Barcelona lidera la lista de provincias con más procedimientos por ocupación ilegal y la nueva ley de vivienda abre la puerta a un futuro incierto
En los últimos cinco años los juzgados españoles han registrado un total de casi 17.000 demandas relacionadas con la ocupación ilegal de viviendas, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Con la nueva ley de vivienda en proceso de extender sus leyes por aquellas comunidades autónomas que la asimilen, la ocupación ilegal preocupa más que nunca porque esa ley protege a la okupación más que nunca.
En el período comprendido entre el tercer trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2023, se han observado un total de 17.264 ingresos de procedimientos en los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia, es decir, una media de nueve demandas diarias.
De todas formas, el informe del CGPJ revela que se presentaron 373 demandas por ocupación ilegal de viviendas durante el pasado verano, y eso supone un descenso del 38,6 % si lo comparamos con el mismo período del año anterior.
Repunte de casos
Durante el segundo trimestre de 2023, el CGPJ avisó de un aumento del 2,3 % en los procedimientos en comparación con el mismo período de 2022, con un total de 797 casos y un importantísimo incremento (26,7 %) respecto a los primeros tres meses de 2023 (629 casos).
Este trimestre registra la cifra más alta en casi dos años, mientras que si ampliamos el dato entre enero y septiembre, los juzgados de toda España han recibido un total de 1.799 demandas por ocupación ilegal de viviendas. Unas fechas que coinciden en gran parte con la publicación oficial de la nueva ley de vivienda el 25 de mayo que acordó el PSOE junto a ERC, EH Bildu y Más País que protege y promocional la okupación.
Atendiendo a estos datos, hay que destacar que las cifras están lejos de los niveles observados a finales de 2018 y 2019, y en la primavera de 2021, cuando se superaron los mil casos por trimestre.
Cataluña lidera el ranking nacional: 4.100 demandas en cinco años
En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, Cataluña lidera el ranking nacional con más de 4.100 demandas en los últimos cinco años. Esto supone casi una cuarta parte del total (23.9%).
Le siguen Andalucía, con más de 3.500 procedimientos; Comunidad Valenciana, con más de 2.200; Madrid, con más de 1.500; y Castilla-La Mancha, con más de 1.100.
En otro escalón se encuentran Canarias, Baleares, Murcia y Galicia, con más de 500 procedimientos cada una, mientras que otras autonomías registran menos de 500 demandas en los últimos cinco años. Navarra y La Rioja ocupan las últimas posiciones del ranking, con menos de 100 unidades.
En los últimos dos trimestres, Barcelona ha liderado la lista de provincias con más demandas por ocupación ilegal, con un total de 125 procedimientos en seis meses. El paso de Ada Colau por la alcaldía de la ciudad condal han dejado indefensos a miles de propietarios y a la policía sumida en desalojos sobrecogedores como el del pasado noviembre en Bonanova donde utilizaron una jaula de protección para evitar que ser alcanzados por los objetos que les lanzaban.
¿Y qué ha provocado esta situación?
La explicación es muy simple: La impunidad que hay en Cataluña con el sistema de okupación. De hecho, en esta comunidad autónoma se han impulsado otras normativas que, de alguna forma, han amparado la ocupación ilegal. Así, por ejemplo, en febrero de 2022 el Parlamento catalán aprobó la ley antidesahucios, que recogía la obligación de los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a personas «vulnerables».
Además de las demandas por ocupación ilegal, las estadísticas del CGPJ también dan cuenta de los procedimientos resueltos en los últimos años. Entre 2018 y 2022 se resolvieron 12.739 casos. A finales de 2022, aún quedaban más de 2.500 demandas en trámite. Cataluña vuelve a encabezar la lista de regiones con más de 500 casos pendientes de resolución.
Sentencias
El tiempo que los propietarios deben esperar en España para obtener una sentencia que permita el desalojo de okupas de viviendas continúa aumentando y más que se va a dilatar en las comunidades que se pongan en marcha la nueva ley de vivienda. En 2022, el plazo medio alcanzó los 20,5 meses entre los procedimientos de los Juzgados de Primera Instancia y las Audiencias Provinciales.
Según los datos del CGPJ, el período medio de los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas en los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de lo Civil fue de 10,9 meses en 2022, en comparación con los 9,6 meses del año anterior. El fenómeno okupa es tan potente que en tan solo cuatro años el plazo se ha elevado desde los 4,9 meses de 2018.
La ocupación ilegal de viviendas, lejos de ser legislada con dureza por el Gobierno, es permitida hasta el punto de convertir a regiones como Cataluña en paraísos de la okupación.
(Con información de El Debate)
