión. Asimismo, Julen Atxurra Egurrola, alias Pototo, antiguo responsable del aparato logístico de ETA y condenado por ordenar el cruel secuestro de José Antonio Ortega Lara, salió de prisión el 14 de abril por la extinción del periodo máximo de cumplimiento. Esta salida se produjo después de que la Audiencia Nacional le computara 6.334 días de cárcel en Francia conforme a la polémica reforma legal de 2024.
La indignación social aumentó en septiembre con la progresión al tercer grado de Henri Parot, condenado por numerosos atentados y 39 asesinatos. El Gobierno vasco aprobó la medida, aunque la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión por considerarla totalmente prematura. En el mismo mes, Soledad Iparraguirre, Anboto, obtuvo un régimen flexible de salidas entre semana, mientras Idoia Mendizábal recibió una progresión a tercer grado. El 14 de octubre el Gobierno vasco volvió a conceder el tercer grado a Juan Antonio Olarra Guridi, solo tres meses después de que un juez revocara una decisión anterior idéntica. El balance oficial de mediados de octubre cifra en 105 los presos de ETA en cárceles vascas, con 70 de ellos disfrutando ya de alguna modalidad de semilibertad.
El blanqueamiento de Bildu y la ruptura institucional de España
Es una farsa absoluta afirmar que ETA ha terminado. La organización criminal simplemente ha cambiado de método de forma temporal para conseguir sus fines históricos de desmembración nacional. El actual Gobierno de la nación sostiene su gobernabilidad sobre los herederos políticos de los asesinos, permitiendo que las estructuras de los proetarras de Bildu actúen como el árbitro de la política española. A través del dominio de las instituciones autonómicas y locales, el separatismo avanza con pasos firmes hacia la ruptura de España, obteniendo por la vía parlamentaria las cesiones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les impidieron lograr mediante el terror y asesinatos de las armas. Quince años después, la desaparición de los comandos no ha traído la derrota del proyecto de ETA; al contrario, ha acelerado su victoria política gracias a la complicidad de quienes priorizan el poder sobre la dignidad y la justicia. ETA está ganando.
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