La Unión Europea advirtió a todos los países miembros, incluida España, que deberían extremar las precauciones para no sobrepasar ciertos límites en su lucha contra la desinformación y los bulos.
Un informe de expertos calificó de «malas prácticas» y «contraproducentes» aquellas medidas que supusieran «censura» (incluso la «bien intencionada») de la opinión pública. También alertó de las consecuencias de la «vigilancia online» por parte del Estado y de poner la «censura en manos de compañías privadas». Una imagen en la que podrían encajar algunos de los últimos movimientos del Gobierno de Pedro Sánchez.
En la última semana han sido varios los gestos del Gobierno de Pedro Sánchez que insinúan un recorte a la libertad de información y expresión. La ministra de Educación, Isabel Celáa, advirtió en TVE que «no podemos aceptar que haya mensajes negativos«. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos preguntó a los ciudadanos si es necesario limitar el derecho a la información para acabar con la desinformación. El general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, anunció que se están monitorizando las redes para «minimizar el clima contrario al Gobierno». Todas ellas son medidas que, de llevarse a cabo supondrían en la práctica la aplicación de la censura, la peor receta para luchar contra la desinformación según la Unión Europea.
En enero de 2018, la Comisión Europea encargó un estudio a un «grupo de expertos de alto nivel» denominado HLEG para que analizasen el fenómeno de la desinformación y las noticias falsas. Se les planteó que propusiesen un plan de respuesta conjunta para todos los países de la Unión. En abril de ese mismo año, el resultado de esos trabajos vio la luz a través de un informe titulado «Una aproximación multidisciplinar a la desinformación«
(Pelayo Barro. OK Diario)
