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Diez días. Es lo que ha tardado Pedro Sánchez en cambiar la conversación nacional. El 23 de septiembre se ejecutó el desahucio de Maricarmen. El viernes pasado el Congreso tumbó sus dos decretos de vivienda y hoy lunes, el presidente nos mandó a votar. Pocas veces una derrota parlamentaria ha venido tan bien preparada para servir de cartel electoral.
Recordemos de qué se hablaba hace dos semanas. El juez Peinado acababa de enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado popular por tráfico de influencias y malversación. Zapatero seguía imputado por delito fiscal y contrabando por unas joyas tasadas en 1,3 millones, halladas en una caja fuerte de Ferraz. Y en Ceuta habían entrado unas 72.000 personas entre el 30 y el 31 de julio. A primeros de septiembre, la Fiscalía contaba 23 agresiones sexuales, nueve de ellas contra menores.
Nada de eso ha desaparecido; simplemente se ha movido a páginas interiores. Y hay un dato que lo explica todo. El juicio a la mujer del presidente se esperaba para la primavera de 2027, con el veredicto antes de las generales. Con este adelanto, los españoles votarán antes de que el jurado diga una sola palabra. ¿Casualidad?
El nuevo relato es sencillo: el Gobierno quiso proteger a los inquilinos y PP, Vox y Junts se lo impidieron. Sumar ya lo ha ensayado, acusando a Junts de aliarse «con la especulación y el fascismo». Lo que se olvida es que Sánchez lleva ocho años en Moncloa y que la Ley de Vivienda es suya, de 2023.
¿Lo van a tragar los españoles? Depende de a quién se pregunte.
Hay un sector que sufre el problema en carne propia: los jóvenes. Solo el 14,5 % de los que tienen entre 16 y 29 años logra emanciparse, un mínimo histórico, y la edad media de salida de casa ya roza los 30. A ellos el discurso de Sol les suena. Pero también saben quién gobernaba mientras su alquiler se disparaba. No hace falta ser de derechas para preguntarse por qué la solución llega justo cuando hay urnas.
Y hay otro sector, mucho mayor, al que el nuevo relato le inquieta: el de los propietarios. España sigue siendo un país de dueños, con un 73,6 % de hogares en propiedad. Según el Banco de España, más del 90 % de los pisos alquilados a precio de mercado pertenecen a particulares, no a fondos. Son el jubilado que alquila el piso heredado para completar la pensión y la familia que ahorró durante años para pagar su hipoteca. Cuando oyen en Sol «o cae el rentismo, o cae el Gobierno», no piensan en Blackstone. Piensan en ellos.
Ahí está el error de cálculo. Sánchez ha logrado que hablemos de vivienda, pero no en sus términos. Para el inquilino joven, el culpable es quien manda desde 2018. Para el pequeño propietario, el enemigo es quien le llama especulador desde una tienda de campaña. Y para todos, la casa sigue siendo lo que siempre fue: el patrimonio de una familia y el lugar donde se crían los hijos, no un eslogan.
El propio CIS de Tezanos lo dejó escrito en septiembre: el Gobierno y los partidos ya son el cuarto problema del país, con un récord del 18,8 %. Cuando hasta el CIS lo reconoce, ningún cambio de agenda basta.
Los españoles pueden olvidar un titular. Lo que no olvidan es lo que pagan cada mes.
Alfonso P. Sanz | Jurista y escritor
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