La Ley de Memoria Democrática no lleva en vigor ni una semana y ya hay partidos intentando aprovecharse de ella para sus fines espurios. Es el caso de Esquerra Republicana (ERC), que con Gabriel Rufián a la cabeza ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados, sosteniéndose en esta norma, un acto de Estado en honor del expresidente de la Generalitat, el asesino Lluís Companys, que amparó miles de asesinatos y dio un golpe de Estado contra la Segunda República (1934).

El historiador catalán Cesar Alcalá denuncia en un reciente libro (‘La cobardía de ERC: los 10 primeros meses de la Guerra Civil’) que Companys amparó bajo su gobierno de Cataluña el asesinato de unas 26.000 personas entre el 20 de julio de 1936 y el mes de mayo de 1937, cuando cedió a los miembros de la CNT y la FAI el control del orden público en esta comunidad autónoma.

Antes de estos hechos, Companys dio un golpe de estado contra la Segunda República en 1934, cuando proclamó la independencia de la República Catalana. El sofoco de la rebelión por parte de las tropas del Gobierno de Alejandro Lerroux se saldó con decenas de víctimas mortales

Un reconocimiento ya concedido

Pese a los antecedentes históricos de Companys, ERC se empeña en que el Gobierno central le dedique un acto solemne, algo innecesario dado que las sentencias de su fusilamiento ya fueron declaradas nulas por la Fiscalía General del Estado en 2010, amparándose en la Ley de Memoria Histórica de Zapatero. Además, el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez ya aprobó en diciembre de 2018 una declaración en la que rechaza y condena el consejo de guerra que en 1940 sentenció a muerte al expresidente catalán. En dicha declaración, el Ejecutivo también proclamó su reconocimiento y la restitución de la dignidad de Companys como presidente de la Generalitat.

ERC exige que se pida perdón al pueblo catalán

La PNL de ERC también exige que «el mismo reconocimiento y desagravio» se haga «extensivo para con el pueblo de Catalunya a tenor de que Lluís Companys era su presidente, elegido democráticamente». A su vez, pide que se forme un grupo de trabajo con miembros elegidos por la Consejería de Justicia catalana y el Ministerio de Presidencia para que acuerde los términos en los que se llevará a cabo el «acto solemne».

(Con información VozPopuli)