El Defensor del Pueblo ha reclamado al Gobierno Catalán que informe sobre qué medidas ha aplicado para atender a los «derechos» lingüísticos de los alumnos, atendiendo a la denuncia de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña sobre la «presión ejercida a alumnos y profesores para utilizar exclusivamente el catalán en el aula y fuera de ella».
El Defensor del Pueblo se ha dirigido a la Secretaria General de Educación en Cataluña para reclamar que, si ya no lo ha hecho, al menos informe sobre qué acciones impondrá para garantizar el español este curso en las aulas y asegurar unos mínimos a las «personas y colectivos» que se dirigen al Defensor del Pueblo.
El organismo solicita así un estudio sobre los planteamientos que el Gobierno Catalán aplicará en todas las fases educativas, desde infantil hasta bachillerato. Para eso se ampara en el artículo 3.1. de la Constitución, tal y como alega la misma Escuela Bilingüe, en el que se recoge el derecho a conocer y usar el español. En un apunte importante, el Defensor del Pueblo estima que el Gobierno Catalán rinda cuentas haciendo públicas sus medidas también para prevenir el acoso que los alumnos pudieran sufrir por «cuestiones vinculadas al uso del castellano».
El Parlamento defiende el ‘decreto del catalán’
Este martes el Parlamento catalán remitió un escrito de alegaciones al Tribunal Constitucional (TC) en el que argumenta que la ley sobre el uso de las lenguas en las escuelas que fija el catalán como lengua vehicular es constitucional y que no excluye al español «como lengua de enseñanza». El Tribunal Constitucional estudiará la constitucionalidad de la nueva normativa catalana de uso de las lenguas en las escuelas, que reafirma al catalán como lengua vehicular y relega al español a lengua curricular, que choca con la sentencia que obliga a aplicar un 25% de español en las aulas, tras un recurso planteado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El TSJC considera que el nuevo modelo lingüístico de Cataluña, impulsado por el Gobierno Catalán tras la sentencia del TSJC que impone un 25% de español en las aulas, confirmada por el Supremo, vulnera el Estatuto de Autonomía y varios artículos de la Constitución, entre ellos el derecho fundamental a la educación.
(Con información de Vozpópuli)
