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Noventa y dos metros cuadrados, tres dormitorios, en pleno barrio de Retiro, por unos 500 euros al mes. Al precio medio de Madrid, ese piso superaría hoy los 2.000. Eso es lo que nos venden como drama: una renta antigua que, durante décadas, ha subvencionado el propietario. En 2020 le ofrecieron comprar la vivienda por unos 250.000 euros. No era víctima del mercado, sino beneficiaria de un privilegio que la ley ya había cerrado.
El miércoles, mientras la comisión judicial ejecutaba el lanzamiento, Pedro Sánchez comparecía en Nueva York. Le preguntaron por su mujer, recién enviada a juicio ante un jurado popular por tráfico de influencias y malversación: «Está todo dicho desde hace tiempo». Por Zapatero y las joyas de Ferraz, tasadas en 1,3 millones: sigue contando con su confianza. ¿De qué quiso hablar? De Maricarmen, y de la «falta de empatía» de Ayuso y Almeida.
Ahí está el arte. No hace falta desmentir un escándalo: basta con fabricar otro más emotivo y ponerlo delante. La imagen de una anciana en camilla vale más que cien autos judiciales, y en Moncloa lo saben. En cuestión de horas, la conversación nacional cambió de dueño. Ya no se hablaba de Begoña, ni de Zapatero, ni de Ceuta, sino de «fondos buitre» y del ático de Ayuso. Y buena parte de la sociedad, acostumbrada a embestir allí donde le mueven el capote, ha entrado al trapo sin preguntarse quién lo sostenía.
Y eso que los hechos son tozudos. Maricarmen perdió su contrato por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada con Felipe González en Moncloa. El lanzamiento lo ejecutó la Policía Nacional, que depende de Marlaska. Y Sánchez lleva ocho años gobernando sin tocar esa norma. La propia Maricarmen, en RTVE, señaló primero al presidente: «No se entera o no quiere enterarse».
¿Y quién llena ahora la Puerta del Sol? Nos lo presentan como el pueblo indignado, pero la acampada la convoca el Sindicato de Inquilinas bajo un lema que no deja lugar a dudas: «O cae el rentismo, o cae el Gobierno». Irene Montero exige expropiar 650.000 viviendas y el Sindicato amenaza con una huelga de alquileres.
Mientras tanto, lo que debería abrir los periódicos cada mañana va quedando en páginas interiores. Entre el 30 y el 31 de julio entraron en Ceuta unas 72.000 personas, según Interior, en una ciudad de 84.000 habitantes. Hubo decenas de muertos y, según reconoció Marlaska, al menos 17 agresiones sexuales, siete de ellas violaciones. Sánchez lo llamó «ataque». Dos meses después, ¿qué precio ha pagado Rabat?
Nada de esto ha desaparecido. Simplemente, ya no se habla de ello. No desmentir: sepultar.
Hay algo obsceno en convertir a una mujer de 87 años en munición electoral. Cualquier persona decente sabe que a los mayores se les cuida, no se les exhibe. La Comunidad le ofreció dos veces plaza en una residencia pública, y la propiedad ha propuesto al Ayuntamiento que vuelva al piso. Ayudarla es eso; lo otro es utilizarla.
Y que nadie se engañe con lo de Sol. Aquello no es la España que madruga para pagar su alquiler. Es un campamento perfectamente engrasado, con carpa central, yoga a las diez y taller de pancartas a las once. Allí se exige el decreto «que concebimos en el Sindicato de Inquilinas» y se llama «fascista» a quien se atreva a discrepar. Son activistas de extrema izquierda, no ciudadanos corrientes. Los españoles merecemos que no nos tomen por tontos.
Alfonso P. Sanz | Jurista y escritor
