La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dado al traste con las alegaciones que no le gustaban a su nueva Ley de Memoria Democrática (antes Memoria Histórica).

El equipo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha emitido una «nota de valoración de las aportaciones ciudadanas recibidas en consulta pública».

En dicho escrito, que revela OKDIARIO, únicamente se recogen las ideas que van en línea con los postulados de una parte de las víctimas. Entre otras, se han desechado las propuestas relacionadas con «reconocer que muchos crímenes cometidos en nombre del comunismo en España deben ser calificados como crímenes de lesa humanidad, y en particular las matanzas de Paracuellos del Jarama y las checas del Frente Popular».

En total se han recibido 369 observaciones. Más de una veintena hacen referencia a los delitos cometidos por el bando republicano, pero estas aportaciones no merecen el comentario del Ministerio. «Del total, 62 corresponden a observaciones efectuadas por parte de entidades y asociaciones y 307 son observaciones realizadas a título particular por personas físicas», expone la nota firmada por Diego Blázquez Martín, director general de Memoria Democrática y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Blázquez Martín fue asesor de los gabinetes de la ex ministra de Igualdad Bibiana Aído (PSOE) y de la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena (Más Madrid).

Juicios a comunistas

Por otra parte, la asociación de Memoria Histórica Raíces, que trabaja para el reconocimiento de todas las víctimas, también pedía incluir en el articulado de la Ley puntos como: «La introducción de una legislación que permita a los tribunales de justicia juzgar y condenar a los culpables de los crímenes comunistas en España y compensar a las víctimas del comunismo y a sus familiares» o «la formulación de un enfoque común respecto de los crímenes comunistas a fin de definir claramente una actitud común frente a sus crímenes en España».

Igualmente pedían «la garantía del principio de igualdad de trato y no discriminación que sufren las víctimas del Comunismo en España», «la presión para la condena efectiva de los crímenes del pasado comunista en España y la lucha eficaz contra los crímenes comunistas en curso (como por ejemplo, en Venezuela, Cuba y Nicaragua)», «el reconocimiento del comunismo como parte integrante y horrible de la historia común de España y de Europa» y «la creación en España de un comité compuesto de expertos independientes nacionales e internacionales con la tarea de recoger información sobre violaciones de los derechos humanos cometidas por los comunistas en España durante el periodo 1936 a 1939 con el fin de colaborar estrechamente con el Consejo de Comité de expertos de Europa».

Archivos y memorial

En esta misma línea, tampoco se ha valorado, tal como pedía la citada entidad «la elaboración de un claro marco jurídico nacional con respecto a un acceso libre e irrestricto a los archivos que contienen la información sobre los crímenes del comunismo en España» y, entre otros puntos, «la fundación de un Instituto Español de la Memoria y la Conciencia sobre los Crímenes del Comunismo en España, para la investigación de los estudios de los crímenes del comunismo en España y la organización de un museo memorial del comunismo en España, con el objetivo de recordar a las víctimas y de dar a conocer su sufrimiento».

Por el contrario, el Ministerio relata cómo muchas alegaciones «plantean observaciones y orientaciones de cara a la redacción del anteproyecto de ley, siendo muchas de ellas de carácter personal, incidiendo en la necesidad de búsqueda de familiares desaparecidos o la existencia de fosas comunes sin identificar, incidiendo en la necesidad de que sea el Estado quien lidere esta búsqueda». Además, se subraya que «algunas de las comunicaciones recibidas se limitan a formular preguntas al órgano promotor acerca de distintos aspectos relacionados con la aplicación de esta futura norma».

«De las 369 observaciones recibidas, cabe destacar que una mayoría expresaron su conformidad con la reforma de la Ley y un número reducido de opiniones manifiestamente en contra respecto a la iniciativa de un anteproyecto de Ley de Memoria Democrática», se limitan a apuntar.

Alegaciones que sí contempla

Sobre las alegaciones que sí contempla, el Ministerio de Carmen Calvo detalla que «muchas aportaciones se han centrado en cuestiones muy diversas destacando entre las mismas la búsqueda de desaparecidos, la sistematización de la información, la retirada de vestigios y símbolos franquistas, el acceso a los fondos de los archivos públicos y privados, los medios para la identificación de desaparecidos, el tratamiento de distintos lugares de Memoria, medidas de reconocimiento y homenaje a todas las víctimas, medidas en materia de educación, la nulidad de las sentencias dictadas por razones políticas durante la Guerra Civil y el franquismo, la restitución de la incautación de bienes durante el franquismo o sobre el futuro o proyectos de resignificación del Valle de los Caídos».

Agregan igualmente que «se han formulado otras observaciones específicas relacionadas con temas tan diversos como la resignificación del Valle de los Caídos, el pazo de Meirás, la retirada de condecoraciones policiales, la ilegalización de fundaciones o asociaciones, la condena de los totalitarismos europeos, la derogación de la ley de amnistía o la eliminación de formas de reconocimiento social derivadas de la Guerra Civil o la Dictadura».

A renglón seguido, se hace una profusa relación de las alegaciones pero, en todo caso, ni rastro de las peticiones específicas sobre el comunismo, Paracuellos del Jarama o las checas. Oídos sordos por parte de Carmen Calvo.

(Fernán González. OK Diario)

Por Redaccion

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