La hora de la justicia: víctimas de la DANA denuncian al Gobierno y la Generalidad Valenciana por las «negligencias» durante la DANA

«Murieron por una riada en zonas donde ni siquiera había llovido, y porque nadie advirtió del peligro»

Las víctimas de la DANA exigen responsabilidades ante la negligencia de las administraciones

La tragedia provocada por la DANA en octubre dejó un saldo devastador: 222 muertos y cuatro desaparecidos en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, este desastre natural no fue únicamente producto de las lluvias, sino de una cadena de negligencias, imprudencias y omisiones de las administraciones locales y nacionales, según denuncia la asociación SOS Desaparecidos y recoge el diario La Gaceta.

“Murieron por una riada en zonas donde ni siquiera había llovido”

El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, ha sido contundente al señalar las causas de este desastre. “Las víctimas no murieron por la DANA, sino por una riada en zonas donde ni siquiera había llovido, y porque nadie advirtió del peligro”. Sus declaraciones reflejan la indignación de las familias afectadas, quienes ahora exigen justicia en los tribunales.

El equipo legal de la asociación, compuesto por abogados, expertos en emergencias y peritos judiciales, ya está trabajando en la preparación de demandas contra la Generalidad Valenciana y el Gobierno central. Hasta ahora, 24 familias se han unido a esta iniciativa, con la intención de que los responsables enfrenten las consecuencias de su mala gestión.

Fallas en los protocolos y falta de alertas

Entre los puntos clave de la denuncia está la falla en los protocolos de emergencia y la falta de coordinación en la gestión de la catástrofe. Amills destacó cómo las alertas tardaron en llegar, a pesar de la inminencia del peligro: “Algunas muertes ocurrieron alrededor de las 18:00 horas del 29 de octubre, pero las primeras alertas no llegaron hasta las 20:15 horas. ¿Cómo es posible que los sistemas de emergencia no funcionaran a tiempo?”.

El colapso del servicio de emergencias 112 agravó aún más la situación. Durante la primera semana tras el desastre, la asociación recibió más de 4.000 llamadas de personas desesperadas por obtener respuestas que las administraciones no ofrecían.

67 años de inacción

Esta tragedia pone de manifiesto una historia de desidia administrativa que se remonta a décadas atrás. Amills recordó que, a pesar de que Valencia ha sufrido desastres similares en el pasado, en 67 años no se han implementado soluciones efectivas para prevenirlos.

La crítica no se queda en el presente: la tragedia actual es consecuencia de errores acumulados a lo largo de los años. “Aquí no hay espacio para improvisaciones. Existen leyes, protocolos y responsabilidades claras que deben cumplirse”, afirmó Amills.

La inacción política en el punto de mira

La denuncia también apunta directamente a los políticos, a quienes se acusa de buscar excusas en lugar de soluciones. Amills comparó la gestión en Valencia con la de otras regiones, como Andalucía, donde los protocolos funcionaron adecuadamente tras un episodio similar pocos días después. “La experiencia estaba allí. No es cuestión de la intuición de un político o un técnico. Se trata de que las normativas se apliquen correctamente desde los ayuntamientos hasta el Gobierno de la nación”.

Esta comparación subraya la falta de coordinación entre las administraciones y la necesidad de que los responsables rindan cuentas.

La hora de la sociedad civil

En un contexto donde los partidos políticos no asumen responsabilidades, la iniciativa de SOS Desaparecidos se convierte en un ejemplo de cómo la sociedad civil puede tomar la delantera en la búsqueda de justicia. Este esfuerzo no busca reparaciones económicas, sino algo más profundo: la justicia para las víctimas y sus familias.

Es momento de que los ciudadanos se unan y exijan que los responsables, desde los ayuntamientos hasta el Gobierno central, enfrenten las consecuencias de su inacción. Las tragedias como esta no pueden quedar impunes, ni ser relegadas al olvido por una clase política más preocupada por protegerse que por proteger a sus ciudadanos.

La tragedia de la DANA en Valencia no debe repetirse. Es imperativo que las víctimas y sus familias encuentren justicia, y que las administraciones responsables asuman las consecuencias de su negligencia.

El camino hacia un país más seguro no pasa por excusas o improvisaciones, sino por el cumplimiento estricto de los protocolos y la implementación de medidas preventivas reales. Solo así se podrá evitar que el dolor de estas familias se repita en el futuro.

La sociedad civil debe liderar este cambio, demostrando que cuando los políticos fallan, es el pueblo quien toma la iniciativa. Solo el pueblo salva al pueblo.