El comisario europeo de Justicia llamó a la titular de Exteriores, Arancha González Laya, y reclamó al ministro Juan Carlos Campo más información sobre el proyecto para la reforma de ley
La semana pasada, los recados fueron muy claros, pero desde un perfil bajo. Ayer, sin embargo, en la víspera de la votación de la moción de censura y de la oferta del presidente del Gobierno al Partido Popular para la reforma del CGPJ, el mensaje y el rejón desde Bruselas llegó desde las instancias más altas.
El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, habló por teléfono este miércoles con la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y expresó una vez la preocupación de Bruselas por la reforma de la ley en la que llevaban trabajando un tiempo el PSOE y Unidas Podemos. No fue una llamada informal ni el tema salió entre muchos otros. Un portavoz de la Comisión ha explicado que «la discusión estuvo centrada principalmente en el Consejo General del Poder Judicial y en particular en la reforma propuesta por los partidos de la coalición de Gobierno. El comisario Reynders informó a la ministra González Laya de que la Comisión está siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos sobre el borrador legislativo y el comisario pidió más información a las autoridades españolas». Y, en concreto, al Ministerio de Justicia.
Esto es un paso más en la presión desde la capital comunitaria. El pasado jueves, el portavoz de Justicia de la Comisión hizo el primer aviso, pero el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo quitaron hierro a sus palabras, recalcando una y otra vez que se trataba simplemente de «un portavoz». Como si fuera poco más que una ocurrencia o un comentario sin más. Esta vez, sin embargo, es el comisario del ramo el que ha llamado a su interlocutora, la ministra, para recalcar que no están cómodos con lo que pasa. «Ella explicó su posición y el comisario reiteró la posición de la Comisión y pidió más detalles», explican fuentes comunitarias.
«El comisario reiteró que cuando un Estado Miembro reforma el poder judicial debe hacerse en consultas con todos los actores relevantes, incluyendo la Comisión de Venecia. Los Estados deben seguir los estándares europeos para asegurarse de que la independencia judicial no se ve comprometida», reitera hoy Bruselas en un nuevo mensaje. No es normal que la Comisión haga estos comentarios motu proprio, incluso si el tema está caliente. Suelen reaccionar cuando hay insistencia, pero si dan ellos el paso de escribir algo o contactar con los medios, hay siempre intencionalidad.
Es cierto que en la UE hay muchos sistemas diferentes para la elección del consejo que regula a los jueces, y que hay países, como Alemania, en los que el papel del Ejecutivo o el legislativo es mucho más directo. Pero no es menos cierto que en la Unión Europea no ha gustado lo que llega desde Madrid, ni la música ni la letra. Por eso quieren más información, explicaciones, detalles.
Al Gobierno le ha cogido esta reacción con el pie cambiado. No esperaban que la Comisión se mojara así tan pronto, cuando está todo o estaba en una fase tan inicial. Desde Moncloa y otros ministerios indican que el problema es que «no se había explicado adecuadamente» y que eso se hará ahora. Pero no parece una cuestión de comunicación, sino de fondo.
PRESIÓN DE CIUDADANOS Y EL PP
Madrid se ha comprometido a remitir más información y el ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, hablará con Reynders personalmente próximamente para abordar la cuestión. El comisario, que es ex ministro de Asuntos Exteriores belga y que en su anterior cargo ya se las tuvo con las autoridades españoles por la cuestión de Carles Puigdemont y las euroórdenes, pertenece a la familia liberal europea, en la que se encuadra también Ciudadanos. Y dese la formación naranja han presionado mucho estos últimos días para que llegara a sus oídos las preocupaciones por lo que consideran una deriva si no equivalente a la que se ha visto estos años en Polonia y Hungría, al menos en la misma dirección. Algo parecido hizo el Partido Popular la semana pasada, con una visita de su líder, Pablo Casado, a Bruselas, en la que se vio directamente con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ambas formaciones reclaman parte del «mérito» de la presión de las instituciones, con la que explican en conversación con este diario el giro de Pedro Sánchez de este jueves.
Desde el departamento del belga insisten en que la Comisión ya dijo en un informe muy completo el pasado 30 de septiembre que la reforma del CGPJ debía de resolverse de una vez, tras llevar dos años bloqueada. Pero ahora reiteran que no de cualquier forma. Los mensajes de asociaciones de jueces europeas y, sobre todo, del Grupo Greco, han terminado de configurar la posición de Bruselas. Si en el pasado se habían apoyado en los informes del Consejo de Europa y de su órgano apropiado, la Comisión de Venecia, ahora más. La meta tiene que ser la despolitización del sistema judicial, de una forma o de otra. Así se lo habían dicho de forma indirecta y así se lo están reiterando de forma directa.
Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que se remitirá a Bruselas toda la información solicitada
(Pablo R. Suanzes. Diario El Mundo)
