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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado una movilización en contra del desahucio de Mari Carmen Abascal para hacer pasar a segundo plano mediático todos los escándalos de su familia y de su partido, así como la situación de grave desamparo en la que ha dejado a la ciudad autónoma de Ceuta tras una invasión sin precedentes. Las televisiones públicas de ámbito nacional y las cadenas de marcado sesgo izquierdista ya casi no ofrecen otra información que la acampada de la Puerta del Sol y de aquellas que se hacen, por el mismo motivo, en otras ciudades de España.
Haciendo de la necesidad virtud, y tal vez viendo que el panorama previsible de intención de voto pueda empeorar a sus intereses como consecuencia de los nuevos escándalos con los que nos desayunamos todos los días y el avance del proceso judicial de éstos, Sánchez ha decidido poner el foco legislativo en intervenir el mercado de la vivienda de alquiler y convocar elecciones medio año antes de que se cumpla su mandato. Tras 8 años de inacción, el acceso a la vivienda va a ser uno de los puntos clave de la campaña para captar al electorado.
Es muy posible que, con estas manifestaciones, la izquierda busque amedrentar a la derecha, mostrando músculo con la presencia en las calles de grupos, no necesariamente pacíficos, que se alimentan de su red clientelar.
Un vistazo a la legislación de renta antigua del Franquismo
Los contratos de alquiler de renta antigua entraron en vigor con la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, ley establecida antes de la muerte de Franco. Los beneficiarios de la renta antigua gozaban de unos alquileres bajos que solo podían ser actualizados en la cuantía del IPC. Además, disfrutaban de prórroga indefinida con posibilidad de subrogación a los sucesores del titular del primer contrato.
El objetivo de la ley que regulaba estos contratos de renta antigua era, fundamentalmente, proteger al inquilino en una situación en la que la mayor parte de la población contaba con unos recursos económicos muy escasos. De esta forma, se facilitaba el acceso a una vivienda arrendada ante la imposibilidad de adquirir un inmueble en propiedad. Ojo, esta ley no conculcaba los derechos del propietario, simplemente le ofrecía una garantía de tener alquilada una vivienda de forma indefinida en un marco de seguridad jurídica garantizada.
LAU de 1994
A partir de 1994, bajo el gobierno “progresista” de Felipe González, las condiciones de subrogación de la renta antigua fueron modificadas.
Una vez que finalizara el contrato de arrendamiento, por jubilación o fallecimiento del titular, el cónyuge podría seguir disfrutando del mismo a través de una subrogación y continuaría el contrato de renta antigua hasta que la pareja también muriera o se retirase de la vida laboral. Después de esta sucesión, ya no habría más posibilidades de transmitir este tipo de alquiler.
No obstante, se podría producir una subrogación a un hijo del titular del contrato de renta antigua si este tuviera reconocida una discapacidad superior al 65%. Discapacidad que no tenía reconocida Mari Carmen en el momento del fallecimiento de su madre en 2005. En consecuencia, con la LAU actual, no se permitiría la subrogación del contrato de renta antigua a su favor. Y el desahucio, que se retrasó más de 20 años, se ajustaría a la legalidad vigente.
Las leyes podrán ser malas o buenas, la función de la judicatura se limita a interpretarlas y aplicarlas correctamente. Eso exige, en un mundo razonablemente sensato, que el enunciado de la ley no deje ningún lugar a la ambigüedad, ya que de otra manera se da el bochornoso espectáculo de que diferentes instancias judiciales se corrijan entre sí. Esta circunstancia se da con excesiva frecuencia cuando entran en juego tribunales enormemente politizados como es el caso del Tribunal Constitucional.
En materia de desahucios, la ley no solo debería defender al vulnerable, sino también la propiedad privada que es clave en la supervivencia de las sociedades democráticas. Ante situaciones de vulnerabilidad, es el Estado, y nunca el particular, el que debe soportarlas en función de los medios disponibles.
Evolución del precio de acceso a la vivienda en la era Sanchista
Cada año se ejecutan, por orden judicial y según interpretación estricta de la ley, alrededor de 24.000 desahucios en España. Estos se producen principalmente por impago de alquiler y por ejecuciones hipotecarias.
En los años de gobierno del sanchismo, el precio medio del alquiler de la vivienda ha subido un 45%. El precio medio de compra de una vivienda se ha incrementado en un 74,4%, siendo aún mucho más acusado en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Habiéndose doblado el precio en alguna de ellas. En contraste, el salario medio se ha incrementado en España durante ese periodo tan sólo en un 23%.
Salvo en países con fuerte intervención del Estado en la economía, como son los países comunistas en los que no existe la propiedad privada, el precio de la vivienda sube con arreglo a la ley de la oferta y la demanda. La extraordinaria subida que ha tenido lugar en España obedece a que en los últimos años se ha incrementado mucho la demanda. Esto se debe, no solo al hecho natural de los ciudadanos que alcanzan una edad adulta y quieren independizarse y formar una familia, sino también a la afluencia de inmigración, en buena medida ilegal, que ha llegado a nuestro país.
Desafortunadamente, la oferta de vivienda tanto pública como privada no ha crecido en la misma proporción que la demanda. Este desajuste justificaría la enorme subida que se ha producido en la compra y alquiler de la vivienda.
Uno de los mantras de las movilizaciones es la de asignar toda la culpa de la elevación de los precios a los llamados fondos buitre que, supuestamente, invierten en valores inmobiliarios para especular con un bien de primera necesidad, como es la vivienda. Incluso se llega al esperpento de asignar esta calificación a pequeñas empresas o familias que ponen en alquiler una o dos viviendas como es el caso de Urbagestión, propietaria del piso que habitaba Mari Carmen.
Hipocresía falsaria del Gobierno de Sánchez
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha desatendido el problema de la vivienda durante sus dos legislaturas de gobierno. Durante el sanchismo, a pesar de existir un ministerio de la Vivienda con una dotación anual de 3.494,8 millones de euros (procedente de los Presupuestos Generales del Estado prorrogados y los fondos europeos Next Generation), al que hay que añadir el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros en total (financiado al 60% por el Estado y al 40% por las comunidades autónomas), no se ven resultados significativos. Es muy posible que esa dotación presupuestaria la absorba íntegramente la estructura del ministerio y poco, o nada, llegue al destino final que es la creación de viviendas. Me gustaría creer que el Tribunal de Cuentas y la oposición política vigilan atentamente el destino de los fondos entregados a este ministerio.
Cabe añadir, como ejemplo flagrante de la inacción de Sánchez en la construcción de vivienda, que la Operación Campamento que el propio Sánchez se encargó de publicitar en todos los telediarios el pasado mes de enero y que destinaría el terreno de antiguos cuarteles en desuso a la construcción de 10.700 viviendas asequibles, sigue actualmente en suspenso. A pesar de que dispone, desde hace tiempo, de todas las licencias municipales para el inicio de las obras.
Por otro lado, la oferta de promoción privada está muy condicionada por aspectos en los que el poder político podría hacer mucho y no hace. Estos aspectos se describen detalladamente en el artículo, publicado en Adelante España, Quién-encarece-el-acceso-a-la-vivienda-en-españa. Por lo que remito al lector interesado por el tema, a realizar su lectura.
Que la legislación no se haya adaptado para facilitar la iniciativa privada y que tampoco haya una adecuada promoción pública, dan idea de la sensibilidad de este Gobierno ante el problema de escasez de vivienda. Problema que se agrava no solo por la evolución generacional, sino también por el efecto llamada que ha producido la reciente tramitación de 1.174.978 solicitudes de regularización de inmigrantes en situación irregular.
Recientemente se ha generado un intenso debate político y mediático tras adjudicar a fondos de inversión y grandes gestoras (como Aliseda, vinculada a Blackstone) la gestión de miles de viviendas de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). Este fondo, al que el propio Sánchez calificó como «buitre», se encargará de gestionar de manera integral los activos inmobiliarios de la Sareb desde septiembre de 2026 hasta diciembre de 2028, pudiéndose prorrogar hasta el 2030.
Además, hay muchos políticos de primer nivel, como es la portavoz socialista en el Congreso, Montse Minguez, cuya pareja vive de la explotación de un fondo buitre de valores inmobiliarios, como es Nest Capital Home, que ha doblado su capital en tan solo 5 años. Contrasta el discurso oficial de la izquierda: “La vivienda es un derecho, no un negocio” con su realidad personal. No concibo mayor descaro.
Vectores de la campaña electoral de la izquierda
La izquierda ha venido demostrando que no tiene límites éticos para alcanzar sus objetivos, logrando sus mayores cotas en la era Sánchez. No es un secreto que la izquierda necesita altas cuotas de poder para seguir alimentando económicamente a su red clientelar, que tanto provecho le proporciona movilizándose, según interese, ante cualquier causa, real o ficticia. En consecuencia, mucho me temo que el periodo que culminará en las elecciones del 29-N será un periodo de movilizaciones y guerra sucia sin precedentes.
Entre las supuestas bazas de la izquierda para arañar apoyos electorales en esta campaña estarán, sin duda, las siguientes:
Vivienda y decretos intervencionistas aprobados en contra del parlamento
Todos sabemos que los decretos leyes presentados con precipitación para intervenir el mercado de alquiler, no fueron aprobados en sede parlamentaria el viernes día 2 de octubre. Tras la convocatoria de elecciones, una vez disueltas las cámaras, la Diputación Permanente del Congreso, órgano legislativo de emergencia, podría aprobar estos decretos con carácter urgente. No obstante, no resulta muy estético utilizar a la Diputación Permanente, con mayoría afín al PSOE, para aprobar unos decretos que han sido rechazados por la soberanía popular, a los que solo se le han hecho unas modificaciones estéticas para poder volverlos a tramitar.
Lo peor es que, con toda seguridad, estos decretos no van a resolver el problema real de la vivienda, sino que lo agravarán aún más, ya que los propietarios de viviendas de alquiler no querrán arriesgarse a volverlas a alquilar sin una ley que les proporcione las adecuadas garantías. Soluciones parecidas ya han fracasado en países como Alemania. Sin embargo, la población más ingenua, arrastrada por los “cabestros ideológicos” de la red clientelar, que se mantiene gracias a nuestros impuestos, permítaseme el símil taurino, creerá que esta iniciativa resolverá sus problemas de vivienda. En justa reciprocidad, agradecerá la iniciativa, entregando su voto al PSOE en las próximas elecciones. Al menos, eso es lo que pretende la medida. Señores, ¡más espíritu crítico y menos ingenuidad!
En acampadas como la de Sol se permite impunemente, por parte de la delegación del Gobierno de Madrid, que se vandalice el mobiliario urbano y las esculturas del patrimonio nacional. Supongo que los pobres se tienen que desahogar de alguna forma. La cobertura mediática mantiene el foco en el descontento de ciertos colectivos que ya no está claro, al dejar de estar presente el «sindicato de inquilinas», si luchan por una vivienda digna o simplemente buscan alterar el orden público de forma impune mientras se les permita.
No es casualidad que se haya escogido la puerta del Sol frente a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Tampoco es casual la inacción del Delegado del Gobierno, cargo político de confianza de Sánchez, ante hechos graves que alteran el orden público. Los que allí acampan buscan, auspiciados por los que financian la acampada, hacer el mayor daño posible a la imagen de Madrid, a la Presidente de la Comunidad y al alcalde de Madrid; profiriendo amenazas y creando la falsa percepción de que éstos son los únicos causantes del problema de vivienda que existe en España. Yo me pregunto … ¿No sería más lógico hacer la acampada frente al ministerio de la Vivienda?
Regularización masiva de inmigrantes
La regularización masiva de inmigrantes en situación ilegal, que ha tenido lugar durante este año, no solo supone un nuevo “efecto llamada”, sino una clientela agradecida que entregará mayoritariamente su voto al PSOE en el momento en que tenga oportunidad de votar.
Es cierto que la inmigración tiene un efecto beneficioso en sociedades, como la nuestra, cuya natalidad está por debajo de la tasa de reemplazo. Por otra parte, un sistema de pensiones basado en la solidaridad intergeneracional, como el nuestro, solo puede mantenerse si la base de la pirámide de población es suficientemente amplia para que se pueda garantizar su supervivencia.
Dicho esto, no se debe trivializar. Lo sensato es admitir solamente la inmigración que el país precise para satisfacer su oferta laboral. Una inmigración ilegal, que viene a parasitar los servicios sociales del sistema, no solo no aporta nada, sino que detrae recursos de éste que son necesarios para atender otras necesidades. Por último, si no queremos tener más problemas que beneficios, la inmigración debería ser culturalmente integrable y carente de antecedentes penales. Por eso es tan importante que llegue a nuestro país de forma legal y controlada.
Sanidad Universal
Otro supuesto logro de la etapa de Sánchez es la llamada Sanidad Universal. Como idea resulta muy atractiva. Sin embargo, esa Sanidad hay que costearla con unos recursos limitados. Como ocurre con todos los brindis al Sol, es que el traje se acaba quedando pequeño, y todas las costuras se terminan rompiendo, dejando de proporcionar utilidad alguna. Es decir, un Estado que no puede retener ni siquiera a los médicos que salen de sus universidades y que tiene otras muchas cuentas que pagar, a parte de la Sanidad pública, termina degradando la atención con listas de espera cada vez mayores y triajes encubiertos. Estas medidas no solo penalizan a los recién llegados al sistema sanitario, que no han tenido siquiera tiempo de ayudar a financiar nada, sino también a los que sí lo han hecho. A todos se les ofrece un producto cada vez peor. Tarde o temprano, si no impera la sensatez, el sistema sanitario público colapsará con absoluta seguridad.
Un buen gobernante debería aplicar el principio de justicia social (dar a cada uno lo que le corresponde) y hacer un cálculo de lo que se puede hacer y lo que no, con los recursos de que dispone. Además, no debería olvidar el llamado coste de oportunidad, que representa la mejor opción de beneficio social a la que se renuncia por asumir un sobrecoste, en este caso, el asociado a la Sanidad Universal.
Para el Gobierno socialista, todo esto no parece tener demasiada importancia si se compara con el potencial mercado electoral de los que se encuentran con una Sanidad gratuita. Incluso antes de que puedan tener derecho al voto. Si las cosas van mal, que irán, siempre se puede echar las culpas a Franco para contentar a la parroquia.
Ley de nietos
Esta ley derivada de la Ley de Memoria Democrática, y alterada gravemente en su espíritu por un desarrollo de la disposición adicional octava, obra de la hermana de Oscar Puente, ha permitido la nacionalización de muchas personas que no han tenido obligación de acreditar fehacientemente que son hijos o nietos de exiliados de la guerra civil. Es evidente que se ha intentado dopar el electorado, interesadamente, con procedimientos de nacionalización que han sido tramitados, no por los Consulados, sino en buena medida por empresas dudosas que no ofrecen ninguna garantía.
El principal nicho de «nietos» tramitados está en los países del Foro de Puebla, de sesgo marcadamente comunista. Lo que podría producir una polarización en el voto CERA. Así lo ha entendido el Tribunal Supremo que ha procedido, a petición de Iustitia Europa y Vox, a la suspensión cautelar de estos electores hasta que no se acredite, documentalmente, un parentesco real con un exiliado español de la guerra civil.
El hecho de que el Gobierno proteste en masa sobre la suspensión cautelar de ese nuevo electorado hasta que se acredite que satisfacen los requisitos de nacionalización, hace crecer la sospecha de que se trata de otra nueva fullería para alterar el censo en su beneficio. En cualquier caso, los afectados por esta suspensión cautelar pueden recurrir la medida al Tribunal Constitucional.
La suspensión cautelar del Supremo servirá a la izquierda de combustible, otro más, para calentar las calles durante el periodo electoral.
Recuerden que la nacionalización no solo da derecho al voto, sino también al acceso a los servicios públicos del país tanto para el nacionalizado como para su familia; así como acceso al salario mínimo vital. Todo ello a costa de los que todavía no se han cansado de pagar impuestos. Creo que incluso países con superavit económico, como Suiza, antes de aprobar una nacionalización masiva como ésta se lo pensarían un poco.
Huelga general contra la oposición
La veda de la huelga está abierta desde que se convocaron elecciones generales. Aparte de las nuevas huelgas sobre Educación y Sanidad, que solo se hacen en comunidades en las que no gobierna la izquierda, hay programada una huelga general impulsada por sindicatos de izquierda y colectivos de inquilinos para el 11 de noviembre. Las razones que se argumentan son: para protestar por los altos precios de la vivienda, la especulación inmobiliaria, la precariedad laboral, la inflación y los bajos salarios.
Lo sorprendente es que, en palabras de Yolanda Diaz, esta huelga se hace contra la oposición. ¿No es el Gobierno central el que se debe ocupar de todas esas cosas por las que se hace la huelga? ¿Alguien entiende algo?
Yo sí que lo entiendo. En palabras de Manuela Bergerot: “No habrá paz en las calles”. La izquierda rabiosa por su previsible descalabro electoral utiliza todos sus terminales, como son los llamados sindicatos de clase que todos pagamos, para “acojo…” (perdón: asustar) a la derecha. Solo por si se le ocurriera a la derecha ganar las elecciones y retirar algunas prebendas de su consolidada red clientelar. Espero que el futuro gobierno de la nación no se asuste por las amenazas y aplique las medidas que sean necesarias para enderezar el rumbo social y económico del país, sin que les tiemble el pulso. También es imperioso recuperar el prestigio e independencia de las instituciones y su protección a futuro, para que no vuelvan nunca más a ser objeto de colonización política. Ojalá que el miedo no haga que al previsible nuevo Gobierno le tiemble la mano.
Estereotipado injurioso del oponente
Se ha instalado, en el imaginario de izquierdas, aplicar el calificativo “fascista” a todo aquel que tiene un punto de vista diferente al suyo. Dudo mucho de que la cultura de la mayoría de ellos les permita hacer comparaciones con los movimientos fascistas del siglo pasado que condujeron a Europa a una guerra mundial. También dudo que sepan que el fascismo surgió en Italia como una escisión del partido socialista italiano. ¡Qué humillación!
Muchos pensarán que todo eso no tiene ninguna importancia. Recuerden el famoso lema: «No dejes que la verdad te estropee un relato rentable». Lo que sí importa es proyectar odio contra el que discrepa. Desgraciadamente, todavía hay mucha gente que sigue comprando esta mercancía. ¿Quién no quiere encontrar a un culpable, aunque sea equivocado, de sus propias desgracias?
El odio moviliza y alimenta la violencia. La violencia infunde miedo. El miedo, a su vez, inhibe la libertad de acción. Vieja estrategia de la izquierda que casi siempre les funciona. Moraleja: pensémoslo bien antes de votar a partidos cobardes, porque esos no cambiarán nada de lo que es realmente importante.
Posible subida del salario mínimo
Es muy posible que una de las últimas medidas del Gobierno socialista sea una nueva subida del salario mínimo, que atraerá el voto de no pocos estómagos agradecidos.
Yo creo que las medidas que afectan a la economía deberían ser consensuadas siempre con todos los agentes sociales. La subida del salario mínimo solo beneficia al que percibe ese salario y al Estado, que aumenta las cotizaciones a la Seguridad Social. El peso íntegro de esa medida recae sobre el empresario. Hay dos cosas que deberían tenerse en cuenta antes de modificar alegremente el salario mínimo:
- La Productividad. Si la subida salarial no se corresponde con un aumento de la productividad, la medida solo producirá paro y cierre de empresas. Unos pocos ganan, pero el país, en general, acaba perdiendo.
- La Justicia Social. La subida del salario mínimo no beneficia a los que más se esfuerzan o más responsabilidad asumen, sino tan solo a los que perciben menos. No parece que sea de justicia un incentivo que no premia el mérito ni el esfuerzo sino tan solo la precariedad salarial.
Mucho más justo y viable que subir el salario mínimo sería controlar mejor la inflación y deflactar las tablas del IRPF. Medidas que benefician a todos, evitando que seamos cada vez más pobres. Desgraciadamente eso lo rentabiliza muy mal el poder, y por eso no se hace.
Miedo a una rebaja en las pensiones
El colectivo de pensionistas es muy numeroso: alrededor de 12 millones de personas. La edad de este colectivo les produce, en buena medida, indefensión y les hace más vulnerables ante cualquier trilero de baja estofa. Puede resultar muy rentable propagar un bulo relativo a la reducción de la cuantía de las pensiones para atraer, por miedo, votos a una determinada candidatura.
Es verdad que el sistema de pensiones, tal como existe hoy, no es demasiado sostenible a medio y largo plazo, como consecuencia de la inversión consentida de la pirámide de población, sin que todavía se hayan tomado medidas. Ni a nivel nacional ni en la mayoría de comunidades autónomas. No obstante, creo que ningún partido se atreverá, por el momento, a tocar las pensiones mientras el Estado pueda seguir endeudándose. Llegado el momento en que ya no exista posibilidad de endeudarse más, estoy seguro de que a la izquierda le preocuparán menos los pensionistas que los inmigrantes, la financiación del Estado de las Autonomías o el mantenimiento de su servil red clientelar.
En la era Sánchez, el poder adquisitivo de los pensionistas, y de la población en general, se ha reducido como consecuencia de la inflación y la falta de deflactación de las tablas del IRPF.
Herramientas de alteración de resultados electorales
Todos sospechamos que Sánchez no tiene límites morales. Lo ha venido demostrando en toda la legislatura con la Dana, el apagón, la gestión de infraestructuras que produjo el accidente de Adamuz y la invasión consentida de Ceuta.
Ya intentó hacer trampas en las primarias de su propio partido. También se conocen casos, ya judicializados en Sevilla, de votos por correo a nombre de personas que no votaron en las elecciones del 2023. Tampoco se explica de forma racional cómo, en las elecciones de 2023 y según el propio CIS, el voto en urna discrepó tanto del voto por correo, habiendo sido este último estadísticamente muy significativo (9,99%). Lo que sí sabemos es que hay algunas debilidades del sistema electoral que habría que corregir si queremos no tener que confiar en la decencia de nuestros gobernantes. Entre otras están las siguientes:
- Ausencia de custodia en el voto por correo.
- Uso de mecanismos digitales poco fiables, como el carnet de conducir digital, para la identificación en urna.
- Falta de supervisión de la introducción de las actas de mesa en la plataforma de Indra.
- Falta de interés generalizado de los partidos políticos para cotejar, aunque sea de forma muestral, las actas manuales de las mesas electorales con las actas de Indra en la sede de las Juntas Electorales tras las elecciones.
- El escrutinio de votos debería ser realizado por una empresa independiente que proporcionara mecanismos de supervisión a todos los partidos y particulares que lo soliciten. Indra es una empresa demasiado intervenida por el Gobierno para que no se albergue, como mínimo, alguna sospecha.
Otros posibles ases bajo la manga
Volviendo a la falta de límites morales acreditada de nuestro presidente, y conociendo que en otras elecciones ya se intentaron rentabilizar las supuestas amenazas a líderes de izquierda, como la navaja ensangrentada recibida por Reyes Maroto o los cartuchos de bala que supuestamente recibió Marlaska en 2021; no es de extrañar que aparezca en esta ocasión una estrepitosa traca final. ¿Quizás un atentado simulado del que algún importante político de izquierdas salga milagrosamente ileso? No descarten nada. Sánchez tiene que buscar la confrontación a toda costa.
Recuerden que en 2004 una interpretación mediática precipitada, interesada y fallida de la autoría del atentado del 11-M, permitió llegar al poder a Zapatero, cambiando drásticamente el destino de nuestro país. Atentado que todavía deja demasiados puntos oscuros en la teoría oficial.
¿Qué nos tendrá reservado en esta ocasión la chistera de Sánchez?
