Son malas, muy malas noticias… Vienen encadenadas, como las cerezas de un cesto. Tiras de una y se te viene la otra, engarzada, consecuencia deplorable, inesperada para algunos, pero anunciada, previsible.
El primer enunciado dice así: la izquierda en Madrid no perdió votos. El desplome fue sólo del PSOE, que vio esfumarse 274.000 papeletas, ya sea por el desgaste del ególatra y mentiroso compulsivo Pedro Sánchez o por la muy defectuosa candidatura del hermano de Iñaki Gabilondo, el que arreaba bofetadas como panes en las aulas cuando era cura. O por ambas cosas a la vez, que ahora eso da lo mismo.
Pero observen: de ese cuarto de millón de votos desaparecidos del PSOE en Madrid cabe descontar 130.000 votos, los que sumó el comunismo 4.0 de Más Madrid, y otros 80.000 implementados en la cuenta de Unidas Podemos con el por entonces todavía “coletas” al frente de la vaina. Restan por identificar los destinatarios de apenas 64.000, de los cuales el 60%, unos 40.000, tal vez acabaron en poder de Díaz Ayuso.
En conclusión, las cifras dan fe de que la movilidad del voto perdido del PSOE se desplazó en cantidad de 210.000 votos (casi un 80%) de forma transversal hacia la izquierda. Siguen ahí.
Veamos ahora lo que sucedió en el otro lado. A lo que ya obtuvo en las anteriores elecciones, Ayuso sumó otros 900.000 votos, de los cuales, cabe suponer sin esfuerzo que la mitad de ellos equivalen a los 450.000 que se dejó atrás C’s, que no alcanzó el 5% y por tanto quedó fuera del reparto de diputados.
Hay otros 400.000 que se corresponden bastante bien con la cifra de abstencionistas notificados o reincidentes que se refleja con claridad en un importante aumento de participación, que esta vez alcanzó el 76,5% del censo. Y tal vez, unos 40.000, estos sí, que pudieran haberse descolgado del PSOE para engrosar el cómputo de Ayuso y no el de “las otras izquierdas”.
El intento del PSOE (sobre todo) y de las otras izquierdas (en menor medida) para movilizar masivamente el voto por correo tenía una intención que podríamos traducir como tratar de enmascarar un resultado sorprendente e inesperado que apareciese de repente y que no reflejaban las encuestas, salvo la del CIS de Tezanos.
Lo lograron sólo en una pequeña parte, pues el voto por correo creció de 165.070 de las elecciones de 2019 a 235.696 en estos comicios (incluyendo el voto CERA llegado del extranjero). Procuraron la movilización de participantes por correo con la vaga excusa de las medidas Covid, lo cual, a priori, no tiene partido beneficiario definido, pero lo que consiguieron con ello fue contribuir a la movilización de 400.000 votantes ‘nuevos’ que estaban integrados desde antiguo en el abstencionismo.
En Madrid hay tradicionalmente alrededor de 1.300.000 abstencionistas identificados en el censo, gente que no vota desde hace diez años o más. Bastaba, en teoría, efectuar un cambio legal que le permitiese a Correos recepcionar los votos que se hubiesen solicitado previamente sin necesidad de que la persona que los entregaba se identificara al empleado de la ventanilla. Dicho cambio en la normativa se llevó a cabo en diciembre de 2018.
Por no involucrar a ningún organismo oficial, pongamos que a un ‘hacker’ medianamente entrenado no le resultaría muy difícil a partir de ahí acceder a los listados de dichos abstencionistas tradicionales para depositar en su nombre una papeleta con un voto. Y además, esta vez podía hacerlo en nombre de muchos votantes a un tiempo, según la nueva norma.
Ocurre que muy pronto, la presión ejercida por distintas asociaciones de ciudadanos, muy principalmente por el Observatorio para la Transparencia Electoral (OpTE) se movilizaron y plantearon diversas cuestiones ante la Junta Electoral Central, entre ellas la validez de que se depositara cualquier número de votos en las oficinas de Correos por personas no identificadas, así como también promovieron la denuncia ante la aparición de tickets sin el abono correspondiente, que era cargado en el ticket siguiente.
La Junta Electoral Central no dejó pasar por alto lo de los tickets cargados en el usuario siguiente y ordenó que Correos dejase de actuar de ese modo, lo cual, en todo caso, ha generado ya un problema contable muy estimable y de difícil solución que aún no sabemos cómo justificará la empresa.
En cuanto al primer asunto, el pronunciamiento sobre la validez de los votos depositados por persona no identificada, la JEC demoró su decisión hasta el mismo día de celebración de las elecciones, horas antes de que se introdujeran dichos votos en las urnas correspondientes, tarea que ha de hacerse a partir de las 20:00 horas, una vez cerrados los colegios.
Su pronunciamiento fue favorable a que se actuase así, pero demoró la publicación de dicha decisión hasta varias jornadas más tarde, cosa que finalmente hizo a petición del OpTE.
También pudo resultar decisiva la campaña desarrollada por los diversos partidos que concurrían a las elecciones en Madrid, que esta vez hicieron acopio de un número de apoderados inusual para hacer seguimiento de la jornada en todos los colegios y, sobre todo, para recaudar casi la totalidad de actas de las más de 6.000 mesas existentes en la Comunidad de Madrid.
Pero había un escollo fundamental, como se ha dicho, pues la incorporación de miles de abstencionistas reincidentes habría dificultado mucho la tarea de tirar a ciegas y, además, contrarrestar el fuerte aumento de participación general con un amaño del voto por correo habría exigido cifras tan abultadas en este que nos habrían aproximado a un escenario desopilante y absurdo, incluso aunque lo que se persiguiera no fuese derrotar a Ayuso, sino simplemente dejar una posible coalición de gobierno muy cerca de obtener la mayoría absoluta pero sin conseguirlo, para lo cual la cifra de votos a manejar no tendría por qué ser demasiado elevada.
Y es que si los 400.000 abstencionistas que se han movilizado esta vez se hubieran quedado en casa, como en ocasiones anteriores, tanto PSOE como Más Madrid habrían pasado de casi un 17% (16,85 y 16,97%, respectivamente) a un 20%; pero, lo que es peor, Ayuso habría obtenido un 32% y no un 44,73%; mientras que VOX habría sumado apenas unas décimas más y, con unos 30.000 votos por correo, C’s habría alcanzado el 5% y Podemos descendería a un 6% en lugar del 7,21% registrado.
Para ajustarlo a la medida habría sido necesario, repito, una masa muy superior de papeletas en las oficinas de Juan Manuel Serrano, el director general de Correos, y encima ‘resetear’ las mismas para variar el resultado.
Fallo total en la sala de máquinas y cálculos indeseados arruinaron la posibilidad de ensayar una sorpresa que habría resultado, como poco, demasiado artificiosa y que habría cantado la Traviata en varios idiomas.
En todo caso, no han transcurrido tres semanas desde el día de las elecciones, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido directamente a por la cabeza del presidente de Indra, Fernando Abril Martorell, la empresa encargada del recuento, sin que sepamos exactamente la razón oficial de ello cuando apenas lleva en el cargo seis años justos desde que relevó a Javier Monzón, al cual sólo fue posible destituir después de casi 22 años en el cargo a pesar de los duros intentos de Aznar y de Rajoy incluso durante sendas legislaturas con mayoría absoluta.
Y es que en ese operativo era imprescindible la colaboración de la mecánica de recuento provisional de votos de Indra, la sociedad presidida por Fernando Abril Martorell, hijo del mismo nombre del vicepresidente de Gobierno de Adolfo Suárez, el cual entró a presidir el grupo en 2015.
El principal accionista de Indra es la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) después de haber heredado, tras el rescate, los activos de la antigua Bankia. El Banco Santander entró el pasado mes de noviembre en el consejo de administración de la multinacional con la compra de un 3% de su capital.
(José María Arenzana. Sevilla Info)
