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La obsesión del actual Gobierno de Sánchez por promocionar y ampliar el aborto ha cruzado un nuevo límite bajo la dirección del Ministerio de Sanidad. En una estrategia donde parece que todo sea por promocionar el aborto, Sanidad propone introducir el aborto farmacológico en Atención Primaria, extendiendo de forma temeraria al entorno de los centros de salud comunitarios una práctica médica que hasta ahora requería la infraestructura y el control de los hospitales. Al PSOE y a Sumar les encanta el aborto y la eutanasia, demostrando día tras día que la Cultura de la Muerte es lo suyo sobre cualquier otra consideración sanitaria.
El desmantelamiento normativo para imponer la agenda proaborto
Para materializar esta aberrante medida, el ministerio que lidera la comunista Mónica García pretende reformar a contracorriente la legislación y los protocolos de seguridad de los medicamentos. Hispanidad señala que el departamento estatal iniciará los trámites para modificar el real decreto que regula las prácticas que se pueden realizar en los centros de salud y la ficha técnica de la mifepristona. Además, los responsables gubernamentales actualizarán la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir específicamente esta prestación en la Atención Primaria, facilitando la desprotección del no nacido desde el escalón más básico de la sanidad pública.
La ministra pretende enmascarar esta agresión a la vida bajo una supuesta retórica de cercanía y comodidad para la mujer. Y es curioso, porque en su intento de extender el aborto, pone en riesgo a las mujeres de forma irresponsable.
El agresivo proceso químico que silencia la vida en el vientre
El método que la ministra quiere generalizar en los ambulatorios de barrio consiste en un agresivo proceso de envenenamiento y expulsión biológica. En el denominado aborto farmacológico se toman dos medicamentos en dos fechas distintas que, combinados, provocan la expulsión del feto del útero. El procedimiento no busca curar ni sanar, sino eliminar de forma violenta el desarrollo natural de un ser humano indefenso mediante la combinación sucesiva de dos potentes compuestos químicos.
La primera fase del tratamiento ataca directamente el sustento que mantiene con vida al embrión dentro del vientre materno. Primero se toma la Mifepristona, «fármaco que bloquea la producción de progesterona»: bloquear su producción supone algo así como asfixiar al feto al privarle de las hormonas necesarias para su desarrollo. Una vez ejecutada esta primera fase, el protocolo exige la administración del segundo fármaco para forzar la evacuación. Segundo se toma el Misoprostol, «que es el que provoca la expulsión de la gestación», este medicamento produce contracciones en el útero, es decir, se expulsa mediante un fuerte sangrado el bebé que previamente has asfixiado.
Los alarmantes datos médicos que Sanidad prefiere ignorar
La insistencia de Sanidad en trasladar este tratamiento a la Atención Primaria ignora de forma negligente, además del asesinato del bebé, la altísima tasa de riesgos y daños físicos que sufren las propias mujeres. Los defensores de esta medida ocultan los datos clínicos que demuestran que estos fármacos destrozan a las pacientes sin avisarle de los problemas que vienen después de abortar. Hay estudios que muestran que 1 de cada 10 mujeres que toman mifepristona experimentan complicaciones médicas graves, una cifra alarmante que invalida por completo la idoneidad de consumir estas pastillas fuera del entorno hospitalario de urgencias.
En concreto, el estudio se basa en el examen de datos de seguros médicos de 865.000 pacientes entre 2017 y 2023, lo que supone el análisis más completo hasta la fecha. Los resultados de esta macroinvestigación destapan la verdadera peligrosidad del plan de Mónica García, confirmando que más del 4,7% de las mujeres buscaron atención de urgencia tras la ingesta. El informe detalla que el 3,3% experimentó sangrado significativo y el 1,3% desarrolló infecciones graves en el aparato reproductor. Casi 2000 mujeres sufrieron complicaciones potencialmente mortales bajo este tratamiento. En casi el 3% de los casos, el aborto fracasó y requirió cirugía de emergencia, mientras que miles de mujeres tuvieron embarazos ectópicos sin saberlo, que no fueron diagnosticados y que ponen en riesgo inminente sus vidas. Y esta pastillita tan segura es la que la ministra de Sanidad quiere que las mujeres tomen en su centro de salud, porque lo importante es que abortes.
Una agenda internacional subordinada a la cultura de la muerte
Esta ofensiva del Gobierno de España no es un hecho aislado, sino que responde a una corriente internacional que busca el llamado aborto libre, que no es más que el aborto hasta el mismo momento del parto. El pionero fue el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros, uno de nuestros peores ciudadanos, que ya propuso hace años lo del aborto libre, y esto sigue siendo su meta. Tedros solicitó que ningún país se atreva a limitar el ‘derecho al aborto’ basándose en “límites de edad gestacional”. O sea, aborto libre hasta el mismísimo parto… y más allá.
En esta línea, también van Europa y España, que está metida por completo en la campaña del aborto, y para más degeneración, el aborto hasta el mismo momento del parto y como derecho en la Constitución. La Eurocámara dio luz verde a la iniciativa ciudadana que buscaba garantizar el aborto en toda la Unión Europea. También el Parlamento Europeo aprobó el «derecho al aborto», es decir, convertir la despenalización del aborto en derecho al aborto. Además, la Unión Europea ha bloqueado la financiación a dos grupos provida europeos alegando que no se adhieren a los “valores de la UE”, específicamente el aborto, el matrimonio homosexual y la ideología de género. Como puntilla, esta misma semana la ministra comunista española cruzaba una nueva línea con la nueva campaña abortista del Gobierno de España: Si te quedas embarazada «todo está bien»: tener al bebé… o matarlo.
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