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El coladero electoral de la nacionalidad masiva: la vergonzosa confesión que desmonta el sistema
El escándalo en torno a la concesión masiva de la nacionalidad española alcanza una nueva y preocupante dimensión institucional que compromete la limpieza misma de nuestro sistema democrático. Ahora el propio organismo encargado de velar por la fidelidad de las listas de votantes confiesa una desidia absoluta. El fraude de la ley de nietos adquiere tintes sistémicos tras confirmarse que el censo electoral admite ahora que inscribía a los nacionalizados sin pedir pruebas de arraigo. Esta negligencia burocrática dinamita la confianza ciudadana y altera de forma artificial el peso político de nuestras provincias.
La confesión oficial de una administración sin controles reales
Un reciente informe enviado por la Oficina del Censo Electoral (OCE) admite que, desde 2022 y hasta hace solo unas semanas, no se exigió a los nacionalizados en virtud de la conocida como ley de nietos que aportaran pruebas documentales de su vinculación o arraigo con las provincias en las que deseaban quedar inscritos a efectos electorales. El documento oficial de la Oficina del Censo Electoral (OCE) destapa un descontrol absoluto que duró casi cuatro años, durante los cuales la administración regaló el derecho fundamental al voto sin verificar el más mínimo nexo territorial con España.
El escrito, remitido recientemente a la Junta Electoral Central y que publica este viernes El Confidencial, y recoge La Gaceta, revela que los consulados españoles solo han empezado a reclamar documentos que acrediten la conexión con el municipio en fechas muy recientes. Durante años, los controles se limitaron, en la práctica, a comprobaciones meramente formales. Las delegaciones consulares actuaron como meras ventanillas de tramitación rápida, ignorando la trascendencia de incorporar cientos de miles de nuevos electores al Censo de Residentes Ausentes (CERA).
El simulacro burocrático de las declaraciones de arraigo
El modus operandi que revela el informe de la Oficina del Censo roza el absurdo administrativo y desprotege el valor real de las circunscripciones más vulnerables frente a la despoblación. Hasta ahora, el elector cumplimentaba una declaración explicativa en la que indicaba el municipio en el que quería quedar inscrito y el motivo de esa elección. El consulado remitía esa declaración a la Oficina del Censo, que realizaba un examen formal y de coherencia: comprobaba que los datos del elector coincidieran con los transmitidos, que figurara el municipio elegido, que se hubiera consignado un motivo y que el documento estuviera fechado y firmado, siempre según el citado medio.
Cualquier motivo inventado o inverosímil superaba este filtro irrisorio, puesto que ningún funcionario contrastaba la veracidad de lo escrito sobre el papel.
El butrón demográfico de cuatrocientos mil nuevos electores
Este sistema de nula fiscalización desvirtuó por completo la composición de los censos de múltiples provincias de la llamada España vaciada, donde un puñado de votos del exterior decide diputados y senadores. Este sistema se aplicó a los más de 400.000 inscritos que constan según las últimas cifras oficiales. El informe no describe, sin embargo, que existiera una comprobación material de documentos que permitiera acreditar que el arraigo alegado con ese municipio fuera real. La documentación, de hecho, ni siquiera se adjuntaba.
Hablamos de un butrón demográfico sin precedentes históricos donde personas que jamás han pisado suelo español ni poseen vínculos reales deciden hoy las mayorías del Congreso.
El forzoso cambio de rumbo tras la intervención del árbitro electoral
La pasividad del Censo solo llegó a su fin cuando el escándalo judicial y las denuncias de manipulación obligaron a reaccionar a los organismos de supervisión competentes. El procedimiento cambió después de que la Junta Electoral Central requiriera información al Censo el pasado 16 de julio. La OCE elaboró nuevas instrucciones en las que se establece expresamente que las nuevas inscripciones deberán ir acompañadas de los documentos necesarios para justificar la elección del municipio.
A pesar de esta tardía rectificación dictada por la Junta Electoral Central, el daño institucional ya resulta irreversible. La administración ha consolidado la inscripción irregular de un contingente masivo de votantes, sembrando una sombra de sospecha intolerable de fraude electoral sobre los próximos procesos electorales de la nación.
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