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Impacto del voto CERA elecciones: la alteración consciente de las mayorías
La ingeniería política de la izquierda ha alcanzado cotas de absoluta perversión democrática en España. La promulgación de la nefasta e injusta Ley de Nietos no responde a criterios de reparación histórica ni de justicia social; al contrario, esconde una burda estrategia de perpetuación en el poder. Tanto el PSOE como el Gobierno saben perfectamente que los nuevos votantes extranjeros nacionalizados artificialmente sobre todo los marroquíes, pueden inclinar la balanza electoral para que Pedro Sánchez conserve el Palacio de La Moncloa. Este plan de alteración del censo electoral no constituye una simple sospecha de la oposición. El propio Ejecutivo socialista confesó sus verdaderas intenciones de manera abierta, dejando constancia de que la soberanía nacional se encuentra amenazada desde el exterior por un censo adulterado a sabiendas.
El reconocimiento oficial de la manipulación en las provincias
Las actas oficiales desvelan que las altas esferas del poder calculaban de forma minuciosa el beneficio político de esta normativa. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoció este escenario en una publicación editada en el año 2023, poco después de la aprobación de la Ley de Nietos y que ha recogido Libertad Digital. En ese documento, el Ejecutivo socialista admitió explícitamente que hasta nueve escaños del Congreso de los Diputados dependían de un puñado de votos en el extranjero. Los estrategas de la Moncloa sabían de antemano que el voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) salvaría al bloque gobernante en las provincias con márgenes más ajustados.
Los datos concretos facilitados por el propio ministerio desnudaron la fragilidad de los resultados en los distritos clave.
«Hasta en nueve provincias hay escaños que dependen de menos de 2.000 papeletas para cambiar de formación política. El resultado ajustado de las elecciones generales celebradas el pasado domingo 23 de julio podría verse alterado por el recuento del voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), que comenzará este viernes, cinco días después de la celebración de las elecciones y que finalizará definitivamente el lunes 31 de julio», explicaba el Ministerio de Inclusión de manera pormenorizada.
La Administración central detalló la geografía exacta de esta distorsión censal y localizó los territorios donde el fraude de ley ejercería un impacto directo en el reparto institucional. Según los propios informes internos, «el voto CERA podría alterar el reparto de un último escaño en hasta nueve provincias donde los resultados han sido muy ajustados y dependen de menos de 2.000 papeletas para pasar de una formación a otra. Se trata de Cantabria, Guipúzcoa, Girona, Barcelona, Tarragona, Albacete, Madrid, Sevilla, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y La Palma de Gran Canaria», señalaba el Gobierno socialista. Esta confesión temprana explica las intensas campañas electorales que los emisarios del PSOE despliegan periódicamente en Sudamérica, buscando con desesperación el voto clientelar de los nuevos beneficiarios de la nacionalidad masiva.
El freno del Tribunal Supremo ante el incremento excepcional
La desmesurada avalancha de nuevas inscripciones en el extranjero encendió todas las alarmas en el poder judicial, provocando una respuesta contundente para salvaguardar la limpieza democrática del país. Más de 2,7 millones de ciudadanos residentes en el exterior contaban con autorización legal para votar en las próximas elecciones generales programadas para el año 2027. Sin embargo, el Tribunal Supremo paralizó de urgencia este proceso mediante una suspensión cautelar histórica. El alto tribunal consideró la existencia de un «peligro fundado, real y serio» para el normal desarrollo de los comicios democráticos en el territorio nacional.
Los magistrados del Tribunal Supremo razonaron que estas nacionalizaciones descontroladas
«pueden afectar a la transparencia del proceso electoral y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados, amén de generar una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral».
La justicia española detectó un preocupante incremento excepcional en las cifras de los padrones consulares. Más de 570.000 extranjeros consiguieron el pasaporte español a través de la Ley de Memoria Democrática, desvirtuando por completo la composición del cuerpo electoral. Este incremento masivo sumó 411.000 nuevos electores al censo exterior en comparación con las elecciones generales de 2023. Un estudio pormenorizado de la consultora de Madrid a Europa advierte de que el voto exterior puede trastocar decisivamente el destino de hasta 23 escaños si el Tribunal Supremo revoca las medidas de protección vigentes, consumando así un golpe irreversible a la representatividad real del pueblo español.
P.D. La preocupante realidad española guarda un estrecho paralelismo con lo sucedido en otras naciones de nuestro entorno, donde las agendas globalistas utilizan la demografía como una herramienta de ingeniería electoral. Como muestra de este fenómeno, cabe recordar lo ocurrido en el norte de Europa: El voto de la inmigración musulmana, decisivo para el vuelco electoral en Suecia y el regreso al poder de la izquierda.
Decisivo ha resultado para este vuelco el voto en los lugares con mayor población musulmana en Suecia, como en barrios de gran presencia somalí en Estocolmo, así como Gotemburgo y Malmo. El voto musulmán es mayoritariamente de izquierdas, y estas tres ciudades concentran el 60% de la inmigración, al alza, practicante de esta religión en Suecia. Este espejo internacional demuestra que la izquierda occidental no duda en alterar la composición natural de los censos para diluir el voto de los ciudadanos nativos y asegurar su permanencia en el poder.
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