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El 26 de agosto, con el país en la playa, el BOE publicó el Real Decreto-ley 21/2026, de transparencia de los grupos de interés. Al día siguiente ya estaba en vigor. Nadie lo votó.
Vamos a explicarlo sin jerga.
A partir de ahora, si usted quiere hablar con un ministro, con un director general o con un funcionario del Estado para pedirle algo, tiene que inscribirse antes en un registro. Antes. Si no lo hace y lo intenta dos veces en un año, la multa llega a 40.000 euros. Y le pueden prohibir inscribirse durante cinco años. Cinco años sin poder llamar legalmente a la puerta de la Administración de su país.
Da igual que usted sea una multinacional o una asociación de padres del colegio. La norma no distingue.
Que se haga público quién presiona al poder para ganar dinero es interesante. Lo pedían el Consejo de Europa y la OCDE, y España y iba tarde. El problema es cómo se ha hecho, quién lo controla y a quién deja fuera.
Cómo se ha hecho: La Constitución permite gobernar por decreto solo en caso de “extraordinaria y urgente necesidad”. ¿Cuál era la urgencia? Que la ley llevaba año y medio atascada en el Congreso porque el Gobierno no tenía votos. Eso no es una urgencia. Es lo contrario de una urgencia. Cuando un Gobierno no consigue mayoría, la salida constitucional es negociar. Este ha elegido otra: legislar solo y avisar después. No es la primera vez. Es el método.
Quién. El registro lo lleva el Consejo de Transparencia. El mismo organismo que le inscribe es el que le investiga y el que le multa. Y el decreto aprovecha para reformar el contrato estatuto de ese organismo. Juez, parte y reforma, todo en el mismo texto.
A quién se controla: Aquí está la trampa, y conviene leerla despacio. El decreto dice expresamente que los partidos políticos no son grupos de interés. Y solo se aplica al Gobierno y a sus ministerios: el Congreso y el Senado quedan fuera. Traducido: se ficha a la ONG, a la plataforma vecinal, a la fundación de tres empleados. No se ficha a quien reparte los escaños ni a quien vota las leyes.
Una norma que llama transparencia a vigilar al ciudadano y mantiene en silencio lo que hace el poder tiene un nombre, y no es transparencia.
Por eso solo cabe una respuesta: que empiecen ellos. Si la trazabilidad es tan buena, que se publiquen enteras las agendas del presidente y de todos sus ministros de los últimos cinco años. Con fecha, con nombre y con el asunto tratado. Y que se publique también quién ha pasado este verano por La Mareta, que no es un chalé privado: es una residencia pública pagada por todos.
No es una insinuación. Es exactamente lo que este decreto exige a cualquier vecino que quiera hablar con un subdirector general.
Los tres puntos clave:
1. Esta ley no obliga al poder a dar explicaciones. Obliga al ciudadano a pedir permiso.
2. Se ha aprobado sin votarla, precisamente porque no había votos para aprobarla.
3. Deja fuera a los partidos y al Parlamento. Es decir, a los únicos que tenían algo que declarar.
En definitiva, lo que uno piensa al leer este real decreto ley procedente de este gobierno es que el interés real que hay detrás es crear un nuevo brazo de control para la dictadura que nos quieren imponer.
El Congreso tiene hasta finales de septiembre para convalidarlo o tumbarlo. Que cada diputado explique después su voto. Ese sí que va a quedar registrado.
Alfonso P. Sanz | Jurista y escritor
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