La petición de indulto para los 12 condenados por el procés separatista de octubre de 2017 en Cataluña ya está en la mesa del ministro de Justicia. Así ha podido confirmarlo este periódico en fuentes del Gobierno. Moncloa no muestra especial interés en este expediente, que ha sido colocado por su orden de llegada. La última polémica por la retirada del tercer grado a los presos ha avivado la polémica esta semana, pero el Gobierno se defiende: «Nosotros no influimos en las cuestiones judiciales», alegan fuentes del Ejecutivo. Pero tampoco acelerarán una decisión que sí les toca, la de la gracia.
Hay que recordar que durante los casi 10 meses que Pedro Sánchez estuvo en funciones no se tramitaron indultos. El estado de alarma amenazó con retrasarlo todo aún más, pero a los tres días de su imposición, el Ejecutivo modificó el decreto para que las gracias no se vieran afectadas por la suspensión de todos los plazos administrativos que incluía el confinamiento e hibernación de toda actividad.
Presentado mediante carta certificada el pasado 23 de diciembre en el Registro General del Ministerio de Justicia Servicio de Indultos, el escrito ya ha sido informado por el tribunal sentenciador, el Supremo, y por la Fiscalía del mismo. Además, a esos trámites se añade una consulta a las direcciones de las prisiones en las que los reos cumplen su condena.
Junqueras, Romeva y Turull antes de volver a ingresar en la cárcel de Lledoners. EP
La solicitud fue impulsada por un abogado de Barcelona Francesc Jufresa Patau, del despacho Jufresa & Grasas «a título particular» y sin encomendarse en nada con los condenados ni con sus partidos o movimientos sociales. «No hablé con los presos, lo presenté porque pienso que es conveniente para mi país«, explica en conversación con este periódico. «Y también para todos, incluso para los que lo tienen que dar, porque el Estado no ha quedado muy bien en toda la tramitación del proces«.
Mesa del ministro
Nadie sabe si el expediente ha tenido informes favorables o no, ni siquiera el impulsor del mismo: «En la tramitación de los indultos hay un secretismo total, no te van notificando nada», añade. Sin embargo, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que el dossier ya ha regresado a la mesa de Juan Carlos Campo. Y fuentes del Gobierno aseguran que no se dejarán presionar ni por el entorno de los condenados ni por los partidos separatistas a los que pertenecen: «Iremos sin prisa, tenemos un año».
Esto es así… sólo en parte. La ley de indulto, que es un texto de 1870 -de hecho, en su artículo 29) trata sobre la «conmutación de la pena de muerte»– y consta de apenas 32 artículos no habla de plazos, éstos están desarrollados en artículo 6) del Real decreto 1879/1994, 16 de Septiembre: «Habrán de ser resueltos en el plazo máximo de un año, pudiendo entenderse desestimadas las solicitudes cuando no haya recaído resolución expresa en el indicado plazo».
Otro texto legal, en este caso una orden ministerial del 10 de septiembre de 1993, acuerda que «cuando, a criterio de la Subsecretaría de Justicia, la propuesta de un indulto requiera ampliar el tiempo de su tramitación, se podrá prolongar ésta durante el plazo de seis meses a partir de la recepción de los informes preceptivos».
Es decir, el Consejo de Ministros debería decidir antes de diciembre. Es cuando cumple el plazo legal y además, los informes preceptivos se emitieron antes de acabar el mes de junio. Nada empuja a ampliar los plazos, salvo la oportunidad política: el Gobierno aún no ha sentado de nuevo a la mesa de diálogo con la Generalitat «por el conflicto político» y en otoño habrá dos votaciones importantes para Sánchez, la de los Presupuestos en el Congreso y las elecciones autonómicas catalanas.
Calendario detallado
Esto aconseja trazar un calendario muy detallado en las oficinas de Moncloa. «Nada nos empuja a acelerar los plazos», explican las fuentes gubernamentales, «el indulto es una potestad del Consejo de Ministros y esta petición se tramitará como cualquier otra». De hecho, el tiempo juega a favor de Moncloa: basta no decidir para que el expediente decaiga.
El texto de Jufresa -al que ha tenido acceso este periódico- parece, en realidad, más un recurso contra la sentencia que una motivación de la bondad de concederles la gracia a los reos.
El abogado cuestiona la competencia del Tribunal Supremo en la causa; pone en cuestión la misma sentencia, por la no atención a la recusación de los magistrados del tribunal; la instrucción de Pablo Llarena, al que acusa de infringir la normativa comunitaria sobre euroórdenes; y el principio de proporcionalidad aplicado al delito de sedición, por el que se condenó a los impulsores del referéndum y la declaración unilateral de independencia. Además, el documento critica la prisión provisional de «más de dos años».
Pocas esperanzas
Jufresa reclama el indulto total para los 12 condenados (los encarcelados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart además de para Santi Vila, Carles Mundó, Meritxell Borràs), aunque para ello haría falta el improbable informe favorable del magistrado Manuel Marchena y sus compañeros del tribunal sentenciador. Lo cual inspira pocas esperanzas en el solicitante.
Así, ofrece opciones «subsidiarias», como la sustitución de la prisión por inhabilitación o la rebaja del tramo en el delito de sedición hasta un máximo de cuatro años, lo que en la práctica significaría la puesta en libertad de los encarcelados, tras llevar ya casi tres años entre rejas.
Aparte de esta petición completa, hay otras dos pendientes de tramitar. La priemra, una que dijo haber presentado el Sindic de Greuges (defensor del pueblo) catalán, Rafael Ribó. Y una más del sindicato UGT, para Dolors Bassa, porque era afiliada.
(Alberto D. Prieto. Siario El Español)
