El Tribunal de Cuentas ha detectado en Podemos contrataciones no ajustadas a la ley, gastos de seguridad inflados e incorrectos para cubrir en realidad el coste de trabajadores de la sede y gastos electorales irregulares, entre otras deficiencias. Es el informe de fiscalización correspondiente al ejercicio del año 2016. El informe habla de «incumplimientos de la legalidad» e «irregularidades» usando su terminología habitual.
Según el Tribunal de Cuentas, Podemos incumplió ese año la Ley de Financiación de Partidos Políticos (LFPP) en varios aspectos. El tribunal reprocha a la formación liderada por Pablo Iglesias que no tuviera, como obliga la ley, una cuenta bancaria específica para el ingreso de las aportaciones que hacen los cargos públicos a las arcas del partido. Podemos declaró que estos aportaron casi tres millones de euros para financiarlo. En concreto, 2.801.798 euros. Una importante cantidad que fue a parar a distintas cuentas bancarias.
El resto de ingresos de origen privado «provienen fundamentalmente de donaciones privadas» por el valor nada desdeñable de 1.614.808 euros, que se ingresaron en las cuentas del partido -dice- por cuatro vías: «Plataforma de financiación colectiva (crowdfunding), transferencia bancaria o talón nominativo, domiciliación de recibos y tarjetas de crédito».
Pero más allá de estas aportaciones privadas, el informe constata que Podemos vive financieramente, sobre todo, de las subvenciones públicas derivadas de sus resultados electorales nacionales, autonómicos y municipales.
De los más de 28 millones de euros que tuvo como ingresos, «el 84% tuvieron un origen público y un 16% de origen privado». Los datos rebaten, así, la propaganda del partido que proyecta ante la opinión pública la idea de una formación prácticamente autofinanciada por crowdfunding. De hecho, el informe señala que, en 2016, por este concepto apenas recaudó 120.000 euros.
Contrataciones irregulares
El Tribunal de Cuentas detecta que Podemos tampoco cumplía en 2016 la Ley de Financiación de Partidos Políticos en cuanto al régimen de contratación en el partido. En concreto le reprocha que no tuviera «unas instrucciones internas que regulen los procedimientos de contratación que, conforme a la LOFPP, han de inspirarse en los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación». De la terminología se deduce, aunque no cita estos términos, arbitrariedad y falta absoluta de transparencia en las contrataciones que se hicieron en Podemos aquel año.
Llama la atención el apartado dedicado a la «subvención estatal para sufragar los gastos de seguridad». El Tribunal de Cuentas dice que Podemos recibió un total de 384.276 euros en subvenciones para cubrir esos gastos pero le pide que devuelva 320.967 euros porque la mayoría de gastos declarados como tales no corresponden a materias de seguridad.
La fundación de Monedero
Las cuentas de Podemos de 2016 integra también las de la fundación vinculada al partido: el «Instituto 25M para la Democracia», que desde el mes pasado dirige Juan Carlos Monedero. El Tribunal de Cuentas tiene también reproches para la fundación.
Dice que Podemos «sigue sin declarar adecuadamente» la dotación de 30.000 euros que aportó para el nacimiento de la fundación. El reproche es doble porque le recuerda que «ya fueron advertidos en 2015» de tal irregularidad.
Además señala que la fundación que ahora preside Monedero incumplió en 2016 la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) porque aportó a la campaña de Podemos en las elecciones generales del 26 de junio casi 50.000 euros de manera ilegal. El tribunal recuerda que, según la LOREG, «los gastos electorales solo pueden realizarse por los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones participantes en las elecciones». El tribunal sí avala, sin embargo, que la fundación de Podemos aportara 340.348 euros a las cuentas del partido más allá de la financiación de aquella campaña.
El partido, por cierto, recibió en microcréditos para financiar elecciones 1.285.000 €, que admite como deuda pendiente.
IVA mal declarado
En el capítulo de gastos, el tribunal constata que «un total de 324.649 euros referidos al IVA soportado» están mal contabilizados de acuerdo al Plan de Contabilidad Adaptado a las Formaciones Políticas (PCAFP) y que «deberían haberse contabilizado en las partidas de gasto correspondientes».
Por cierto, que, entre los 16.572.836 euros de gastos totales declarados por Podemos en 2016, el tribunal denuncia los casi 6.000 euros que un asesor parlamentario en el Senado cobró como «dietas» cuando -señala el informe- eran en realidad «una cantidad mensual fija que tendría la consideración de complemento salarial y debería haber sido objeto de retención en concepto de IRPF y de cotización a la Seguridad Social».
Al inicio del informe, el Tribunal de Cuentas apunta una irregularidad de base en las cuentas de la formación morada: no hay -dice- una «integración proporcional» de las contabilidades de las distintas coaliciones que formó Podemos en los distintos procesos electorales de aquel año, lo que lleva -según el tribunal- a que estén «infravalorados» los activos y pasivos netos y los ingresos y gastos electorales.
(OK Diario)
