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La era Sánchez ha dejado 150 subidas de impuestos, 600.000 millones de euros más de deuda pública, peores servicios y empobrecimiento general.
España nunca ha recaudado tanto y, sin embargo, casi todo lo que depende del Estado funciona peor.
La política económica de Pedro Sánchez ejecuta un castigo implacable contra el bolsillo de los ciudadanos, configurando un legado de asfixia fiscal, endeudamiento descontrolado y un empobrecimiento generalizado que asola a la nación. Bajo el pretexto del sostenimiento de lo público, Sánchez ha perpetrado un vaciado sistemático de las rentas medias y del tejido empresarial, demostrando que su modelo extractivo prioriza la opulencia del aparato estatal frente a la prosperidad de los administrados. España nunca había recaudado tanto y, sin embargo, casi todo lo que depende del Estado funciona peor, una paradoja sangrienta que evidencia que el problema actual de España no estriba en una falta de medios, sino en un fracaso absoluto de su modelo de gestión.
El asalto tributario y la confiscación del ahorro privado
La voracidad impositiva del sanchismo se manifiesta a través de un laberinto de reformas al alza que inciden con dureza sobre la tributación ordinaria, la cotización empresarial, el ahorro y la inversión. En ocho años al frente del Ejecutivo, aprobó 150 subidas de impuestos: 63 impuestos de forma explícita por Sánchez mediante cambios normativos, 46 derivados de la falta de actualización de impuestos frente a la inflación y 32 asociados a revisiones catastrales. Al historial se añaden 15 nuevos tributos establecidos en lo que va de 2026. Esta incesante actividad recaudatoria no responde al azar, sino a una voluntad deliberada de confiscar el ahorro privado, El Ejecutivo utiliza la inflación como un impuesto encubierto y perverso, rechazando de forma deliberada la deflactación de la tarifa del IRPF para confiscar el poder adquisitivo de los trabajadores mientras las arcas públicas celebran ingresos de carácter récord. Este sistema desincentiva el dinamismo comercial y penaliza el esfuerzo diario, convirtiendo a los ciudadanos en siervos de una maquinaria burocrática que fagocita los recursos que con tanto sudor genera la actividad privada.
La presión es de tal magnitud que el Estado absorbe de manera directa más de la mitad del coste laboral de un asalariado medio si sumamos las cotizaciones, el impuesto sobre la renta, el IVA y los diferentes tributos locales y especiales. Las familias españolas destinan la mayor parte de su vida laboral exclusiva a sufragar los desmanes presupuestarios de un Ejecutivo que premia el clientelismo en detrimento de la productividad. Esta brutal transferencia de renta destruye la capacidad de consumo de los hogares, estrangula los márgenes de las pequeñas y medianas empresas y expulsa los capitales extranjeros que huyen ante la inseguridad jurídica de un marco fiscal confiscatorio.
La losa de la deuda pública y el pozo del gasto corriente
Lejos de aprovechar la coyuntura de ingresos históricos para sanear las cuentas de la nación, el Gobierno de Sánchez alimenta un pozo sin fondo de gasto corriente, expansivo y puramente electoralista. Uno de los peores datos es que la deuda de las Administraciones Públicas marcó en junio de este año un máximo histórico de 1,763 billones de euros (101,5 por ciento del PIB), unos 600.000 millones más que a mediados de 2018 que implicaron 39.644 millones en intereses. Cada euro que el Estado destina a abonar los intereses de este colosal agujero financiero representa un recurso vital que detrae de la inversión real, debilitando la posición geopolítica de España y colocándonos a merced de los mercados internacionales.
La incompetencia, la negligencia y la financiación de los chiringuitos afines en la gestión presupuestaria cronifica un déficit estructural que ninguna subida impositiva logra paliar, pues el ritmo de gasto del sanchismo avanza siempre más rápido que su capacidad de recaudación. El reparto discrecional de los fondos públicos atiende a la pura supervivencia política a corto plazo y a la compra de voluntades, en lugar de priorizar la viabilidad, las infraestructuras estratégicas y la sostenibilidad a largo plazo del aparato productivo nacional.
El colapso del bienestar y el empobrecimiento colectivo
El deterioro de los servicios esenciales desmiente por completo la propaganda oficial que justifica la presión fiscal en aras de una supuesta protección social. La contradicción entre la opulencia estatal y la precariedad de la ciudadanía evidencia el fracaso absoluto de las recetas socialistas. Apostó por una carga mayor de impuestos que asfixia a empresas y trabajadores, pero no ha supuesto beneficios en el estado del bienestar. España nunca había recaudado tanto y, sin embargo, casi todo lo que depende del Estado funciona peor. el problema no es de medios, sino de modelo. El colapso de la sanidad, las deficiencias en las infraestructuras de transporte y el estancamiento de la educación demuestran que una mayor inyección de dinero no soluciona los problemas de gestión. El intervencionismo gubernamental ahoga la iniciativa privada, destruye el empleo de calidad y perpetúa un sistema ineficiente que empobrece a España mientras enriquece al aparato burocrático de la Moncloa.
Tags: Impuestos, Deuda, Sánchez, Recaudación, Asalariados, Inflación, Presupuesto
