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La amenaza internacional silenciosa
Marruecos ejecuta una estrategia hostil de asedio permanente contra la integridad territorial de España. Utiliza todo su aparato diplomático, económico y migratorio con un objetivo irrenunciable: anexionar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La última maniobra de esta guerra híbrida consiste en la burda instrumentalización de la Liga Marroquí para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta entidad funciona en la práctica como un tentáculo propagandístico de Mohamed VI para atacar al Estado español en los foros internacionales.
La citada organización, camuflada bajo un falso ropaje humanitario, remitió un informe sumamente agresivo a diversos relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Embajada de España en Rabat. En dicho documento, recogido por el Cierre Digital en un reportaje, la entidad «acusa al Estado español de presuntas «violaciones de los derechos de los inmigrantes por lo sucedido en Ceuta», tras la invasión cometida los días 30 y 31 de julio». Mediante este movimiento burdo, el colectivismo marroquí elevó sus denuncias ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para criminalizar la legítima defensa de las fronteras españolas y cuestionar la autoridad de Madrid.
El escrito magrebí recopila una serie de falsedades destinadas a minar el prestigio internacional de España en el exterior. Según el texto remitido, «la documentación presentada abarca supuestas vulneraciones atribuidas a España en materia de derecho migratorio, señalando episodios de presunta tortura, racismo, xenofobia, violencia sobre mujeres y niñas, trata de personas, ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias y vulneración de los derechos de los infancia«. Esta acumulación de infundios busca invertir los papeles de agresor y víctima, ocultando que Marruecos utiliza deliberadamente a miles de sus propios ciudadanos como arietes humanos para desestabilizar la frontera soberana de un país miembro de la Unión Europea.
La farsa humanitaria como ariete geopolítico de Rabat
Es evidente que las demandas de esta organización gubernamental marroquí ante el sistema internacional carecen de cualquier base jurídica seria. El colectivo oficialista «exige el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon los hechos denunciados, la delimitación de responsabilidades y la adopción de medidas de protección para las víctimas y los familiares de los desaparecidos». Exigen además una investigación externa sobre la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sin embargo, las pesquisas policiales españolas desmontan esta narrativa y encuadran la totalidad de los episodios de violencia en los abusos que cometen las propias mafias de tráfico de personas que operan con total impunidad en territorio marroquí.
La hipocresía del régimen alauí queda al descubierto al examinar la autoría y la planificación de los asaltos fronterizos masivos. En su redactado, «la organización achaca los problemas detectados de forma directa a las autoridades españolas y exige una rendición de cuentas tanto a nivel individual como institucional, que alcance a los mandos operativos y a los responsables de la toma de decisiones«. El dossier omite intencionadamente cualquier alusión a la complicidad del Gobierno de Rabat o del monarca Mohamed VI, quienes abren y cierran el grifo de la invasión migratoria según sus conveniencias políticas del momento para chantajear al Estado español.
El entramado ultranacionalista del Istiqlal en el Gobierno marroquí
La Liga Marroquí para la Defensa de los Derechos Humanos no posee ninguna independencia real respecto al Majzén. La organización mantiene desde su fundación una alianza estrecha y orgánica con Istiqlal, una formación política profundamente xenófoba y ultranacionalista que hoy cohabita en el Gobierno de coalición marroquí. Esta vinculación explica los motivos por los cuales la supuesta ONG participa de manera activa en cada campaña de agitación destinada a socavar la españolidad de Ceuta y Melilla.
La genealogía de la entidad confirma su naturaleza partidista y su sumisión al poder real desde hace décadas. Miembros destacados del partido Istiqlal constituyeron la Liga en el año 1972 con el pretexto inicial de asistir jurídicamente a los detenidos políticos durante los denominados «Años de Plomo». Aquel periodo oscuro acarreó una durísima represión política y terrorismo de Estado bajo el reinado del monarca Hassan II. En la actualidad, los observadores internacionales constatan que la plataforma supedita totalmente sus acciones a las directrices de la agenda anexionista dictada desde el Palacio de Rabat.
El Partido Istiqlal representa uno de los tres pilares fundamentales que sostienen el actual Ejecutivo del reino alauí. La formación comparte las responsabilidades de gobierno con el Rassemblement National des Indépendants (RNI) —del primer ministro Aziz Akhannouch— y el Parti Authenticité et Modernité (PAM). Todos los integrantes de este bloque gubernamental defienden una postura hostil e inflexible que busca la anexuón de Ceuta y Melilla.
El ministro de Justicia y antiguo dirigente del PAM, Abdellatif Ouahbi, defendió públicamente las reclamaciones territoriales del reino sobre el suelo soberano de Ceuta y Melilla en numerosos foros internacionales. En esa misma línea beligerante destaca el actual secretario general de Istiqlal, Nizar Baraka, quien ostenta la cartera estratégica del Ministerio de Equipamiento y Agua. Baraka personifica el ala más agresiva del expansionismo marroquí y reiteró ante los medios de comunicación que Marruecos «no retrocederá ni un solo palmo» en su ofensiva para apoderarse de ambas ciudades autónomas españolas. Además, el ministro controla con mano de hierro la Unión General de Trabajadores de Marruecos (UGTM) para garantizar una obediencia ciega a los dictados de la Corona.
La sumisión de las élites y la agenda oculta contra España
La doctrina del Istiqlal combina un férreo conservadurismo islámico con un irredentismo geográfico sumamente peligroso para la estabilidad de Ceuta y Melilla. El partido se define formalmente como «un partido nacionalista y conservador estructurado en torno a la doctrina de la al-Ta’aduliyya (igualitarismo económico y social)». Su programa político prioriza la sumisión a los preceptos religiosos tradicionales y exige una beligerancia total en lo relativo a la supuesta integridad territorial del reino de Marruecos.
Este fanatismo expansionista brota de su estrecha ligazón histórica con la propia dinastía reinante. La formación nació en el año 1943 para servir de motor político en la lucha por el fin del protectorado junto al rey Mohamed V. En la actualidad, los dirigentes de Istiqlal profesan una lealtad incondicional hacia Mohamed VI, actuando como los ejecutores más implacables de las estrategias de presión fronteriza que emanan directamente de Rabat.
La solidez electoral de esta corriente radical asegura que las provocaciones contra España continuarán a medio y largo plazo. Los análisis difundidos por medios internacionales sitúan al Istiqlal en las posiciones de liderazgo del bloque oficialista con la meta de revalidar o ampliar sus 81 escaños parlamentarios en los próximos comicios. El peculiar sistema político local incentiva las coaliciones amplias, asegurando la continuidad de estos ministros hostiles en los puestos clave de la administración marroquí.
El arraigo de la organización consolida su capacidad de influencia frente a opciones políticas más modernas y moderadas. Fuentes especializadas destacan que «la formación cuenta con una red territorial centenaria y un arraigo consolidado entre las élites tradicionales, lo que le otorga un suelo electoral estable frente a partidos de creación más reciente«. A pesar de la severa crisis interna provocada por la inflación, el partido retiene su poder y utiliza a organizaciones pantalla como la Liga Marroquí para atacar a España ante la ONU bajo el pretexto de los derechos humanos. España debe abandonar de forma urgente la complacencia ante un vecino que se comporta, en todos los frentes, como un adversario estratégico decidido a fracturar su integridad nacional.
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