Una ley que siguen viendo muy similar a la del Partido Popular de 2012. Los firmantes critican que lo que se llevará al Pleno no constituye una verdadera derogación de la reforma laboral de 2012, a lo que se habían comprometido sistemáticamente desde Podemos, llegando incluso a crear una crisis interna en el seno del Gobierno por los términos en que se definía dicha reforma. La negociación de la reforma laboral sigue sin visos de resolverse con acuerdo de todas las partes a una semana de llegar al Parlamento.
ERC, EH Bildu, BNG y la CUP han firmado una declaración conjunta para “la recuperación de derechos de la reforma laboral” en la que detallan las “cuestiones básicas y prioritarias” que, a su juicio y para contar con su apoyo, debería incluir el nuevo marco laboral aprobado por el Gobierno. Un marco laboral que lleva en vigor desde el pasado 30 de diciembre y que el próximo 3 de febrero llegará al Congreso para su convalidación. A su juicio, con sus modificaciones se respondería «a la demanda social mayoritaria para ampliar los derechos laborales».
«Estamos en el ‘no’, esto tiene que cambiar», ha dicho la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua; y añade: «Esta declaración conjunta da una vía al Gobierno para que arreglen lo que tienen que arreglar, estas son las condiciones, son razonables».
Los cuatro partidos firmantes consideran que «esta Reforma Laboral a debate en estos días, no constituye la derogación de la Reforma Laboral del 2012». Y advierten que la inclusión de las condiciones que ponen para dar su apoyo «depende únicamente de la disposición y voluntad política del Gobierno».
Siete condiciones que exigen negociar
Estas son las condiciones que exigen negociar:
- Se recuperará y establecerá la prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos, así como el blindaje jurídico de los Acuerdos Interprofesionales autonómicos donde efectivamente estos existan
- Se reconocerán y blindarán así los marcos laborales propios de los diferentes territorios y los acuerdos y convenios colectivos en ellos alcanzados.
- Se recuperará la necesaria autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos a través de los Expedientes de Regulación de Empleo, recuperando para ello las causas objetivas previas a la Reforma Laboral del 2012.
- Se especificarán medidas para atajar la precariedad y las posibilidades de descuelgue salarial, centrada en una revisión y modificación de las causas y procedimientos del despido, así como de los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo bajo las causas de “pérdidas” previstas actualmente. Así mismo, el descuelgue de las condiciones laborales y salariales basado en causas justificadas deberá quedar condicionada al acuerdo con la representación sindical.
- Se recuperará la indemnización por despido improcedente, incrementando su cuantía a los 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades para los despidos declarados improcedentes. Así mismo se recuperarán los salarios de tramitación.
- Se recuperará la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa. A los convenios de empresa les corresponderá la función de adecuación y mejora de las condiciones fijadas en los convenios colectivos sectoriales, que constituirán el suelo mínimo de las condiciones en todas las empresas del sector.
- Se restaurarán las limitaciones de las empresas para la movilidad geográfica colectiva y se recuperará la necesidad de acuerdo para la regulación de la jornada.
- Se incluirán propuestas orientadas a la reordenación del tiempo de trabajo y la reducción de la jornada laboral, para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal así como el reparto del empleo y el trabajo, desde la perspectiva de la transformación hacia un nuevo modelo de relaciones laborales en consonancia con la transición energética, digital y demográfica.
