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El 30 de julio Marruecos celebra la Fiesta del Trono, el aniversario de la entronización de Mohamed VI. Este año la celebró en Ceuta. Esa noche y la siguiente entraron en una ciudad de 84.000 habitantes unas 72.000 personas —cifra que el propio ministro Grande-Marlaska confirmó en el Congreso— bordeando a nado los espigones del Tarajal y Benzú. Hubo decenas de ahogados. Hubo intentos simultáneos en Beni Enzar, en Melilla. Y hubo una gendarmería marroquí que miró hacia otro lado con una eficacia notable.
Ahora comparemos. Cuando Bielorrusia hizo exactamente esto en la frontera polaca, Bruselas no habló de mafias: habló de «ataque híbrido» y de «instrumentalización de migrantes auspiciada por el Estado». Von der Leyen lo dijo en el discurso del estado de la Unión. El Consejo aprobó una quinta ronda de sanciones diseñada específicamente para castigarlo, vetó a Belavia y desbloqueó fondos —170 millones— para blindar las fronteras orientales. La Comisión incluso advirtió que esa doctrina «podría aplicarse en otros lugares si las circunstancias así lo justificasen».
Pues bien: las circunstancias lo justifican, y el lugar se llama Ceuta. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez culpó a las mafias, alabó la cooperación de Rabat y buscó responsables en el Tribunal Supremo español. Ni una sanción, ni una convocatoria del embajador con consecuencias, ni una revisión de las concesiones. Eso sí: 35,6 millones para alargar espigones y poner boyas, cofinanciados al 90% por una Unión Europea que a Minsk le respondió con castigos y a Rabat con talonario.
Conviene recordar a quién estamos pagando. Marruecos celebra elecciones, sí, pero no decide en ellas casi nada de lo que importa. El Rey marroquí conserva los llamados departamentos de soberanía —Interior, Exteriores, Defensa y Asuntos Islámicos—, preside el órgano de gobierno de los jueces y nombra por decreto a los walis y gobernadores: es decir, quien manda en cada provincia no lo eligen los marroquíes. El jefe de la seguridad del Estado responde ante Palacio, no ante ningún ministro. Un periodista sale de la cárcel cuando llega el indulto real, no cuando lo dice un tribunal. Como Comendador de los Creyentes, el monarca es además la máxima autoridad religiosa del país. Y el holding de la familia real participa en la banca, el azúcar, el aceite, el cemento y la minería: hasta la cesta de la compra pasa por ahí. Pero curiosamente nadie se atreve a cuestionar la legitimidad de Mohamed VI mientras a se trata a Bielorrusia de dictadura y autocracia.
La prueba definitiva la dio el propio Sánchez. En marzo de 2022, cuando enterró cuarenta años de neutralidad española sobre el Sáhara sin pasar por el Congreso, no envió la carta al primer ministro marroquí. Se la mandó al Rey. Todos saben perfectamente quién gobierna en Rabat; simplemente prefieren que los españoles no lo digamos en voz alta.
Mientras tanto, un ministro marroquí volvió a reclamar en agosto la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Ninguna respuesta de altura. Es difícil defender dos ciudades españolas cuando llevas cuatro años cediendo por miedo a que abran la verja o mas bien miedo a que hagan públicos los datos del móvil de Pedro Sánchez o varios de sus ministros.
En definitiva, no se trata de romper drásticamente con un vecino, sino de dejar de arrodillarse ante un estado dictatorial. Ninguna concesión más a espaldas de los españoles. La españolidad de Ceuta y Melilla afirmada sin arredrarse cada vez que alguien la cuestione. Y la misma vara de medir para todos.
Porque si a Minsk se le sanciona por hacerlo con 4.000 personas, a Rabat no se le puede aplaudir por hacerlo con 72.000.
Alfonso P. Sanz | Jurista y escritor
Tags: Ceuta, Marruecos, Frontera, Migración, Europa, Sanciones, Política
